#DenunciaCiudadana #EnPortada 2023 EL AÑO DEFINITIVO EN YUCATÁN

El 2023 será un año fundamental en la política yucateca, porque antes de que finalice ya se sabrá quién se perfila para ser candidato a gobernador en 2024, así como a las alcaldías, diputaciones y el senado. Son elecciones concurrentes y al tiempo que se vote por presidente de la República, también se votará por el cambio de los poderes Ejecutivo y Legislativo en el Estado, así como desde luego, diputados federales.

Hay una redistritación en Yucatán, habrá más diputados locales, lo que significa que nuevos actores buscarán un hueso y otros se van a quedar en donde están, si no pueden mejorar sus aspiraciones.

Mauricio Vila va a entregar el estado de Yucatán a la oposición, si las cosas siguen igual como se han presentado en las otras entidades, donde se han realizado elecciones y el gobierno de la 4 T ha ganado la gubernatura, dando premio de consolación a los gobernadores salientes con algún puesto federal, incluyendo alguna representación en el extranjero.

A Vila se le ha visto muy cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, no hay duda que quiere tener la protección presidencial porque va a dejar un cochinero cuando se vaya, hasta hoy, son un poco más de 4 años del peor gobierno en la historia yucateca plagado de corruptelas, malas decisiones y favorecer a los amigos desde los contratos con dinero público, hasta ponerlos en los cargos fundamentales del Gobierno.

Vila se ha ido blindando para que al momento de entrega pueda librar una investigación judicial. 

El todavía gobernador propuso una reforma al Poder Judicial que aún está en veremos en el más alto Tribunal del país por tener tintes inconstitucionales, hay amparos que se deben definir, pero mientras la Corte decide si es válida o no, los nuevos magistrados, que son todos empleados de Vila, en algún momento muy reciente tenían cargos bajo su mando y están ligados al panismo yucateco, ¿qué significa eso?, que si gana la oposición y lo quieren enjuiciar por corrupción y mal ejercicio del poder público, pues simplemente sus exempleados lo van a favorecer.

En la Fiscalía pasa lo mismo, denuncias por corrupción van y vienen, sin que el fiscal especializado meta a la cárcel a quien ha dispuesto del dinero público irregularmente.

Ahí están los casos de decenas de alcaldes que han desviado dinero público, que han hecho mal las cosas en sus municipios, pero a diferencia de otros estados donde la justicia se ha hecho presente, aquí pueden seguir disponiendo de los recursos del pueblo sin repercusiones legales.

En cada comunidad la gente conoce a sus vecinos, a los que gobernaron y como pasaron de la pobreza a la riqueza después de tener el cargo público, si eso se sabe en las comunidades, ¿por qué no lo sabe la Fiscalía?

El ISSTEY es un claro ejemplo de corrupción, un desfalco de más de 2 mil millones de pesos, la institución en quiebra con las versiones oficiales del gobierno actual, y en lugar de perseguir legalmente a quienes provocaron la crisis del Instituto que debe garantizar las pensiones de los trabajadores del gobierno, mejor decide hacer una reforma en la que sean los trabajadores los que paguen más para salvarlo, y los que se quedaron con el dinero sigan libres como el viento, aquí hay muchos implicados de ayer y de hoy ¿pues de qué se trata?

En este entramado también va el alcalde meridano Renán Barrera, que quiere ser gobernador, ya lleva tres periodos de presidente municipal, y la capital yucateca, Mérida, cada día está peor, sin servicios públicos, baches y más baches en las calles, pagando grandes sumas en contratos a proveedores y sin encontrar la salida en una de las ciudades más hermosas de México y que por el mal gobierno, al día de hoy es una de las más caras para vivir, y con incrementos al impuesto predial.

¿Y dónde está todo el dinero de los impuestos que cobra Mérida?

Bajo cualquier circunstancia, Renán Barrera quiere ser candidato a la gubernatura por su partido, el PAN, pero no tiene el respaldo de todos los panistas y menos del gobernador Mauricio Vila, quien pertenece a su partido, aun así, jura entre sus allegados que será el candidato a la gubernatura en 2024.

La pregunta en el aire es ¿le alcanzará la cada vez menos simpatía que los yucatecos le tienen para que voten por él si es candidato?

En el camino hay otros contendientes que son fuertes, han estado callados y con perfil bajo, pero en los siguientes meses seguramente darán de que hablar porque también quieren estar en la jugada política.

NEGOCIAZO VEHICULAR

*La Secretaría de Seguridad Pública del Estado ha entregado más de 397 millones de pesos en la renta de vehículos, contratos que se realizan con opacidad e irregularidades solapadas por el gobernador Mauricio Vila 

 *Este año Arrendadora Banorte recibió un contrato por 7.9 millones, y suma tres contrataciones en el sexenio por más de 49 millones de pesos

*LUMO Financiera es la gran beneficiada con tres contratos este sexenio que suman 348 millones de pesos en renta de unidades, el contrato de este 2022 es por 71 millones, pese a tener señalamientos de corrupción en diferentes ciudades

Redacción/

Sol Yucatán

Yucatán. – El gobierno de Mauricio Vila, a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, realiza un negociazo vehicular con el arrendamiento de patrullas así como de unidades pesadas de transporte, carga o maquinaria, mediante el cual se ha beneficiado única y exclusivamente a dos empresas: Arrendadora y Factor Banorte S.A. de C.V. SOFOM, la cual recibió este año casi 8 millones de pesos; y LUMO Financiera del Centro S.A. de C.V. SOFOM, esta última señalada de diversas irregularidades en otras entidades del país y que en 2022 cobrara más de 71 millones del erario yucateco.

Mediante contratos de licitación pública, así como adjudicaciones directas, se han entregado sumas multimillonarias de dinero público a estos dos conglomerados financieros, todo esto es operado a través de la Dirección Administrativa de la SSP a cargo de Luis Alberto Pinzón Sarabia; herencia del sexenio del priista Rolando Zapata Bello y fueron mantenidos en su cargo por el gobernador panista Mauricio Vila Dosal, quien ha permitido que hagan y deshagan con el presupuesto para la seguridad pública.  

Además, la renta de diversas unidades ha sido realizada con irregularidades en materia de transparencia, así como francas omisiones en la publicación de las versiones públicas de los contratos efectuados, los cuales simplemente no se encuentran ante la Plataforma Nacional de Transparencia.

PROCESOS OPACOS

En el caso de la sociedad financiera Arrendadora y Factor Banorte S.A. de C.V., fue beneficiada con el contrato 019162MER28724A, dentro del proceso de licitación pública “SSP-ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS EQUIPADOS COMO PATRULLAS-2022”, en el cual fue como única empresa predilecta, pues pese a que se trató de un concurso público, sólo esta presentó una propuesta económica pero únicamente para una de estas partidas.

Desde el inicio del procedimiento, hubo una serie de anomalías que llaman la atención, pues durante el acta de presentación de propuestas no asistieron los representantes de la Secretaría de Administración y Finanzas, así como de la Secretaría de la Contraloría General, abonando a la opacidad en el proceso así como las sospechas de que se pudo tratar de un concurso amañado, de acuerdo a la versión de la misma gente del gobierno que sabe de estos tipos de contratos, además que solo una empresa presentó propuestas, la otra ni siquiera asistió y fue suficiente para validar el proceso.

Asimismo, en el acta de fallo consta que tampoco acudieron los representantes de la Secretaría de Administración y Finanzas, de la Contraloría General del Estado, y aún peor, de la oficina del Contralor Interno de la Secretaría de Seguridad Pública, con lo cual el procedimiento careció de verificación y mecanismos de control institucional ante posibles actos de corrupción.

Sin mayores sorpresas, Arrendadora y Factor Banorte resultó el ganador del fallo al ser el único concursante con una propuesta económica, por lo cual se le adjudicó la renta de sólo cuatro vehículos habilitados como patrullas por un monto de 6 millones 826 mil 788.48 pesos sin IVA, lo que resulta en 7 millones 919 mil 74.56 pesos durante 48 meses, es decir durante cuatro años se le pagarán 164 mil 980 pesos mensuales por las cuatro unidades.

Se trata de camionetas pick up doble cabina equipadas como patrullas, superior a los 6.4 litro, las cuales el gobierno de Mauricio Vila pretende mantener rentadas hasta 2026, dos años después de que deje la gubernatura del Estado su sucesor tendrá que continuar con el negociazo que amarró con la empresa Arrendadora Banorte.

El negociazo vehicular busca ir más allá de un sexenio, y ser una de las herencias de Mauricio Vila deje a su sucesor, para continuar con las malas prácticas en materia de seguridad pública.

Llama la atención que, en la Plataforma Nacional de Transparencia, la SSP únicamente hizo públicos los documentos de la convocatoria, la presentación de propuestas económicas, así como el acta de fallo, pero omitió de forma dolosa hacer público el contrato que respalda el arrendamiento de cuatro patrullas hasta el 2026.

Cabe señalar que Arrendadora Banorte ya había sido beneficiada con anterioridad, pues en 2019 fue la beneficiada con el arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales “para servidores públicos”, por 6 millones 973 mil 46.27 pesos con el contrato CTTO_019162MER23596. Y en 2018 también recibió la renta de cuatro vehículos durante 60 meses por un monto de 34 millones 865 mil 231.3 pesos con el contrato 019162MER23596A.

Con estas cifras, Arrendadora Banorte ya suma más de 49 millones de pesos en contratos con el gobierno panista de Mauricio Vila. EMPRESA CON

SEÑALAMIENTOS

LUMO Financiera del Centro S.A. de C.V. SOFOM ha sido la otra gran beneficiada con el negociazo vehicular en la Secretaría de Seguridad Pública, con contratos de sumas estratosféricas durante diversos años, pese a ser una empresa señalada en otras entidades del país debido a incumplimientos y sobrecosto en la renta de automóviles oficiales.

Este 2022, LUMO Financiera recibió el contrato GEY-SSP-288/2022 de adjudicación directa por un monto de 71 millones 151 mil 572.20 pesos, para el arrendamiento a precio fijo mensual de “vehículos de transporte, carga y maquinaria”.

Sin embargo, es tanta la opacidad que no se subió a la Plataforma Nacional de Transparencia el contrato en su versión pública, ni ningún otro documento más que el registro de esta adjudicación directa multimillonaria.

Se desconoce la cantidad de unidades que son arrendadas a esta entidad financiera, así como el plazo de meses en los que se rentarán dichos vehículos.

Lo que sí se sabe es que esta no es la primera vez que benefician a este proveedor. En 2020 LUMO Financiera del Centro recibió la contratación GEY-SSP-139/2020, con un monto de 35 millones 758 mil 266.72 pesos, en esta ocasión, para la renta de ambulancias en una cantidad no especificada y a un plazo tampoco señalado, pues de igual forma se omitió la presentación de la versión pública del contrato. 

Aún más, en 2019 LUMO Financiera cobró la exorbitante suma de 241 millones 457 mil 617.80 pesos para el “arrendamiento de vehículos de transporte, carga y maquinaria”, una vez más, sin que se haga público cuántas unidades y a qué plazo, pues se niegan categóricamente a publicar los documentos de los contratos ante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Tan sólo con estos tres contratos con la SSP Yucatán, LUMO Financiera del Centro suma más de 348 millones de pesos desde que inició el gobierno panista de Mauricio Vila, todo esto pese a ser una de empresas arrendadoras con serios cuestionamientos en otros estados del país.

El año pasado, LUMO Financiera fue acusada penalmente ante la Fiscalía del Estado de México por la presunta simulación en procesos de licitación, además de, haber “ganado” más de 160 contratos, tanto con la Federación como con diversas entidades del país.

Hasta la actualidad, LUMO Financiera del Centro es investigada por la Fiscalía General del Estado de México al ser acusada por supuesta simulación en una licitación de 2019, al coludirse con otra compañía, por lo cual se abrió la carpeta de investigación NUCTOL/CCF/107/148395/21/5. El caso ocurrió en el municipio de Tlalnepantla, Edomex, durante el procedimiento para el arrendamiento de 288 vehículos durante 32 meses

Asimismo, esta empresa también ha estado ligada a intereses partidistas, particularmente en el PRI de Alejandro Moreno Cárdenas, quien este año recurrió a la renta de vehículos con el contrato C/SFA/063-2022, el PRI nacional pagó 12 millones 723 mil 850.08 pesos a la empresa LUMO Financiera del Centro S.A. de C.V. para el arrendamiento de vehículos de los cuales no explica sus características, ni el objeto y goce de cada unidad destinada.

La supuesta corrupción de LUMO Financiera llega a varias entidades del país, como San Luis Potosí, donde la Secretaría de la Función Pública (SFP) analiza un contrato de manera directa por parte de un presidente municipal por más de 203 millones de pesos para el arrendamiento de patrullas.

Y es que, desde hace varios años, se señala públicamente a LUMO Financiera como una empresa que le gusta “apoyar” con vehículos a las campañas políticas de diversos personajes a lo largo y ancho del país, para luego cobrar con creces mediante millonarios contratos una vez que esos candidatos, sean del color que sea, llegan a una posición de poder.

Coincide que en Yucatán esta empresa es una de las más beneficiadas durante el gobierno panista de Mauricio Vila.