#EnPortada | RENTAN SEGURIDAD FANTASMA

 

Mérida.- Uno de los principales objetivos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán, comandada por Luis Felipe Saidén Ojeda, no ha sido combatir a la delincuencia del estado, sino financiar mediante contratos a una empresa fantasma, experta en supuestos servicios en el rubro de seguridad pública. 

La arrendadora Proceso, Actualización y Competencias en Tecnologías y Humanidades, S.A. de C.V., ganó contratos desde 2018, precisamente en el año en que inició el gobierno estatal del panista Mauricio Vila Dosal. Hasta mediados de 2022, la empresa no ha ganado ningún contrato con dependencias fuera del estado de Yucatán o en alguna otra entidad del país. 

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán es la otra dependencia que ha hecho negocios con la supuesta proveedora en servicios de seguridad. 

Según datos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la empresa Proceso, Actualización y Competencias en Tecnologías y Humanidades, S.A. DE C.V., fue la encargada de arrendar una serie de sistemas de vigilancia para la dependencia de seguridad. 

Sin explicar la razón del porqué el sector de seguridad de Vila Dosal prefiere rentar los sistemas de seguridad a precios altos, antes que hacer una compra a precios más razonados y generar un ahorro al erario del estado. 

En los últimos 21 meses, donde 19 de ellos se han acompañado de la pandemia de COVID-19 en México, la dependencia de Saidén Ojeda derrochó el dinero a través de nueve contratos entregados por adjudicación directa. 

Por los nueve contratos, todos en poder de Sol Yucatán, la empresa de seguridad recibió un monto total de 43 millones 367 mil 875 pesos, los cuales se dispersaron entre 2020 y parte de 2021. 

Con la implementación de los nuevos sistemas de justicia en el país, el estado encontró la manera de gastar dinero público con el pretexto de garantizar la seguridad en la entidad. 

El 2 de abril de 2020, se expone en el contrato GEY-SSP-123/2020, la dependencia pagó 10 millones 546 mil 383.60 pesos por 125 o (hasta) 140 dispositivos. 

De acuerdo con el objeto del contrato, se adquirió el “arrendamiento de dispositivos electrónicos de rastreo, en lo sucesivo para uso en personas consideradas imputadas dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral”. 

La compra, refiere, tiene el objetivo de implementar actualizaciones de dispositivos de rastreo GPS para garantizar la seguridad de la víctima, de los testigos o de la comunidad en general, así como para evitar la obstaculización de procesos y de la investigación. 

En todos los casos, la SSP también argumenta que la renta de dichos dispositivos podría incrementar de 125 a 140, “sin que estos dispositivos le generen un costo adicional a la dependencia”. 

Curiosamente, hubo tres contratos que se replicaron en el costo de las rentas. Todos fueron buenos por un millón 458 mil 942.15 pesos. 

Aunque el contrato de más de 10 millones es por hasta 140 dispositivos, la empresa rentó la misma cantidad de productos, pero por menos de dos millones de pesos. 

“Dispositivos para uso en personas consideradas imputadas dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con el objetivo de implementar actualizaciones de dispositivos de rastreo GPS que incorporan nueva tecnología mucho más confiable y segura para el cabal cumplimiento de los fines de la imposición de esta medida cautelar. El arrendamiento se realizará por 125 dispositivos, mismos que podrán aumentar a 140 (sin costo extra)”, es la descripción del objeto del documento. 

El contrato del 2 de enero de 2020, asignado con el folio GEY-SSP-090/2020 se valió para tomar 641 mil 934.55 pesos. 

Por este precio, si hubo una baja considerable de entrega de productos, pasando de cuarenta o hasta 55 dispositivos al día, “en caso de requerirse un número mayor a lo anteriormente señalado, por lo que "la arrendadora" se compromete a tener a disposición 15 "dispositivos" extra, sin costo alguno”. 

El 5 de abril de 2021, refiere que el documento asignado como GEY-SSP-188/2021 fue el más costoso de los que se firmaron en los últimos dos años. 

Por 12 millones 753 mil 978.15 pesos, la dependencia de seguridad estatal rentó una serie de entre 125 y 140 dispositivos de rastreo GPS que según las autoridades, podrá garantizar la seguridad de las víctimas, testigos y comunidad en general. 

Casi por un monto similar, el mismo 31 de marzo de 2022 la empresa vendió sus servicios de renta de dispositivos electrónicos de rastreo, en lo sucesivo “dispositivos”, para uso en personas consideradas imputadas dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral. 

Según lo expuesto en la PNT, la empresa otorgó dicha renta bajo el número de compra GEY-SSP-247/2022, el cual tuvo un precio de 12 millones 942 mil 228.75 pesos. Para evitar cumplir con la transparencia, el enlace que abriría el contrato se eliminó de internet. 

Cabe aclarar que el documento en formato PDF del contrato público, fue eliminado de la base de datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, con lo cual, se estaría violando la Ley de Transparencia, la cual, obliga a los organismos a dar acceso a la información pública que le sea requerida, en los términos de la Ley General, esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

De acuerdo a fuentes de Internet donde se dedican a reportar todos los contratos que han recibido empresas registradas como proveedoras de las distintas dependencias gubernamentales. 

El 17 de junio de 2015, la empresa vendió a la Consejería Jurídica de Yucatán, una serie de cursos de capacitación en los municipios de Yucatán, por un costo de 637 mil 931 pesos. 

Además, elaboraron el proyecto para la iniciativa de ley de medidas cautelares para el estado de Yucatán, por un valor de 85 mil 241.40 pesos, firmados el 11 de octubre de 2012. 

Un año después, el 7 de agosto de 2013, se firmó el contrato de 90 mil 301.7 pesos, el cual sirvió para la elaboración de la iniciativa de la Ley de Justicia del estado de Yucatán. Por los tres contratos referidos, ninguna empresa tuvo la oportunidad de competir para presentar una propuesta diferente a la referida.