#CURSOS FANTASMAS

 

Mérida.- El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Luis Felipe Saidén Ojeda, y el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, han operado un plan para seguir enriqueciendo a la empresa Althair como respuesta al favor de haberse prestado a dar contratos irregulares durante la emergencia sanitaria. 

Con solo cinco adjudicaciones en favor de la consultora que vende banquetes de comida, Saidén Ojeda y Barrera Concha terminaron pagando 25 millones 918 mil 830 pesos, dispersados entre 2020 y 2022.Fue apenas el 10 de julio de 2022 que la SSP le otorgó la adjudicación directa número GEY-SSP-281/2022 con valor total de 12 millones 487 mil 60 pesos a dicha empresa. Según el objeto del contrato, dicha cantidad sirvió para pagar el “servicio de comidas” al gobernador Mauricio Vila Dosal.

Ya el 28 de febrero del presente año, la consultora había celebrado el contrato GEY-SSP-235/2022, con el cual se embolsó un recurso de un millón 259 mil 594 pesos que de acuerdo con el Portal Nacional de Transparencia (PNT) se justificó como un “servicio” para la Secretaría, un dato imposible de corroborar debido a que el documento de la contratación fue eliminado. 

Un año antes –el 20 de septiembre de 2021– una nueva adjudicación directa con número interno GEY-SSP-215/2021, le generó a la Secretaría de Seguridad Pública un gasto de cinco millones 39 mil 678 pesos. De nueva cuenta, aunque la empresa se había comprometido a proporcionar el supuesto servicio a la dependencia, las especificaciones y características que se habrían de detallar en el “anexo 1” no fueron difundidas en la PNT. 

Durante la plenitud de la pandemia de coronavirus, precisamente el 9 de julio de 2020, Althair se adjudicó el contrato GEY-SSP-136/2020 por seis millones 119 mil 998 pesos. 

La cláusula referente al objeto del contrato sostiene que la primera partida se ocupó para el curso de formación inicial en activo para la Policía Estatal, el cual, tomaron 125 elementos por un precio de un millón 551 mil 724 pesos (sin IVA). 

En la segunda partida se contrató un curso para 300 elementos de formación inicial en activo para la Policía Municipal que tuvo un costo de tres millones 724 mil 137 pesos (sin IVA). Ambos cursos, ya con impuestos agregados, alcanzaron los más de seis millones de pesos antes referidos. 

Previo a este saqueo, el edil Barrera Concha vio con beneplácito gastar más de un millón de pesos en un curso de capacitación para los policías municipales, antes que gestionar apoyos para los afectados por la COVID-19. 

El 9 de julio de 2020, según el contrato GEY-SSP-138/2020, la Consultoría de Soluciones Integrales en Prevención y Seguridad Privada Althair S.A. De C.V., cobró un millón 12 mil 500 pesos al Gobierno Municipal para un curso de 40 horas. 

Como objeto, se dijo que la empresa proporcionará al “Gobierno del Estado” en el “Instituto” los servicios de capacitación, de acuerdo a los conceptos, cantidades y costos que a continuación se especifican. 

Con esto, argumentaron que se fortalecerían “las habilidades, conocimientos, destrezas y aptitudes del policía de investigación orientadas al perfil que requiere al sistema de justicia penal acusatorio, en materia de procuración de justicia, para combatir con mayor efectividad la delincuencia y abatir la impunidad en el país”. 

Además, se podría dar “acondicionamiento físico, armamento y tiro policial, conducción de vehículos policiales y operación de equipos de radiocomunicación, uso de la fuerza y legítima defensa, investigación policial, detención y conducción de personas, y sistema penal acusatorio”, explicó la empresa. 

Supuestamente, los PDI ya están capacitados en implementar estrategias en la investigación policial para cumplir y respetar los principios de actuación policial, garantizar un trato digno en materia de derechos humanos a los imputados, víctimas u ofendidos testigos, entre otras. 

En total, el curso de capacitación que realizó la empresa fue para 250 elementos y se aplicó del 17 de agosto al 19 de septiembre de 2020. 

Dicho curso fue autorizado por Luis Alberto Pinzón Sarabia, director general de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública, así como por Martín de Jesús Domínguez, director del Instituto de Formación Policial de Yucatán. 

Pese a los supuestos avances en materia de capacitación en materia de derechos humanos, no ha servido de nada al interior de la Policía Estatal de Investigación (PEI), como quedó exhibido en el impune feminicidio de María, una mujer de 20 años, caso al que las autoridades de Yucatán le inventaron pretextos para no entregar resultados.