#EnPortada | NOTARIOS VENDIDOS

 

Mérida.- Campesinos de la Asociación Civil Pueblos Unidos preparan una demanda colectiva contra notarios públicos que se convirtieron en cómplices al vender sus sellos y sus firmas para que fueran despojados de 110 mil hectáreas en 23 ejidos por acaparadores.

Este fue uno de los puntos que tocaron en la reciente reunión que sostuvieron en la Presidencia de la República y en la Secretaría de Gobernación (Segob), por lo que, los notarios podrían ser sancionados y retiradas sus licencias definitivamente para ejercer este derecho.

Incluso, en su momento, Isabel Ochoa Muñoz, magistrada y extitular del Tribunal Unitario Agrario (TUA) 34 con sede en Mérida, dijo a Sol Yucatán en entrevista exclusiva, que los notarios tenían que ser llamados a declarar y a su vez dar aviso a la Secretaría de Gobernación para actuar de inmediato, y de ser posible retirarles sus licencias en forma definitiva.

Aquí, abogados como Rafael Acosta Solís, Alejandro Scoffie, José Armando de Jesús Ceballos Chávez, Elidé Silveira Hau, Xail González Alpuche y Flor Mendoza, entre otros, han querido despistar a las autoridades federales para evitar ser investigados por este tipo de delitos, contratando los servicios de los notarios públicos localizados en distintos puntos de la geografía yucateca, incluso, a algunos del vecino estado de Quintana Roo, aunque esta casa editorial los ha podido encontrar fácilmente. 

LISTA DE NOTARIOS

El notario público número 15 con residencia en Mérida, Alejandro José Monsreal Rodríguez, tiene en su haber la realización de 28 escrituras de compra-venta, todas pertenecientes al ejido de Seyé.

Monsreal Rodríguez ha ignorado el origen de los predios y por ello ha incurrido en una falta de profesionalismo y ética referente a la profesión que ejerce, por lo que le corresponde a la Secretaría de Gobernación llevar a cabo las indagatorias que el caso amerite.

Otro de los notarios públicos que ha cometido 12 veces la misma falta en Seyé, es la licenciada María del Carmen Baltazar Arceo, quien también está relacionada con el caso de San Matías Cosgaya, comisaría de Mérida, en donde ayudó a la ex senadora quintanarroense Freyda Marybel Villegas Canché en otro despojo.

También en la lista negra se encuentra el notario público número 45 Mauricio Alberto de Jesús Tappan y Repetto, quien tiene tres faltas en Seyé en el mismo sentido que sus colegas anteriormente señalados, y otro notario, Juan Macari Jorge, es el titular de la notaría número 28 con sede en Benito Juárez, Quintana Roo, quien también ha operado en Seyé con un asunto en favor del empresario Rodrigo José Vega Espinoza, quien está demandado en el Tribunal Unitario Agrario número 34 de Mérida, en donde se ordenó la cancelación de la asamblea donde le otorgan el carácter de ejidatario; y le siguen otros como Ayisa Golib Ferrón con cinco casos de escrituras de compra-venta, primero en la notaría 35 en Mérida pero ahora ejerce en la 92 con sede en Valladolid y Gladys Eugenia López Pavón, notaría pública número 21 con sede en Mérida con un asunto.

Manuel Emilio García Ferrón, notario número 89, está en Motul y lleva tres escrituras de compra-venta. El notario público 97 con sede en Tekax a cargo de Carlos Tomás Goff Rodríguez, con cuatro escrituras de compra-venta; notario número 98 de Hunucmá, Juan Monforte Méndez con dos asuntos; notario público número 84 de Mérida, Mario Javier Canto Gómez con dos casos, Notario número 5 de Mérida a cargo de José Eduardo Navarrete Herrera con dos escrituras de compra-venta.

Todos los siguientes tienen en su haber un caso de escrituración de compra-venta: notario número 2 de Mérida, Héctor José Victoria Maldonado, (presidente del Consejo de Notarios del Estado de Yucatán 2021-2022); notario número 29 de Mérida, Brigido Sánchez Aguilar; notario 68 de Mérida, Hernán Cetina Lizárraga; notario 80 de Mérida, Luis Fernando Rodríguez Chavarría; la notaria número 83 también de Mérida pero a cargo de Roger Alfredo Méndez Lara; notario público 93 con sede en Valladolid, Miguel Jesús Sarabia Pérez.

De igual manera, están involucrados los siguientes escribanos: la escribanía número 1 con sede en Ucú a cargo de Albert Yadir de Jesús Córdova López con dos casos de escrituración de compra-venta, sin embargo, en ambos casos está coludido el ex presidente municipal Pedro Pablo Paredes Pereira, quien recibió varios terrenos como pago de favor por haber firmado la anuencia, al igual que su hijo Pedro Porfirio Paredes Carrillo.

La escribanía número 1 con sede en Cenotillo, a cargo de Jorge Alberto Alamilla Castro; escribanía número 1 de Dzoncauich, Evelio Castañeda Oy, la escribanía número 1 con sede en Motul a cargo de Brigido Celis Oil y la escribanía número 22 con sede en Mérida a cargo de Judith Josefina Zumárraga Meléndez, estos últimos cuatro con un caso de escrituración de compra-venta.

Los 23 ejidos unidos en una sola voz, Seyé, Baca, Ixil, Muxupip, Motul, Texán y Anexas, en Hunucmá, Samahil, Tecoh, Umán, Yaxkukul, Izamal, Valladolid, Halachó, Celestún, Chapab, Kinchil, Cholul, comisaría de Mérida, San Ignacio, comisaría de Progreso, Tamanché, Comisaría de Mérida, San Matías Cosgaya, comisaría de Mérida, Hocabá, Becanchén, comisaría de Tekax, Poxilá, de Umán, han decidido demandar el actuar de estos Notarios Públicos, con el firme propósito de evitar más actos de corrupción tal como lo ha declarado una y otra vez el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, por lo que los hombres y mujeres del campo, confían en que la justicia tarde o temprano se hará presente.

Por mencionar un solo caso está el ejido de Seyé, que después de varios años la verdad ha sido asistida por los tribunales federales apegado a derecho en favor de los campesinos.