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Mérida.- El gobernador Mauricio Vila Dosal se convierte en cómplice de su antecesor, Rolando Zapata Bello, al convertir las Villas de Transición de Mérida en un verdadero elefante blanco, pues prefiere continuar con el Hospital Psiquiátrico “Yucatán” en lugar de aprovechar un innovador modelo de salud mental avalado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey).

A pesar de la evidencia proporcionada por el gobierno federal, el titular del Ejecutivo se niega a descongelar las denuncias penales que hay en contra del anterior gobernante, entre las que destaca la nueve sede de atención de salud mental, cuyas instalaciones están listas desde 2019, sin que sean aprovechadas hasta el momento, como un mero capricho del actual gobernante.

A pesar que las obras ya están concluidas, desde hace tres años, Vila Dosal ha convertido el lugar en un elefante blanco, ya que el 2 de enero de 2019 impuso el sistema asilar y canceló el Modelo “Miguel Hidalgo” de Atención en Salud Mental, por lo que el nosocomio dejó de percibir recursos federales.

Los más afectados son los usuarios (pacientes), pues al reimponer el sistema asilar, pierden todas las oportunidades de desarrollo que tenían, como el trabajar en el inmueble y percibir un importe por la labor efectuada, así como las salidas grupales a diversas puntos del estado, tal el caso del cine, el puerto, etcétera.

En el acta de presentación de resultados finales y observaciones preliminares de la auditoría número 1523-DS-GF, se detectaron 19 anomalías en el desarrollo de la obra, lo que provocó el atraso de cerca de dos meses en la entrega del inmueble, así como una fuga de al menos 10 millones de pesos.

De acuerdo con la cuenta pública 2018 de la Auditoría Superior de la Federación, en la cartera de proyectos de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se estableció que la inversión total aportada por el Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud fue de 126 millones 617 mil 636 pesos, sin embargo el contrato fue por 116 millones 940 mil 58 pesos.

Del monto total, 100 millones 826 mil 69 pesos sería para la realización de la obra y 25 millones 791 mil 567 pesos para su equipamiento.

Sin embargo, con la revisión de la documentación proporcionada por la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), ejecutora del proyecto, se encontró que la solicitud de los recursos que presentó a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, del 1 de diciembre de 2017, sólo incluyó la ejecución de la obra, sin considerar los recursos para su equipamiento.

Además, en la última visita a la obra, en mayo de 2019, no se habían hecho los trámites para contar con los recursos necesarios para el equipamiento del hospital, lo que provocó el retraso de la obra.

Todo ello denotó que la solicitud no se realizó de forma integral, por lo que la planeación en la ejecución del proyecto fue inadecuada, en incumplimiento al artículo 45, primer párrafo de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Con la revisión del Resolutivo de Factibilidad Urbana Ambiental para el proyecto “Construcción y equipamiento del Hospital Psiquiátrico” emitido por la hoy desaparecida Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) del gobierno del Estado, del 5 de octubre de 2016, se observó que la entidad fiscalizada no tramitó los permisos correspondientes del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para la liberación del terreno.

Tampoco obtuvo la autorización de la Seduma (hoy Secretaría de Desarrollo Sustentable) de su Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial, ni cumplió con el resolutivo de establecer áreas verdes.

Asimismo, el 31 de mayo de 2018, el contratista presentó a la SSY una solicitud de suspensión temporal de los trabajos de la obra, argumentando que se encontraron cavernas en el terreno de construcción, específicamente, en el edificio F, por lo que se requería una revisión del terreno y de la cimentación.

En el dictamen técnico y en el acta circunstanciada se expuso la misma problemática por lo que el 7 de junio de 2018 se suscribió un convenio de suspensión de la obra por 31 días, y se determinó como nueva fecha de conclusión de los trabajos el 30 de enero de 2019.

Sin embargo, con la revisión del estudio de mecánica se consideró de injustificada la suspensión, además de que es común la presentación de oquedades, además que eran bocas de cavernas superficiales pero no cavernas.

La segunda suspensión de la obra se debió a la falta de pago por parte de la SSY, mientras que la tercera, autorizada el 31 de enero de 2019, se argumentó que el hospital carecía de energía eléctrica, por lo que no se podía realizar, en forma integral, las pruebas de las ingenierías eléctricas, sanitarias, hidráulicas, y contra incendios, entre otros.

Además que los equipos de medición llegarían a la obra a finales de febrero, por lo que se autorizó una suspensión de 28 días, del 7 de febrero al 6 de marzo de 2019.

Posteriormente, el 15 de marzo de 2019 se verificó que el inmueble carecía de los permisos autorizados de suministro de energía eléctrica, de agua, drenaje y telefonía para la operación del hospital.

La dependencia manifestó que tal anomalía se debía porque no contaba con la escritura pública del inmueble.