#EnPortada | ULTIMÁTUM EJIDATARIO

 

Baca.- Ejidatarios de Baca pusieron a temblar a la Procuraduría Agraria y le dieron un ultimátum a la representante legal del Tribunal Unitario Agrario (TUA), Mildred Peraza, quien “extrañamente” permitió que al topógrafo de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios –del gobierno de Mauricio Vila Dosal– se le “olvidara” realizar la medición de un polígono donde los hermanos Alberto y José Rafael Yáñez Castro construyeron una gasolinera. 

Estas irregularidades hartaron a los campesinos que llevan años luchando por la defensa de las tierras, por lo que fueron invitados a una reunión celebrada en la citada dependencia, donde fueron atendidos por el jefe de residencia Wilbert Lozada y el sub representante jurídico Milton Gálvez Zaldívar el pasado 24 de junio.

Ya avanzada la reunión, se presentó el delegado o representante de la misma Procuraduría Agraria, Claudio Mendoza Piedra, quien escuchó el reclamo social de hombres y mujeres del campo que exigen justicia porque ya están cansados de tantas mentiras de los funcionarios a su cargo durante años.

Además, los ejidatarios de esta localidad no solo denunciaron la corrupción que prevalece en la Procuraduría Agraria, sino también en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), debido a que fue esta la dependencia federal que otorgó un permiso a los hermanos Yáñez Castro para la instalación de un supuesto camping, es decir, un estacionamiento para vehículos que pudieran acampar en ese sitio. Sin embargo, los funcionarios que avalaron el documento nunca supervisaron que efectivamente fuera para tal fin.

Por esta razón, los hermanos Yáñez Castro –y ante la complacencia de las autoridades– construyeron una gasolinera pero, además, se vio involucrada en la corrupción la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), porque permitieron que se registrara un severo daño a los campos agrícolas.

Sin embargo, por todo lo anterior la Procuraduría Agraria, como ya es conocido de los ejidatarios de todos los puntos del estado, una vez más sale a relucir hasta qué grado de corrupción han caído a cambio de favores de empresarios, abogados, o lavadores de dinero que durante muchos años han despojado de sus tierras a los campesinos.

Ahora, la Procuraduría Agraria debe, obligatoriamente, exigir al topógrafo que corrija su peritaje y que incluya el polígono donde los hermanos Yáñez Castro construyeron su gasolinera exactamente en las tierras ejidales de este municipio de Baca.

Los campesinos ya se encuentran muy enojados por tantos años de largas que les dan en esa dependencia, pero afirmaron a Sol Yucatán que no pararán ante ninguna dependencia para exigir que las cosas se lleven a cabo correctamente.

Es preciso señalar que el topógrafo, Manuel Miranda, exigió a los campesinos mil 500 pesos para poder imprimir el plano del peritaje, sin embargo, cuando los ejidatarios le pidieron que les diera un recibo del dinero, éste se negó por lo que estos hombres del campo acudieron a las oficinas de la Dirección de Asuntos Agrarios, (ahora Subsecretaría), y en la dependencia les dijeron que no era necesario pagar, por lo que esta acción evidencia al topógrafo corrupto que pide dinero a cambio de realizar su trabajo cuando se supone que en el gobierno percibe un salario para ello.

Por si fuera poco, en Seyé, Manuel Miranda también favoreció a un ejidatario que ilegalmente se apoderó de un terreno, al conminar a la verdadera dueña a que cediera parte de sus tierras “porque se vería beneficiada”, cuando en realidad esa no es la función del topógrafo, de mediar ni conciliar con las partes, porque eso le corresponde a la Procuraduría Agraria, pero con esta publicación es sabido que más ejidos presentaran denuncias contra este cuestionable servidor público.

Finalmente, los campesinos no quitarán el dedo del renglón hasta llegar a las últimas consecuencias y saber quién fue el que dio el permiso en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que nunca supervisó tal fin, así como la omisión de funcionarios de la Profepa y la Semarnat.