#EnPortada | DERROCHES EN EL PICHETA

Mérida.- En su desesperación por aprovechar los últimos días del año de Hidalgo, que para él fue hace cuatro años, el director general del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán (Inccopy), Gilberto Herbé Enríquez y Soberanis, autorizó cerca de 10 millones de pesos para la realización de diversos trabajos en el Centro Cultural Pasaje Picheta, obra a cargo del empresario Sergio Alberto Ceballos Farfán.

Para pagar endeudamientos electorales, al concluir el proceso cívico de 2018, de manera inmediata se efectuaron todos los trámites para la realización del millonario proyecto, pues a la administración de Rolando Zapata Bello sólo le quedaban algunas semanas.

A lo largo de ese año, principalmente durante las campañas electorales, fueron numerosos los contratos a modo que se autorizaron en las diversas dependencias del gobierno del Estado, cuyos titulares buscaron a empresarios corruptos o crearon compañías falsas para el desvío de recursos.

Enríquez y Soberanis no fue la excepción, por lo que el 24 de julio de 2018 suscribió un contrato con el apoderado legal de la iniciativa privada Suministros y Mantenimientos Integrales, Sociedad Anónima de Capital Variable.

Es decir, se trata del contrato de obra pública con base a precios unitarios y tiempo determinado, con número OP-LP-18-Inccopy-0005, relativo a la “Modernización integral del Pasaje Picheta, en Mérida, Yucatán”.

La adjudicación a favor de Ceballos Farfán fue mediante el procedimiento de licitación pública estatal, aunque en ningún momento se enunció el número de licitantes y mucho menos la propuesta del polémico empresario.

Ante el evidente favoritismo, se le asignó un presupuesto por nueve millones 797 mil 907 pesos.

La procedencia del recurso se obtuvo a través del convenio de coordinación y colaboración entre el Inccopy y el Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos (Cultur), de fecha 15 de junio de 2018, es decir, una semana después de los comicios.

El Instituto otorgó un anticipo por el 30 por ciento del monto del contrato, que corresponde al importe de dos millones 939 mil 372.1 pesos para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos, así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos.

Al contratista se le dio un plazo de ejecución de la obra objeto por 56 días naturales, por lo que el trabajo inició el 26 de julio, dos días de la firma del documento, y la labor concluyó el 19 de septiembre de 2018.

Sin embargo, la realidad fue otra, ya que dicho centro cultural permaneció cerrado por varias semanas más, debido a numerosos factores, entre ellos, la supuesta falta de recursos para el pago de los trabajadores, etcétera.

El contrato está compuesto de 21 cláusulas, distribuidas en 20 fojas, en el cual son numerosas las lagunas que prevalecen, por lo que es notable la violación a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como su reglamento en vigor, al igual que la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

Hasta el momento se desconoce el costo real de la obra, ya que la denuncia penal interpuesta ante la Fiscalía General del Estado (FGE) quedó congelada, por orden del actual gobernador, Mauricio Vila Dosal, por lo que no se efectuó la respectiva investigación. 

SIGUIÓ LA MATA DANDO

Durante la administración de Vila Dosal, en el centro cultural –ubicado a un costado de Palacio de Gobierno– se efectuaron otros proyectos por parte de Cultur, en los cuales resaltaron aspectos de presunta corrupción.

En 2021, la austeridad dejó de formar parte de diversas dependencias del gobierno del Estado, tal como ocurrió con Cultur, al derrochar 1.6 millones de pesos en un videomapping para el Pasaje Picheta, para lo cual se benefició a la empresa Comercializadora Musical Carmonte, SA de CV.

Pese el gasto innecesario, hasta el momento no hay programa alguno para aprovechar el material que se tiene, y mucho menos hay actividades para fomentar su promoción con fines turísticos en el inmueble aledaño al Palacio de Gobierno.

El 16 de noviembre de 2021, el Patronato Cultur firmó el contrato del presunto servicio denominado adquisición de Bienes y prestación de servicio consistente en el diseño y producción intelectual, artística, científica, histórica, así como su instalación, capacitación puesta un punto y mantenimiento de la proyección audio lumínica denominada ‘Balam, el jaguar que lleva en la piel las estrellas, Cosmovisión Maya, Somos Estrellas’”.

De acuerdo con el documento, el objetivo es “con miras a darles a los turistas nacional e internacional en espectáculo de calidad cerca de la capital de nuestro Estado, con la contratación de este servicio audio lumínico o videomappig en un lugar céntrico como lo es el Parador Turístico conocido como Pasaje Picheta que administra el Patronato”.

Por ende, “se pretende dar un espectáculo cultural y artístico que dé publicidad a través de su presentación a los visitantes nacionales y extranjeros, se abundó en el convenio con número Cultur/CPSVMP-ICMT/05/68/2021.

Días antes de la asignación del convenio se estableció que se emitió una licitación pública a cuando menos tres proveedores, pero había un previo acuerdo con la empresa, por lo que fue evidente la violación a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Yucatán.

Ante tal privilegio, Cultur Servicio pagó por el servicio un monto por un millón 615 mil pesos, cuyo servicio inició el 16 de noviembre, para concluir el 31 de diciembre de 2021, es decir, se le dio un plazo de 45 días naturales.

El contrato fue firmado por el director de operaciones del Patronato Cultur Servicios, Víctor Hugo López Merari, y el representante legal de dicha iniciativa privada, René Monte Rosa Sánchez.