#EnPortada | BINOMIO DE CORRUPCIÓN

 

Mérida.- El polémico empresario José Antonio Morales Greene se embolsó un jugoso botín de 7.5 millones de pesos al recibir del director del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay), Felipe Alberto Canul Moguel, un contrato a modo para la habilitación de 50 kilómetros de calles.

Con este acto, la compañía Inmobiliaria Cumbres Yucatán, Sociedad Anónima de Capital Variable, se consolida como una de las más privilegiadas de la Península de Yucatán, pues le han otorgado diversas obras, tanto ayuntamientos, como el gobierno del Estado, y dependencias federales, como la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT).

La empresa es una sociedad constituida en 2009, ubicada en la calle 6 número 401 entre 6 y 6A de la colonia Díaz Ordaz, y está compuesta por los hermanos Mauricio y Alejandrina Morales Greene, y cuyo administrador único es José Antonio Morales Manzanero.

El 15 de julio de 2021, Morales Greene y Canul Moguel suscribieron el contrato de obra pública con base a precios unitarios y tiempo determinado, con número FE-INCAY-OB-LP-JUR-007-2021, relativo a “Obras para habilitar 50 km de carriles preferentes para circulación (segunda etapa) zona 1”.

El procedimiento para la asignación fue a través de una licitación pública, pero en ningún momento se dio a conocer el número de licitantes, y mucho menos los resultados de la evaluación de la propuesta ganadora.

Simplemente, en el documento se estableció que el contratista “tiene capacidad jurídica para contratar, reúne las condiciones técnicas y económicas y dispone de la organización y elementos suficientes para obligarse a la ejecución de los trabajos relativos a la obra objeto del contrato”.

Por ende, se le asignó un techo financiero por siete millones 548 mil 438 pesos, recursos procedentes del Convenio de apoyo financiero para la inversión en la etapa 1 del Proyecto Integral de Transporte Masivo denominado “Sistema Integrado de Transporte en la Zona Metropolitana de Mérida (SIT Mérida)”, de fecha 23 de octubre de 2020 y con número de partida 6152.

Cabe destacar que el respectivo contrato no contaba con el pago de anticipo, el cual se acostumbra que sea del 30 por ciento.

El plazo de ejecución de la obra objeto fue de 35 días naturales, por lo que el trabajo inició el 19 de julio y la labor concluyó el 22 de agosto de 2021, sin embargo, no hay pruebas del fin de la misma.

Irónicamente, cada día el contratista habilitó mil 428.57 metros de carriles preferentes, cuando se trata de una obra que debió tardar más tiempo, o al menos contar con cientos de trabajadores.

Por ende, es notable la corrupción que prevaleció con este proyecto, y hasta el momento, no están disponibles los resultados de la labor efectuada el año pasado en el estado. Al igual que es mínima la probabilidad de que pudiera terminar a tiempo con la respectiva obra.

Asimismo, el contrato está compuesto de 34 cláusulas, distribuidas en 27 fojas, y debido a que no hay constancia de la entrega de la obra, ni evidencia fotográfica de la realización de la obra, es evidente la violación a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como su reglamento en vigor, al igual que la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

El documento fue firmado por ambos implicados, así como por el director jurídico del Incay, Wilbert Iván Hurtado, y el director de construcción del ramo, Ángel Antonio Pérez Medrano.

EL PULPO DE LA CORRUPCIÓN

Las primeras irregularidades datan de 2014, de las que obtuvo un millonario botín, y entre las más recientes destaca el amañado convenio con el Incay.

Y también ha lucrado en Quintana Roo. Tan sólo en 2019, la presidenta municipal de Solidaridad, Laura Esther Beristain Navarrete, autorizó la “Construcción del Parque Fundadores” con número de contrato MSOL-DGIDUMAyCC-RF-059-2019, derivado de la licitación EO-RF-059-2019, otorgado por un monto de 19 millones 633 mil 557 pesos.

Según el contrato, la obra tendría que haber iniciado el 6 de enero y concluido el 3 de junio de 2020, además que fue pagada con recursos fiscales de 2019.

Morales Greene también lucra con dependencias federales, es socio de la constructora MCR Proyectos y Desarrollos, SA de CV, compuesta por Raúl José Roche Hoyos y Sergio Canto Payán, la cual es una de las consentida de la SCT, pues a través de las licitaciones LO-009000948-E32-2021 y LO-009000948-E39-2021 obtuvo dos contratos en los que facturó a la dependencia federal la suma de 19 millones 316 mil 300 pesos.

Por ende, los ilícitos cometidos por Morales Greene son numerosos y diversos, tanto en Yucatán como en Quintana Roo, por lo que se trata de un verdadero delincuente de cuello blanco. Por lo que el binomio compuesto entre Morales Greene y Canul Moguel es trascendental e imparable, al menos en la administración del gobernador Mauricio Vila Dosal.