#EnPortada | MOSCOS, PRETEXTO PARA ROBAR

 




Mérida.- Con la administración de Mauricio Sauri Vivas como director de los Servicios de Salud de Yucatán (SSY), la fuga de recursos financieros con empresas fantasma no se frenó ni con la pandemia de Covid-19. En total, la empresa Grupo Argiar, S. de R.L. de C.V., ha recibido 52 millones de pesos en oscuros contratos. 


En su página, la compañía asegura vender “productos que son recomendados para el uso en salud pública de acuerdo con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas, además de contar con el respaldo de reconocidas marcas


Aunque no se presentó ningún contrato, solo existe el comprobante de la transferencia que realizó la SSY a dicha iniciativa privada mediante la institución bancaria HSBC. 


“La fecha de operación fue el 17 de octubre de 2019 a las 03 con 17 minutos y 57 segundos del 15 de octubre de 2019, con número de referencia 18765L600R0T, por un total de 11 millones 794 mil 403.76 pesos, en favor de Grupo Argiar”, lo anterior, se menciona en el documento de la cuenta 4061361598.


El 3 de mayo de 2019, comenzó la entrega millonaria de contratos con la empresa con la razón social Grupo Argiar, S. de R.L. de C.V., la cual obtuvo 40 millones 199 mil 061.89 pesos, que se dispersaron mediante seis adjudicaciones directas y una licitación pública.


MOSCOS, MINA DE ORO DE LA SSY


Los moscos, en especial el Aedes aegypti, se convirtieron en una verdadera mina de oro para el secretario de Salud de Yucatán, Mauricio Sauri Vivas, quien en tan sólo dos años gastó 52 millones de pesos en la supuesta adquisición de insecticida para trabajo de fumigación, aprovechando los períodos de más bajo impacto de esta letal patología, para beneficiar al empresario Jorge Álvaro Leal González.


Tan sólo en 2021, el corrupto funcionario estatal pagó 12 millones para el control del díptero, pero sólo se registraron tres casos de dengue, debido al período de mínima incidencia de la enfermedad más no por el operativo.


En 2019 y en 2021, fue evidente el favoritismo hacia Leal González, quien es el gerente general del Grupo Argiar, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, pero hasta el momento se abstiene a subir a la Plataforma Nacional de Transparencia la información correspondiente a 2020 y 2022.


La primera compra consistió en la adquisición de insecticidas para el Programa Nacional de Combate Contra el Dengue, Zika y Chinkungunya del Estado de Yucatán, a través del contrato fichado con el número SSY-LP-YUC-RM-09/2019. 


Desafortunadamente, siguiendo las prácticas ilegales de la gestión de Vivas, en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) solo se difundió un contrato incompleto de solo 16 páginas, el cual, no incluye los detalles de la cantidad de insecticida que se compró, por lo que dicho material pudo no comprarse y sólo ejerció el recurso financiero. 


Asimismo, en la tabla que se anexó solo menciona que fue un lote único, a precio unitario de 18 mil 544.66 pesos, dando un precio total del lote de 39 millones 366 mil 04.25 pesos, con lo que se estima que se compraron dos mil 122.76 piezas de pesticida. 


La vigencia del contrato comenzó a partir del 6 de mayo de 2019 y finalizó el 31 de diciembre de 2019, aunque el producto entregado fue el mismo, solo que se dispersó la entrega durante esos siete meses.


La más reciente anomalía se detectó el 7 de mayo de 2021, cuando ambos suscribieron el “Contrato abierto para la Adquisición de insecticidas para el programa nacional de combate del Dengue, Zika y Chikungunya en el Estado de Yucatán”, con número SSY-LP-YUC-RM-03/2021.


En teoría se trató de una licitación pública, sin embargo, en ningún momento se mencionó a los demás licitantes ni presentaron la propuesta ganadora.


El proveedor vendió un lote único del insecticida “Adulticida malatión concentrado al 41.31 por ciento”, con un precio unitario de 23 mil 12.66 pesos. Pero en ningún momento se especifica el número de bidones de 20 litros que contiene y, por ende, el total del volumen del químico.


Lo más sorprendente de todo, hay una cláusula que especifica “Monto máximo, con impuestos incluidos, en su caso, por 12 millones de pesos”, recurso proveniente del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa) del Ramo 33, es decir, un dinero etiquetado. En otras palabras, se trató de un cheque abierto a favor de dicha compañía, todo un botín a favor de Sauri Vivas.  


BORRAN LAS HUELLAS

 

Esta empresa, según el único contrato público disponible, y del cual, Sol Yucatán posee copia, asegura tener su domicilio en el predio número 209 de la calle 35, a la altura de los fraccionamientos número 2 y 4, Santa María de Chuburná de Mérida, Yucatán. 


Para los restantes seis contratos –todos por adjudicación directa–, el personal de los Servicios de Salud (SSY) omitió todos los detalles de los contratos y solo refiere información básica. 


El 28 de septiembre de 2021, la dependencia sanitaria del gobierno del panista Mauricio Vila Dosal, financió el contrato número 748, con lo cual, su gobierno pagó un total de 651 mil 456 pesos para la compra de un Kit Bata. Como se expuso, no hay más información al respecto, por lo que se sugiere que se pagó dicha cantidad por un solo kit.


La segunda compra, consistió en una adjudicación por 113 mil 738 pesos, mismos que se destinaron a la compra de una lámpara de mano según el número de contrato 1053, acordado el pasado 12 de noviembre de 2021.


Una tercera compra ocurrió el 10 de noviembre de 2021, cuando la SSY de Sauri Vivas pagó 20 mil 167.64 pesos, que, según el folio de compra 1040, se ocuparon en impermeabilizante con duración de efectividad de hasta cinco años. Cabe recordar que de ninguna de estas adjudicaciones se pudo obtener más información debido al nulo interés de la dependencia por anexar los contratos de carácter público a la PNT.


De la cuarta adquisición, Sol Yucatán solo pudo saber que el contrato 1039, firmado el 10 de noviembre de 2021, fue para el pago de 18 mil 96 pesos para comprar “hipoclorito de sodio 3%” (cloro), pero la cantidad adquirida no se pudo conocer.


Por unos guantes de carnaza (destinados preferentemente para trabajar con material de electricidad), la SSY pagó, el 12 de noviembre de 2021, la cantidad de 16 mil 356 pesos (contrato 1054), cifra que al comparar con cualquier otra cotización está inflada más de 15 mil veces su costo con relación calidad-precio.


La última contratación también se ejecutó el 12 de noviembre de 2021, mediante el comprobante de compra número 1055, la cual, se destinó para una soga de plástico de media pulgada (rafia de nylon) misma que tuvo un costo unitario de 12 mil 664 pesos.

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