#EnPortada | SIMULAN LICITACIÓN POR 8 MDP

 

Mérida.- Faltando tres semanas para el proceso electoral de 2018, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) simuló una licitación pública para el beneficio directo de la empresa Proyectos Integrales de la Riviera, Sociedad Anónima de Capital Variable, a la cual le otorgó un monto por 8.7 millones de pesos, bajo el compromiso de retribuir el 10 por ciento del presupuesto asignado a la obra. 

Sol Yucatán demuestra una vez más que durante los últimos meses de la administración de Rolando Zapata Bello se autorizaron numerosas concesiones, convenios y proyectos, haciendo caso omiso a la veda electoral.

El gobierno del Estado no debió de efectuar eventos y mucho menos firmar convenios ante la cercanía de los comicios, por lo que desacató la normatividad estatal y federal.

El 18 de mayo de 2018, en la sala de juntas de la Japay, se presentó el acta de fallo de la licitación pública nacional, número LO-931045999-E20-2018, para la contratación de la obra denominada “Construcción de dos cárcamos de mampostería de 200 metros cúbicos de capacidad para la localidad de Telchac Puerto, que incluye la construcción de casetas de protección de equipo, cercados en rebombeos, equipamiento electromecánico, construcción de subestaciones eléctricas y construcción de mil 114 metros de líneas de conducción de seis pulgadas”.

Los trabajos formaron parte del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA, 2018), Apartado Rural.

En la convocatoria participaron tres licitantes, pero se favoreció a la iniciativa privada Proyectos Integrales de la Riviera, SA de CV, a la cual se le autorizó un techo financiero por ocho millones 729 mil 948.22 pesos.

El gobierno otorgó un anticipo por el 30 por ciento del monto del contrato, que corresponde al importe de dos millones 618 mil 984.47 pesos para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos.

La respectiva labor tendría una duración de 180 días naturales, por lo que los trabajos comenzaron el 25 de mayo, para concluir el 20 de noviembre de 2018.

Es decir, la obra inició dos semanas antes de las elecciones y terminó en los primeros 81 días de la administración de Mauricio Vila Dosal.

En el documento son diversas las irregularidades detectadas, por lo que es palpable la violación a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como su reglamento en vigor, así como a las normas electorales, tanto estatal como federal.

Irónicamente, al evento no acudieron representantes de las tres dependencias que “fueron” invitadas para avalar el fallo, tal el caso de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Secretaría de Obras Pública (SOP) y el Ayuntamiento de Telchac Puerto.

El acta fue firmada por personal de la Japay, específicamente, el gerente de Fortalecimiento a Municipios, Carlos Andrés León Burgos; el titular de Programación, Seguimiento y Control, Paola Salomé Ayora Carrillo, y el encargado de la Gerencia Jurídica, José Sosa Back.

 

AMPLIA DIVERSIDAD

 

Como oportunamente se publicó, pese el veto electoral, diversas dependencias efectuaron actividades, en especial, las licitaciones, la presentación de resultados y la realización de obras.

La problemática se detectó en la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Segey), en la Junta de Electrificación de Yucatán (JEDEY), en la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) y en el DIF-Estatal.

En el denominado “Año de Hidalgo”, el hoy ex gobernador Rolando Zapata Bello autorizó en 2018 que la Sefotur adquiriera equipo e inmobiliario por 31.5 millones de pesos para remodelar la dependencia.

Sin embargo, se desconoce el paradero de todo el producto que se adquirió cuando faltaba siete meses para concluir la administración, y lo peor de todo, a pesar de la denuncia, ésta permanece “congelada” en la Fiscalía General del Estado (FGE).

Debido a la desaparición de todo lo adquirido para la Sefotur, la situación pasó de mal a peor, ya que su nueva titular, Michelle Fridman Hirsch, también tiró la casa por la ventana, pues en las primeras semanas de su administración gastó millones de pesos para hacerla más amena y a su gusto.

El 16 de marzo de 2018, la directora de Administración y Finanzas de la Secretaría, Silvia Leticia González Osorio, presidió la presentación del fallo de la licitación pública número SFT-L2-2018, relativo a la “Adquisición de mobiliario y equipo para la Sefotur del gobierno del Estado de Yucatán”.

A los cinco licitadores ganadores se les entregó un monto por 31 millones 484 mil 986.87 pesos, y es que la cifra debió ser superior, pues se canceló la partida número cuatro, referente a la “Adquisición de equipo de cómputo”.

Tan sólo a la empresa Ecopulse, Sociedad Anónima de Capital Variable, se le pagó 14 millones 873 mil 760 pesos, dentro de la partida dos, sobre “Adquisición e instalación de celdas fotovoltaicas”.

Asimismo, la iniciativa privada Kolo DS, SA de CV, tuvo un techo financiero por ocho millones 307 mil 75.20 pesos, correspondiente a la partida tres, de “Adquisición e instalación de pantalla multimedia”.

De igual forma, al negocio QG Medical Group, SA de CV, se le benefició con cuatro millones 841 mil 198.67 pesos, de la partida uno, para la “Adquisición de inmobiliario”.

Dentro de la partida seis, correspondiente a la “Adquisición de plataformas de elevación”, se entregó un millón 948 mil a la iniciativa privada Máquinas Diesel, SA de CV.

Un millón 514 mil 953 pesos le dieron a la empresa Soluciones Biomédicas Equipos y Reactivos, SA de CV, para la “Adquisición de equipo de limpieza”, dentro de la partida cinco.

Debito a tal irregularidad, fue evidente la violación a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Yucatán.

De acuerdo con el documento, “las propuestas resultaron adjudicadas por ser consideradas solventes, ya que cumplieron con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria”.

 

AUTOBUSES FANTASMAS

 

Como oportunamente se publicó, un problema similar fue protagonizado por el DIF-Estatal, con la entrega de cinco autobuses para personas con capacidad limitada, pero hasta el momento se desconoce el paradero de las unidades, las cuales, fueron adquiridas a la empresa Agencias Mercantiles, Sociedad Anónima de Capital Variable, cuyo monto de financiamiento fue de cerca de 10 millones de pesos.

En esta ocasión, el escenario fue el Sistema para el Desarrollo de la Familia (DIF) – Yucatán, cuyo botín fue de casi 10 millones de pesos.

De acuerdo con el acta de fallo de la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-931048968-E1-2018, correspondiente al 31 de mayo de 2018, se dio a conocer al ganador del objeto de la convocatoria, “adquisición de trasporte público foráneo para personas con discapacidad”, para el beneficio del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE).

Durante el evento efectuado en la subdirección administrativa del DIF Estatal se enunció que fueron dos los licitantes, pero se tenía un acuerdo previo con Agencias Mercantiles, por lo que el veredicto fue más que evidente.

Según el dictamen técnico, ambas empresas resultaron aprobadas, pero la estocada se dio en el dictamen económico.

Por ende, fue notable la violación a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Público, así como su reglamento, además de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

A dicha iniciativa privada se le compró cinco autobuses, por un monto total de nueve millones 889 mil pesos.

El documento fue firmado por funcionarios del DIF Estatal, tal el caso del subdirector administrativo, Alberto Concha Ancona; el jefe del departamento de compras, José Ariel Quijano Martín; el jefe de flotilla vehicular, Andrés Aguilar Puc; el representante de auditoría interna, Alberto Chi Guerrero; y el director del CREE, Alejandro Ojeda Manzano.

Así como también, por el representante de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), Alejandro Miguel Uribe Ojeda.