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Mérida.- Entre febrero de 2020 y enero de 2021, se derrochó cerca de un millón y medio de pesos por los conceptos de impermeabilización y papelería el Congreso del Estado, y lo peor de todo, la LXII Legislatura benefició en el segundo caso a una empresa a todas luces fantasma.

Cabe destacar que para la adquisición de papelería, el Poder Legislativo aplicó un mal manejo en materia de transparencia, pues borró la información pública, además que eliminó y/o no proporcionó los documentos correspondientes de dicho contrato.

En el caso de la impermeabilización, el cómplice y responsable del contrato a modo fue el exdirector titular del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán (INCCOPY), Roger José Echeverría Calero, quien autorizó el pago de 446 mil 866.41 pesos al proveedor Mario Alberto Gamboa Niquete, gerente general de Constructora Aditimper, SA de CV.

Según consta en el acta de fallo, con número OBP20-AD-INCCOPY-IPRO-010, con el objeto “Trabajos de impermeabilización en el inmueble del Congreso del Estado de Yucatán”, el empresario Mario Alberto Gamboa resultó ganador de dicha licitación, pero poca información se ofrece sobre los motivos de su elección o de las otras compañías concursantes, por lo que el favoritismo hacia el empresario fue más que evidente.

El documento se limita a señalar que la inversión provino de recursos propios para la inversión en obra pública y que la propuesta del empresario Gamboa Niquete fue la más “conveniente” de las presentadas.

De igual forma, el contratista tuvo un plazo de ejecución para las obras de 15 días naturales, iniciando los trabajos el 2 de marzo de 2020, para terminarlos a más tardar el 16 de marzo del mismo año.

El contrato fue signado el 28 de febrero de 2020 por el entonces titular del INCCOPY, Roger José Echeverría Calero, y el gerente general de Constructora Aditimper, Mario Alberto Gamboa Niquete.   

PAPELERÍA FANTASMA

Sin embargo, el caso más grave es el de la adquisición de papelería, ya que en esta ocasión se pagó 925 mil 452.58 pesos, en esta ocasión prevaleció la opacidad ya que el contrato no está disponible para descarga, empero, fue posible encontrar el su registro de pago en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Entre la poca información disponible, la plataforma señala que el contrato fue celebrado el 29 de enero de 2021 y fue privilegiada la empresa Comercializadora e Insumos Lontal, S de RL de CV.

La prestación de sus servicios fue por siete meses: iniciando el día mismo de la signatura del contrato, el 29 de enero de 2021, con fecha de finalización el 31 de agosto del mismo año.

Como anteriormente mencionamos, este caso resulta aún más turbio, ya que no se puede rastrear a la compañía por medio de directorios empresariales en Internet, además que carece de sitio web oficial o redes sociales, por lo que estaríamos ante una empresa a todas luces fantasma. 

Curiosamente, este no fue el único contrato celebrado con dicho objeto, ya que días antes signaron otro por una cantidad similar.  

DESCARADOS DESVÍOS

Nos referimos al otorgado de manera directa a Karla Alejandra Can. En esta licitación, pese a estar abierta a tres personas, se le otorgó a la empresaria un monto de 914 mil 763.70 pesos para una compra de materiales de papelería, contradiciendo los protocolos de transparencia y mejor oferta para avalar la compra de insumos.

Este contrato, al igual que el anterior, sólo fue para material de algunos meses. Como se especifica, inició el 15 de enero de 2021 y concluyó el 31 de agosto del mismo año, bajo el folio con las siglas ICTP-11-21.

Pese al favoritismo, en el acta justificaron la propuesta como la más solvente, por cumplir todos los criterios de adjudicación establecidos en las bases del procedimiento de invitación que simularon, pues a pesar que estaban inscritas tres empresas, sólo acudió una.

Ni la burla perdonaron al señalar que fue la propuesta económicamente más conveniente para el Congreso, cuando fue la única, pues no hubo otras para tener punto de comparación.

En el contrato, el proveedor se obligó a suministrar los bienes de acuerdo a las especificaciones técnicas que se establecen en el procedimiento en un anexo que no se hizo público.

Incluso en una nota de la misma dependencia acerca de este contrato, se indica que no se generó información relativa al domicilio fiscal, aunque figura el domicilio calle 41 número 214 por 18 y 26 diagonal, como una supuesta dirección fiscal, pero que al calce se contradice en las especificaciones.

Sin duda, el Congreso del Estado es un barril sin fondo toda vez que ya se les hizo fácil desviar recursos bajo la pantalla de gastos de papelería, pues mes a mes hubo cifras millonarias por ese concepto, pese a que era el segundo año de pandemia.