#EnPortada | CAIMEDE Y CEAMA EN DEPLORABLES CONDICIONES

 

El Centro Integral de Atención al Menor en Desamparo (CAIMEDE) no es un lugar adecuado para la atención de los niños, niñas, adolescentes, y personas con algún problema de discapacidad, así lo dejó expuesto el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey), Óscar Sabido Santana, al rendir su informe anual. 

En el pleno del Congreso del Estado aseguró que no cuenta con las instalaciones, ni mucho menos con el personal capacitado y tampoco tiene especialistas en atención psiquiátrica, ginecología, ni hay una clasificación por edad y sexo como debería tenerse en este sector de la población vulnerable. 

Ayer les informamos sobre la comprometedora situación en las instituciones del Centro Integral de Atención al Menor en Desamparo (CAIMEDE) y en el Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes (CEAMA) y la poca respuesta que han tenido las denuncias por parte de Codhey.

Este día fue el mismo ombudsman, Óscar Sabido Santana, quien lo recalcó al decir que a pesar de tener trato directo con personas vulneradas, en ese centro no se realizan controles de confianza al personal, mucho menos psicológico, no todo el personal está capacitado para el trato en materia de cuidado de menores e incluso los baños son de uso común y tienen dormitorios en pésimas condiciones. 

Frente a las y los legisladores también informó que en el Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes (CEAMA) también hay deficiencias en la infraestructura, pero además tampoco cuentan con un reglamento, ni personal capacitado entre otras anomalías.

Es preciso resaltar que, aunque el presidente de la Codhey en Yucatán dejó expuestas las situaciones de ambas instituciones, ninguno de sus ocho candidatos para ocupar el cargo del Consejo Consultivo presentó en sus propuestas como solucionar al tema referente a la Reinserción Juvenil.

Sabido Santana sólo se limitó a decir que tuvieron su cierre del ciclo del Consejo Consultivo Ciudadano, ya que en el mes de julio concluyó el período de las y los consejeros: Yuli Matilde Chapur Zahoul, Annel Rosado Lara, Mauricio Estrada Pérez y José Luis Sánchez González, para dar paso a otros.

De hecho, la misma Comisión de Derechos Humanos de Yucatán admitió en un documento fechado el 24 de febrero de 2022 que documentó que realizó las debidas visitas de supervisión tanto al CAIMEDE y CEAMA, donde señala claramente que existe una infraestructura carente de mantenimiento y equipamiento en los dormitorios, servicios sanitarios, patios, áreas comunes y área de gobierno.

Asimismo, señalan que es necesario que se corrijan esas deficiencias porque es necesario que las personas privadas de su libertad deben tener una estancia digna.

Por si fuera poco, la Codhey señaló que no tienen un reglamento actualizado, ni armonizado con la Ley Nacional de Ejecución Penal, lo que es una grave falta legal.

Además, existe una falta de personal de custodia y técnico operativo, personal médico, odontológico y de enfermería suficientes, carecen de personal psiquiátrico, especialistas en ginecología y medicamentos suficientes.

El colmo es que tampoco tienen programas para incentivar a los internos a que desarrollen una actividad laboral remunerada y capacitación para la misma, así como planes de formación suficientes para el personal directivo, técnico, jurídico, de seguridad y custodia, sobre todo en materia de derechos humanos.

También se adolece de protocolos escritos para evitar la propagación del Covid-19 y no existe un registro de la población interna con problemas de adicciones que permita elaborar un diagnóstico para evaluar su condición y establecer acciones para la aplicación de tratamientos para su rehabilitación.

Además, no hay criterios adecuados para la ubicación de los menores, pues únicamente se prevé su clasificación por edad y género, sin tomar en consideración su condición física, psicológica, psicosocial, enfermedades, discapacidades, cuidados especiales o alguna otra circunstancia.

Cabe mencionar que, en las quejas, los ciudadanos exponen posibles hechos violatorios a sus derechos humanos, los 10 más señalados son: prestación indebida de servicio público, detención arbitraria; lesiones; amenazas; robo; violación al derecho de los menores a que protejan su integridad; intimidación; violaciones al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica; trato cruel, inhumano o degradante; dilación en la procuración de justicia; y retención ilegal.