FARSA MONTADA EN DIF

 

Mérida.- El Covid-19 se convirtió en el gran negocio para el DIF-Yucatán, pues con el pretexto de la sanitización se privilegió nuevamente a la empresa Jomar Soluciones de Limpieza, a la cual se le pagaron 4.4 millones de pesos, y la ganancia osciló en poco menos de 500 mil pesos.

Esta misma empresa, como publicó Sol Yucatán, fue beneficiada por la Fiscalía General del Estado, que en una farsa montada para que no compitiera otra empresa, “ganó” la asignación del contrato en dos partidas, la primera por 3 millones y la otra de 3 millones 981 mil pesos.

Funcionarios de la Fiscalía avalaron este beneficio directo, quienes todo aprobaron, todo ello sin competencia o punto de comparación con otra empresa de la misma índole, fingieron una próxima cita para el dictamen que sólo avaló la farsa para dar el servicio a JOMAR soluciones de Limpieza.

Aunque la corrupción derivada de la pandemia es más notable con el titular de la Secretaría de Salud de Yucatán, Mauricio Sauri Vivas, Sol Yucatán confirmó que la problemática también es evidente en el Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia en Yucatán (Sedify).

De acuerdo con el contrato de prestación de servicios de desinfección (sanitización), en la modalidad de licitación pública se benefició a José Carlos Guzmán Silveira, administrador del negocio Jomar Soluciones de Limpieza, Sociedad Anónima de Capital Variable.

Para la correspondiente labor se le entregó un monto por cuatro millones 409 mil 160 pesos, pues a la empresa se le pagó por metro cuadrado sanitizado.

Durante 2021 trabajó en el edificio de Sedify, así como en el Centro de Convivencia Familiar de Yucatán (Cecofy), la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado (Prodennay) y el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede).

Asimismo, el servicio de desinfección también se efectuó en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), el Departamento de Atención a la Infancia y la Familia, el Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Ayudas Funcionales de Yucatán (Cropafy).

De igual forma se laboró en los Centro de Desarrollo Familiar Urbano (CDFU) “Castilla Cámara”, “Humberto Lara y Lara”, y “María Luisa”.

Dicho servicio se realizó bajo la modalidad de una sola aplicación mediate pulverización en las diversas superficies de los inmuebles, así como en los muebles que se encuentran en su interior, ya sean paredes, mobiliarios o equipos que se elaboren a base de plástico, metal, madera o piedra.

Cabe destacar que la película utilizada debe tener doble aplicación, sanitizante a la aplicación, así como mantener un efecto residual de por  lo menos cuatro semanas a temperaturas superiores de 45 grados centígrados, debe soportar la fricción con agua, toallas o trapos y la incidencia de rayos ultravioleta.

Al menos en el contrato se establece todo el trabajo que se debe de realizar, pero en la realidad, la situación era diferente, con tal de economizar.

El plazo del servicio inició el 2 de agosto y concluyó el 31 de diciembre de 2021, es decir, el contrato tuvo una durabilidad de 150 días.

Debido al favoritismo en el procedimiento de licitación pública fue evidente la violación a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicio relacionados con Bienes Muebles.

El documento fue firmado por el encargado de la Dirección General del Sedify, Juan Gualberto Barrea Canul y el empresario, Guzmán Silveira.

Así como también por la subdirectora administrativa del Sedify, María Teresa Boehm Calero, y el jefe del departamento de recursos materiales del ramo, William Alberto Pantoja López.

Historia de escándalo

 La red nacional de tráfico de menores de edad para adopción, con sede en el Estado, se fortalece tras la asignación de María Cristina Castillo Espinosa como titular de la Secretaría de las Mujeres, ya que su precaria labor en el DIF-Yucatán sólo provocó el crecimiento de esta problemática.

De igual manera, con la reciente reforma legal, ya es más fácil despojar a las madres menores de edad de sus hijos recién nacidos, lo mismo que a las madres solteras, e incluso, aquellas cuyos trámites de divorcio estén en trámites o consumados.

Recientemente se corroboró que la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) se incorpora a la red nacional de tráfico de menores de edad para adopción, presidida por la procuradora de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa), Teresita de Jesús Anguas Zapata, ya que a través del Hospital General – Escuela “Dr Agustín O’Horán”, se avoca a despojar a recién nacidos de madres que son menores de edad.

La mafia se consolida con la labor que desarrolla la Fiscalía General del Estado (FGE), pues con las artimañas de la Prodemefa se convencen a los magistrados del Poder Judicial del Estado, quienes al confiar en la información que hay en los documentos oficiales, emiten un respectivo dictamen.

La situación se complica aún más, tras la reciente aprobación, en el Congreso local, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, la cual otorga a la Prodemefa el poder para ser juez y parte en materia de adopciones.

En medio de numerosas arbitrariedades, Castillo Espinosa fue designada como la titular de la Secretaría de las Mujeres, el pasado 21 de junio, en sustitución de María Herrera Páramo, quien fue “enviada a la banca” ante el pésimo desempeño ejercido en la dependencia.

Fue jefa de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Mérida, en el trienio 2004-2007 así como directora de Vinculación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de 2007 a 2010.

También fungió como la directora General Adjunta del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), de 2010 a 2012.

Al igual que fue Directora General de Protección a la Infancia del Sistema DIF nacional, en el trienio 2012-2014, mientras que de 2018 a 2021 fue la directora General del Sistema DIF-Yucatán.

Cabe destacar que Castillo Espinosa es abogada egresada de la Universidad Marista, y en todos estos puestos políticos donde ha pasado cuenta con un historial gris, ya que nada ha hecho por las mujeres, y ahora, como titular de dicha Secretaría, su labor será vana.

En octubre del 2019, estando en el DIF, Castillo Espinosa fue denunciada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codhey) y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, por trabajadoras del Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (Cadis) por presunto abuso de autoridad.

Desafortunadamente, dichas demandas están congeladas y aunque para muchos “por extrañas razones no procedieron”  la cambiaron a Semujeres, para que siga violentando y agrediendo los derechos humanos de la niñas y mujeres.

Inconformes con el nombramiento se dieron una serie de protestas por parte de académicas, activistas y organizaciones feministas que manifestaron su desacuerdo con tal designación.

Las manifestantes establecieron que carece de perspectiva de género, no tiene experiencia en el trabajo de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, entre otras anomalías.

Por ende, exigieron que se ponga a una persona con un perfil idóneo para esa Secretaría. Las feministas aseguraron que con la designación de Castillo Espinosa, incrementará la posibilidad de no garantizar el Estado de Derecho para las mujeres, ya que no tiene la capacidad ni la experiencia en labores de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género.

Incluso, estando en el DIF, ella misma violentó y agredió los derechos de las niñas y mujeres.

El respectivo documento fue firmado por 47 activistas y académicas, entre ellas Gina Villagómez Valdés, Ligia Vera Gamboa, Bertha Elena Munguía Gil, Nancy Walker, María Teresa Munguía Gil, Rocío Quintal López, Leticia Murúa Beltrán, Adelaida Salas Salazar, Teresa Campos Arjona, Rosa Elena Cruz Pech, Regina Carrillo Valenzuela, Sisely Burgos Cano y Milka Rodríguez Cárdenas.

A este documento, también se unieron representantes de 20 organizaciones y colectivas, como el Frente por los Derechos de las Mujeres en Yucatán, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, el Colectivo Sinergia, Las Hijas de Lilith, Contingenta Siempreviva, Colectiva Universitaria CCEI, la Asamblea de 

Mujeres de la Universidad Autónoma de Yucatán, UADY Sin Acoso, sólo por nombrar algunas.

También se manifestaron frente a la sede del Poder Judicial Federal, adonde acudieron a entregar la demanda de amparo contra la designación de Castillo Espinosa, que dijeron que este es un acto de violencia institucional, una agresión más en contra de las mujeres y niñas violadas o abusadas, pues la nueva titular de la dependencia no tiene la experiencia necesaria para ese encargo tan delicado.

Sin embargo, el amparo no procedió, ya que dijeron que no había un interés jurídico para inconformarse y se consideró la falta de elementos jurídicos constitutivos para proceder.

Lío en la DAIF

Como oportunamente se publicó, en 2021 prevaleció una tensa situación en la DAIF del DIF-Yucatán donde su titular, Alejandra Cruz del Rosal, obligaba a su personal a realizar actividades ajenas a su profesión, desde pintar y acarrear objetos pesados, e incluso, hasta lavar los baños.

Los más afectados fueron los cientos de menores de edad que acuden, cuya atención se vuelve precaria, pues el personal está más enfocado a acatar los caprichos de Cruz del Rosal, y efectuar labores ajenas a lo que estudiaron.

La mayoría de los niños atendidos son de Mérida, seguido de municipios conurbados, como Kanasín, Progreso, Umán y Motul, así como también de Tizimín y Valladolid, entre otras poblaciones.

Ante la presencia del Covid-19, disminuyó el ritmo de trabajo, pero no la tensión que aumenta con el paso de los días, y de no llegar a una pronta solución, la situación se saldría de control, advirtieron los afectados.

Al Sol Yucatán denunciaron los atropellos de la titular del DIF Yucatán, solicitando la destitución de la funcionaria, para acabar con todas las ilegalidades, quien de manera continua amenazas con levantar actas administrativas a quienes se opongan a sus órdenes.

Debido a todas estas anomalías, los trabajadores manifestaron que ya están cansados por lo que buscan estrategias para exigir la destitución de la prepotente funcionaria.