*HASTA DEL AGUA ROBAN*

 

Mérida.- El Gobierno panista del Estado no tiene límites, pues hasta en el agua y las cloacas ven dinero para llevárselo, considerando el último informe de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY).

Resulta que en la segunda entrega de la Cuenta Pública 2020, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) tuvo tres observaciones no solventadas en las que tenía que justificar más de 1.1 millones de pesos y sancionar a funcionarios involucrados en un posible desvío de recursos.

Ya sea en nombre de la seguridad pública del estado, de la salud, de la educación, del turismo, de las obras, incluso del sector rural y hasta del agua potable, Vila Dosal no se da abasto para saquear el erario de Yucatán.

Pero meterse con la comida de los ciudadanos, peor aún, con el agua, es lo más bajo que cualquier servidor público podría hacer. Así lo han dejado claro las auditorías efectuadas a cada una de las dependencias estatales.

En todas aparecen faltantes de millones de pesos, pese a que la cantidad auditada siempre equivale a apenas el 20% del presupuesto total.

La auditoría efectuada a la Cuenta Pública 2020, de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, no podría ser la excepción. 

Aunque esta vez nos encontramos con una verificación contable de casi la mitad del total de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020; habiendo inspeccionado 270 millones 940 mil 200 pesos, que representó el 49.8% del universo total de ingresos que fue de 544 millones 322 mil 100 pesos.

Finalmente, tras el escrutinio realizado al manejo de los recursos públicos por parte de la entidad fiscalizada, se encontró una posible afectación a la hacienda pública de 1 millón 127 mil pesos y se levantaron tres observaciones, mismas que no fueron justificadas.

La primera de ellas, como es costumbre en las dependencias a cargo del gobierno del Estado, tiene que ver con el Control Interno, la cual adolece en sus 5 puntos principales que son: el Ambiente de Control, la Administración de Riesgos, las Actividades de Control, la Información y Comunicación, y la Supervisión, en donde encontró carencias que provocan el incumplimiento de las metas y objetivos de la entidad.

Por tanto, en Control Interno halló carencias en sus procedimientos de vigilancia, detección, documentación y denuncia de violaciones a los valores éticos de la entidad.

En la Administración de Riesgos, se detectó la falta de un Plan o programa estratégico, que presenten indicadores de cumplimiento, metas cuantitativas, parámetros de cumplimiento, así como la carencia de un Comité de administración de riesgos.

En cuanto a las Actividades de Control, no cuentan con un Programa de fortalecimiento de control interno, y abundan las carencias en políticas de evaluación y actualización de manuales de procedimientos, así como de Sistemas Informáticos de apoyo, y Comité de tecnologías de información y comunicaciones. Lo que vendría a ser casi lo mismo en el tema de la Información y Comunicación, por carecer de Planes o programas de sistemas de información.

Finalmente, en Supervisión, se detectaron debilidades en la Evaluación de Objetivos y Metas, Programa de acciones de problemas detectados, seguimiento de acciones, Autoevaluaciones de Control Interno y programa de trabajo para atender deficiencias detectadas.

Llevan tan mal la contabilidad en todos los aspectos citados, que ni presentando el oficio GFI/137/2021, con sus respectivos documentos con los que trataron de solventar las debilidades halladas, lo lograron, pues ni siquiera el documento cumplía con los componentes de control interno institucional.

La segunda observación, tuvo que ver con el Cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

Misma que tampoco fue solventada en los aspectos referentes a las obligaciones previstas en la Ley y sus reformas; ni en los avances en las obligaciones cuyos plazos fueron ajustados por CONAC.

De tal manera se informó que la entidad fiscalizada no contó con inventario conciliado con el registro contable, ni realizó la baja de bienes muebles e inmuebles, ni mostró los avances presupuestarios, ni efectuó registro de las etapas del presupuesto de egresos: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado. Tampoco realizó el registro de las etapas del presupuesto de ingresos: estimado, modificado, devengado y recaudado. Todos estos puntos en incumplimiento a los artículos 23, 27, 28, 36 y 38 de la LGCG.

También se encontró que la JAPAY no constituye provisiones, ni emite mediante su sistema el Estado de Situación financiera en cualquiera de sus puntos y variables, ni dispone de clasificadores presupuestarios armonizados, ni de catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión, ni mucho menos relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública. 

Todos estos puntos en detrimento de los artículos 39, 40, 41, 46, 47 y 54 de la LGCG.

En cuanto a los Avances en las obligaciones cuyos plazos fueron ajustados por CONAC, se halló que la entidad fiscalizada no realiza el registro automático y por única vez, tampoco interrelaciona de manera automática los Clasificadores Presupuestarios y Lista de Cuenta; ni realiza los procesos administrativos o subsistemas que operan en tiempo real y que permitirán la emisión periódica de los estados financieros. Estos puntos en desacuerdo con los artículos 16, 19, 40 y 41 de la LGCG.

En este tenor, tampoco se logró solventar la segunda observancia, toda vez que el oficio GFI/137/2021 de fecha 7 de septiembre de 2021, no acreditó el cumplimiento total de las obligaciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

La observación número 3 vino a ser la referente a la revisión de la Balanza de Comprobación, estados de cuenta bancarios, auxiliares de cuentas y pólizas de registros contables, siendo justamente ahí donde se detectó el presunto desvío de 1 millón 127 mil pesos a través de pagos hechos a un mismo proveedor en los meses de agosto, octubre y diciembre de 2020.

En total fueron 7 pagos referidos a la cuenta contable “5135-0501-0002-0002-03351 Análisis de aguas residuales”, por concepto de servicio de muestreo de aguas residuales; 3 con fecha del 189 de agosto de 2021 por 169 mil 600, 127 mil 200 y 116 mil 600 pesos respectivamente. 

Dos pagos más se ejercieron el día 23 de octubre con valor de 300 mil 200 pesos uno y el otro por 116 mil 600 pesos.

Los dos últimos pagos tuvieron fecha el 8 y 22 de diciembre de 2020 y se contabilizaron por 169 mil 600 el primero y por 127 mil 200 el segundo.

Pagos, de los que sobra decir, la entidad fiscalizada no proporcionó evidencia de haber realizado el procedimiento de adquisición correspondiente, además de haber rebasado por mucho el monto