SAQUEO A SALUBRIDAD*

Mérida.- A más de 7.4 millones de pesos asciende el daño y perjuicio provocado a la Secretaría de Salud yucateca por los hombres de confianza del gobernador panista Mauricio Vila Dosal, según reveló la Auditoría Superior del Estado de Yucatán en su segundo informe de resultados de la cuenta pública 2020.

Al parecer, el secretario de Salud y director general de los Servicios de Salud de Yucatán, Mauricio Sauri Vivas, está más preocupado por ver como exprimirle dinero al presupuesto como si de un botín se tratara, que por velar la salud de los yucatecos.

Solo hay que analizar el informe individual que la ASEY efectuó de la Auditoría realizada a la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) en su cuenta pública 2020.

Lo primero que sale a relucir, como siempre sucede en auditorías del órgano fiscalizador yucateco, es que la muestra auditada es inferior al 25 por ciento de los recursos totales, por lo que al registrarse un faltante, el mismo solo debe tomarse como faltante de la muestra y no del universo total. Un faltante real estimado, se daría de la multiplicación del desvío encontrado por cuatro.

En este caso, de los 5 mil 596 millones 784 mil 800 pesos que la Secretaría de Salud tuvo como presupuesto anual en 2020, la muestra auditada apenas fue del 23.8%, o sea, ni la cuarta parte. Por tanto, la muestra auditada fue solo de 1 mil 332 millones 364 mil 100 pesos.

Los servidores públicos responsables de efectuar la auditoría a menos de la cuarta parte del presupuesto total 2020, fueron: Yamily Anahí Bracamonte Pérez, Anel Anahí Aguilar Hernández, Javier Armin Lizama Chan, Marcos Josué Molina Figueroa, Lidia Lucely Pereira Abán, Amira Lizzeth Brito Cambranis y Juan de Dios López Arguello.

Formularon un total de 15 observaciones, de las cuales las autoridades sanitarias solo solventaron una, dejando 8 parcialmente solventadas y 6 sin solventar.

Uno de los puntos en común en los que la mayoría, si no es que todas las instancias fiscalizadas fallan y presentan riesgos de moderados a graves de que no se cumplan sus objetivos, son los sistemas de control interno implementados.

En este sentido, la Secretaría de Salud reprobó la auditoría al encontrarle debilidades y carencias en todos los puntos adyacentes al Ambiente de Control, Administración de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación, y Supervisión; como son la normatividad del control interno, la difusión de planes o programas estratégicos y objetivos específicos, programas de fortalecimiento, sistemas de información, programas de trabajo para atender deficiencias detectadas, entre otros.

Así mismo en el Cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), se encontraron diversas omisiones en obligaciones previstas en la Ley y sus reformas. Entre ellas, que la entidad fiscalizada no registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico, los bienes muebles adquiridos, ni realiza el levantamiento físico de los mismos.

Tampoco presenta inventario conciliado con el registro contable, no registra el valor catastral de los bienes inmuebles, no realiza la baja de los mismos, ni registra las fechas de pago, mucho menos registra los ingresos obtenidos por algún cobro.

Además, se encontró que la entidad fiscalizada no realiza los registros auxiliares que muestren los avances presupuestarios, ni presenta la lista de cuentas alineada al Plan de Cuentas emitido por el CONAC, no realiza el registro de las etapas del presupuesto de egresos aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado, ni realiza el registro de las etapas del presupuesto de ingresos estimado, modificado, devengado y recaudado.

Las omisiones continúan en varios puntos más en total incumplimiento con los artículos 16, 23 27, 28, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 46 y 47 de la LGCG. Sin embargo, la observación fue solventada parcialmente mediante oficio SSY/DAF/0624/2021 de fecha 6 de octubre de 2021.

En cuanto a la tercera observación, relativa a los estados financieros de la SSY, se detectó un saldo por 275 mil 800 pesos proveniente del ejercicio anterior, del cual no se proporcionó la conciliación bancaria. En pocas palabras, alguien lo encontró como un dinero extra en el ejercicio actual y en vez de realizar los ajustes bancarios, trató de mantener oculto el saldo. Obviamente la observación no fue solventada.

Así como tampoco se solventó un saldo negativo detectado en la cuenta contable “11203 Bancos” por 1 millón 353 mil 400 pesos, ni los 358 mil 100 pesos encontrados en abonos no correspondidos por el banco con fechas de los ejercicios 2017, 2018 y 2020, tras no proporcionar la entidad la depuración de las conciliaciones bancarias o pólizas de reclasificación.

Cuentas por cobrar no fue la excepción con saldos por 119 millones 798 mil 700 pesos encontrados en las cuentas contables “11206 Deudores diversos”, “11210 Cuentas por cobrar” y “13112 deudores por cuotas de recuperación”, de los cuales, 110 millones 557 mil 800 pesos provienen de ejercicios anteriores y 9 millones 241 mil pesos fueron saldos generados en 2020.

Y aunque se solventó parcialmente, todo parece indicar que la mayoría de este dinero, podría ser reclasificado bajo la estimación de cuentas incobrables, con lo que quedaría avalado el saqueo de recursos por parte de deudores diversos que deben a la Secretaría de Salud desde montos de un par de miles de pesos, hasta los 47 millones 768 mil 900 pesos de la cuenta 1120603000025.

Pero si las cuentas por cobrar presentan números rojos, ante el nulo recaudamiento de la instancia estatal, los estados financieros referente a las cuentas por pagar, presentan un color rojo oxidado, dejando ver un adeudo a proveedores y acreedores diversos, superior a los 246 millones 675 mil 200 pesos, pese a que cada vez que se firma un contrato, éste se lleva a cabo bajo el supuesto aval de que se tienen los recursos para pagar.

Al respecto, la entidad indicó que el adeudo a proveedores se viene arrastrando de ejercicios anteriores, pero no proporcionó evidencia de la verificación mensual de saldos y las gestiones de pagos correspondientes de saldos con antigüedad mayor a tres meses, o en su caso, la depuración de saldos contables.

Sin duda la ética y honradez es algo ajeno a la Secretaría de Salud de Yucatán, al hallar pagos por 471 mil 700 pesos en los meses de abril y mayo, por concepto de difusión de mensajes sobre programas y difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales, de los que no se proporcionó ninguna prueba que demostrara la prestación del servicio.

Igualmente se encontraron pagos por 4 millones 246 mil 600 pesos en los meses de enero a noviembre de 2020, de los que la entidad no proporcionó convenio con las especificaciones de los pagos. Así como tampoco proporcionó convenio de cumplimentación de laudo, por un pago de 2 millones 760 mil 600 pesos hecho el mes de septiembre de 2020.

Y el saqueo continúa en cada foja de los auxiliares contables y estados de cuenta bancarios, donde se detectaron pagos por 1 millón 972 mil 600 pesos por concepto de asesorías, convenios, acuerdos o difusión de programas.

Por concepto de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo y otras asesorías para la operación de programas, presuntamente se desviaron 1 millón 989 mil 100 pesos, al no entregar las pruebas de requisición de bienes, ni contratos o evidencia de la recepción del servicio.

En el mismo sentido, de los pagos detectados sin prueba de la recepción del servicio contratado, además de no haber sido autorizado por la Subsecretaría de Administración y Recursos Humanos de la SAF, se tuvieron 5 pagos por 19 mil 500 pesos cada uno, más otro por 9 mil 700 pesos que dieron un total de 107 mil pesos no reconocidos por la ASEY.

Otros pagos no reconocidos fueron 609 mil 100 pesos que se hicieron entre julio y septiembre de 2020, por concepto de impresión y elaboración de material informativo, ya que la entidad no proporcionó cotizaciones ni orden de servicio.

Ni entregó Comprobante Fiscal Digital por Internet de dos pagos destacados por 112 mil 700 pesos en el mes de diciembre de 2020, por concepto de erogaciones por resoluciones por autoridad competente.

Finalmente, y sin tomar en cuenta los 119 millones 798 mil 700 pesos encontrados en las cuentas de deudores diversos, cuentas por cobrar y deudores por cuotas de recuperación; ni los 246 millones 675 mil 200 pesos, de cuentas por pagar, la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, estimó un daño a la hacienda pública estatal por 7 millones 413 mil 700 pesos.

Pero hay que recordar que el desvío reconocido por 7.4 millones de pesos, fácilmente podría ascender a los 30 millones de pesos, dado que la muestra auditada fue de menos del 25% del total del presupuesto de la Secretaría de Salud, por lo que, de haberse efectuado un real ejercicio auditor, la ASEY no sabría cómo aparentar la complicidad con que se conduce en cada fiscalización realizada.

Al menos ya sabemos el porqué del desabasto de medicamentos que se ha tenido a lo largo de la presente administración. Y es que, aunque el presupuesto anual del sector es superior a los 5.5 mil millones de pesos, los administradores de la salud en Yucatán se preocupan más en inventar formas para desviar millones de pesos a cuentas que solo ellos –y el Ejecutivo- conocen, que pagar adeudos a proveedores para así reabastecer los servicios de proveeduría. O mejor aún, ejecutar las cuentas por cobrar.

Como no, si es bien sabido que el desabasto de medicamentos en otros estados donde se han dado casos similares, se debe a que el presupuesto más que manejarse para la compra de fármacos e insumos médicos, fue visto como un botín al cual meterle mano, además de ser el pretexto ideal para los negocios ilícitos donde las medicinas compradas, se hicieron a sobreprecio, más otros desvíos derivados de servicios, como los encontrados en el presente ejercicio auditor.

Pero como siempre sucede, hasta ahora no hay denuncias y los faltantes que son encontrados por medio de la ASEY, esos son minimizados, y colocados en el rubro de “próximos por solventar”, aunque una justificación real no llegue nunca y sí se dé primero, su aprobación por la Legislatura en curso, a las órdenes del ejecutivo estatal.