FEMINICIDIO IMPARABLE: VAN 24 EN EL GOBIERNO DE VILA*

Mérida.- Mauricio Vila Dosal minimiza la exigencia de tantas familias y mujeres para que haya un pronunciamiento por los horrendos feminicidios en Yucatán. Hasta ahora el Gobernador no ha tenido una sola palabra de aliento hacia familiares de mujeres asesinadas y, en el colmo, la secretaria de Gobierno, María Dolores Fritz Sierra, se limita a reconocer que no han podido evitar la muerte y el sufrimiento de mujeres.

De acuerdo al Observatorio Nacional de Feminicidios en lo que va de la administración de Mauricio Vila Dosal se han registrado 24 feminicidios: 4 en el 2019; 12 en el 2020 y 8 en estos siete meses del 2021. Así mismo 27 asesinatos de mujeres y 26 suicidios de mujeres, pero esta cifra es dudosa porque puede haber quedado en la clasificación de feminicidios, informó el Frente por los Derechos de las Mujeres en Yucatán.

En el 80 por ciento de ese tipo de asesinatos, la víctima es sometida a una serie de vejaciones, lesiones, tortura y agravios, que son más que suficientes para ser calificados como feminicidios, pero la mayor parte quedan en la impunidad.

Muchos otros son ocultados o negados por las autoridades y mientras el Gobierno se niega a que sea emitida la alerta de género, “porque sería enviar un mensaje de riesgo al turismo y con ello se afectaría la economía del Estado”.

Gina Villagómez Valdés, Doctora en Antropología Social e integrante del Frente por los Derechos de las Mujeres, resaltó que si bien el feminicidio no es el principal problema en Yucatán, no por eso se le debe restar importancia, lo que sí lo es, es la violencia familiar, en comunidades y la falta de atención estructural en las zonas más vulnerables y alejadas donde los servicios institucionales no llegan, donde las mujeres se encuentran en una situación de mayor riesgo y vulnerabilidad, particularmente a raíz de la pandemia.

Los feminicidios son consecuencia de una serie de violencias que tienen que ver con lo que se le llama violencia estructural, como lo son la pobreza, desigualdad, falta de acceso al recurso y sobre todo falta de acceso a políticas públicas que atiendan los elementos que esté comprendida en la Ley de Acceso de una Vida Libre de Violencia.

En Yucatán, los feminicidios son perpetrados por parejas, exparejas o conocidos de las víctimas a diferencia de otros estados, por lo que las autoridades responsables deben de quitar de raíz el problema de violencia familiar, haciendo que se cumpla lo que está establecido en la ley antes citada, la cual incluye prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género.

Cada una de estas áreas tiene programas y protocolos que deben cumplirse, pero lamentablemente en Yucatán no ha sido posible hacerse de manera estructural para dar cobertura a la mayor parte de las poblaciones y de las mujeres de mayor riesgo en el interior del estado y sobre todo en las zonas mayas.

En la entidad prevalece el abuso infantil, hasta ahora no ha habido una política pública fuerte que de resultado para prevenirlo. La académica mencionó que en la asociación les llegan muchos casos de violencia sexual infantil, en violencia familiar. Yucatán ocupa el séptimo lugar a nivel nacional.

La agenda gubernamental es ciega a la perspectiva estructural de lo que implica la política pública con perspectiva de género, también de no existir una vinculación adecuada entre las instancias responsables de proteger a las mujeres, así como un sistema de justicia inoperante frente a la violencia, todo esto conforma los problemas estructurales en el estado, no el feminicidio, éste es la parte final.

Estos problemas son responsabilidad de las autoridades, principalmente del Ejecutivo, quien se ha mostrado indiferente pues han observado una falta de liderazgo y compromiso por parte del gobierno del Estado para la dirección de una agenda de género.

El Sistema Estatal para la Prevención, atención, erradicación y sanción de la violencia, ha sido inoperante debido a que en las reuniones el gobernador nunca se ha presentado, tampoco lo ha hecho el titular de la Secretaría de Salud, ni el de la SSP, ni otras instancias, siempre mandan a las mujeres en cosas de mujeres, los titulares de las dependencias nunca se han involucrado con el Sistema, por lo tanto, no hay una vinculación entre ellos.

¿Es necesario un feminicidio más para saber que estamos a la deriva en política pública para las mujeres de Yucatán?,

En 106 municipios solo en 14 existen centros municipales de atención contra la violencia, y además, hay poca vinculación con respecto a ese problema con los presidentes municipales, el ejecutivo se justifica que por la autonomía municipal no los puede obligar aunque si se pone de acuerdo en otros tipos de acciones.

Además, cómo es que el gobierno no puede otorgar órdenes de protección que lo necesitan cuando están en riesgo.

Sin embargo, se ha dado el caso en otras mujeres que han pedido órdenes de protección y no se les ha dado, pero eso sí, cuando hay un feminicidio enseguida informan que la víctima no pidió protección.

*CRONOLOGÍA*

En el Estado de Yucatán en promedio se registran al año seis feminicidios consumados y una cifra similar de intento de ellos; en los últimos seis años han sido registrados 49, de los cuales el 70 por ciento se cometieron durante la administración de Rolando Zapata Bello y los restantes en el régimen del actual mandatario Mauricio Vila Dosal.

Las cifras anteriores fueron reveladas en el informe “Yucatán Feminicida”, en el que se señala que la Entidad no está exenta de la violencia que se comete contra la mujer, de manera generalizada en todo el país.

En opinión del maestro Jorge Fernández Mendiburu, asesor de “El Equipo Indignación” y profesor del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, advierte que se ha ejercido un “uso arbitrario del poder y la fuerza pública para reprimir la legítima manifestación, lo que confirma que Yucatán es un Estado con violencia feminicida, institucional y también al interior del hogar.

Asimismo, el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, reconoció que en los últimos cinco años el feminicidio en México ha crecido 137 por ciento, es decir, cuatro veces más que el homicidio.

En opinión de la presidenta de la organización “Igualdad Sustantiva Yucatán”, Kelly Ramírez Alpuche, considera que se debe abogar por la educación con perspectiva de género y visibilizar la violencia de género como un problema sistemático, que va más allá de cuestiones sociales, ya que las medidas políticas no son las adecuadas.

El feminicidio sigue sin ser atendido por Mauricio Vila Dosal, “quien es insensible y hace oídos sordos a los reclamos de seguridad y justicia hacia las mujeres”.

Vila Dosal minimiza la exigencia de tantas familias y mujeres para que haya un pronunciamiento por los horrendos feminicidios en Yucatán. Hasta ahora el Gobernador no ha tenido una sola palabra de aliento hacia familiares de mujeres asesinadas y, en el colmo, la secretaria de Gobierno, María Dolores Fritz Sierra, se limita a reconocer que no han podido evitar la muerte y el sufrimiento de mujeres.

Por su parte, Renata Demichelis Ávila, coordinadora de la Oficina de “México Elementa Derechos Humanos”, advirtió que en Yucatán existe el discurso gubernamental de que “en el Estado no pasa nada”, pese a las contundentes estadísticas.

Esto sucede en un país donde nueve mujeres son asesinadas a diario, en un país donde no sólo las mujeres son victimadas en las calles, sino en sus mismos hogares por hombres que dicen amarlas, añadió, lo que demuestra que tras esos feminicidios hay una falta de políticas públicas de prevención de la violencia contra las mujeres.

Pese a la pandemia, que es cuando las mujeres pasan confinadas más tiempo con sus agresores, no se implementó un programa emergente, lo que contribuyó a que se incrementaran las agresiones y los feminicidios.

En el 2017, durante la administración del priista Rolando Zapata Bello, ya había recibido 10 recomendaciones de instancias federales y trataron de que se emitiera la Alerta de Género.

En respuesta, Zapata Bello dijo entonces que se implementarían acciones, programas y estrategias para acatar las recomendaciones y de esa manera evitó que se activara la alerta, pero no llevó a cabo nada concreto que solucionara realmente la situación.

La alerta de género se aplica cuando se comprueba que el Estado no brinda la seguridad necesaria, lo que ocurre en Yucatán y Quintana Roo, pero como el turismo nacional e internacional representa su principal fuente de ingresos, el que aparezcan como “Estado inseguro” repercute en sus economías, de ahí su reticencia a admitir que se implemente dicha alerta.

Entre los casos más dramáticos ocurridos, figura el de Fernanda Gual, maestra de danza y estudiante de la Escuela Bancaria Modelo. Fue victimada por su novio, Enrique Novelo, en el fraccionamiento Residencial Pensiones. Luego de dispararle se suicidó de un tiro en la cabeza.

Organismos activistas de Mérida, en base a diversas quejas, habían denunciado a Enrique Novelo por violentar a su ex pareja e incluso lo habían catalogado como “potencial feminicida”, pese a ello las autoridades no tomaron ninguna acción preventiva y Fernanda terminó muerta.

El 25 de agosto del 2020, cinco días después del feminicidio de la joven Fernanda, fue muerta otra mujer llamada Norma, de 33 años de edad, en su domicilio en la calle 65-G entre 10 y 8 del fraccionamiento Villas de Oriente, municipio de Kanasín. El cuerpo presentaba rastros de violencia. Fue detenido Isidro, pareja sentimental de la víctima, quien la asfixió con su blusa.

Sin embargo, el Juez de la causa determinó que si bien el cuerpo presentaba huellas de violencia, no se trató de un feminicidio, sino de un homicidio simple, “toda vez que no se contó con una mecánica de lesiones para conocer la causa de las mismas, además de que no se comprobó que hubiera un lazo sentimental con la víctima”.

Las autoridades argumentaron: “las detenciones se hicieron para garantizar el libre ejercicio de los derechos ciudadanos y evitar el vandalismo, por ello las mujeres fueron detenidas y trasladadas a la cárcel pública”.

Horas antes, el Gobernador Mauricio Vila Dosal había anunciado la campaña permanente “Queremos un Yucatán sin violencia contra las mujeres” y, además, que en el presupuesto 2020, la Secretaría de la Mujer tendría un incremento de sus recursos en un 10 por ciento “para atender la violencia de género”.

*FLAGELO DESDE EL 2007*

De acuerdo con la organización “Yucatán feminicida”, desde 2008, cuando gobernaba Ivonne Ortega Pacheco (2007-2012) se contabilizaron 63 feminicidios, 107 asesinatos violentos de mujeres, siete procesos penales y dos sentencias.

En la administración de su sucesor Rolando Zapata Bello, las cosas no fueron mejores, pues si bien evitó que la Secretaría de Gobernación declarara la alerta por violencia de género, su ciclo quedó marcado por 42 feminicidios, de los cuales queda la inmensa mayoría por resolver.

Los casos que se judicializaron como feminicidio fueron los siguientes: Martha Eugenia Ávila Martínez, cuyo cuerpo fue hallado en los terrenos de Conkal y se consideró el primero que llegó al sistema de juicio oral en Yucatán.

El segundo, que continúa en juzgados, es el de una mujer chiapaneca asesinada por su pareja, quien le asestó ocho puñaladas cuando discutían en una lonchería cerca del Hospital O’Horán.

Otro, el de una mujer, cuyo cuerpo fue encontrado en un basurero de Progreso, el 30 de enero pasado y que al parecer era una persona afectada de sus facultades mentales.

Otro más de una pareja asesinada en el fraccionamiento “Los Tamarindos”, en Mérida, que fue secuestrada y cuyos cuerpos se encontraron abandonados en un baldío.

También el de una mujer encontrada flotando, cuyo cuerpo estaba atado, cerca del muelle de Telchac.

Uno más fue el de Cristina Rosalía Cob Gómez, que tuvo lugar en el fraccionamiento Bicentenario de la ciudad de Umán, donde fue asesinada por José Daniel al calor de las copas, celos y de la pasión. En un comunicado que emitió la FGE en el año 2018, en el mes de mayo, declararon que la causa de la muerte de Cristina fue estrangulamiento.

El asesino la asfixió hasta privarla de la vida para después arrojar su cuerpo en una aguada de Umán, conocida como “La Quebradora”. A decir de los conocidos de ambos, mencionan que él era cliente frecuente en el sitio donde la mujer trabajaba como mesera.

Cabe señalar que el presunto criminal fue exonerado en juicio, por lo que, de una u otra forma, el feminicida de Rosalía anda libre por las calles.

No figuró en el rubro de feminicidios el caso de Daniela del Rosario Núñez Rosado, muerta por su marido Daniel Chuc Cuxim, en la localidad de Peto, de quien se estableció que ejercía violencia física y sexual contra la mujer.

Tampoco el de un sujeto que asesinó a su esposa a puñaladas, al encontrarla con otro hombre a las afueras de Plaza Fiesta. La mujer había terminado su turno de afanadora en dicha plaza. El marido atacó al presunto amante de su mujer y cuando ésta intervino le asestó de puñaladas, mientras el otro individuo logró huir.

Y otro más, que no revistió para las autoridades las características del feminicidio, fue el de Emma Gabriela Molina Canto, quien fue interceptada por sus asesinos cuando descendía de su auto y se disponía a entrar a su domicilio, en la calle 28 entre 35 y 39 del fraccionamiento San Luis, cerca de la Preparatoria No. 1 de la Universidad Autónoma de Yucatán.

Sus tres hijos fueron secuestrados por su padre en 2012, en un violento operativo realizado en Mérida, a plena luz del día. Las autoridades no intervinieron y los niños fueron llevados a Tabasco, Cancún y el Distrito Federal, y a Emma Gabriela la encarcelaron mediante acusaciones falsas.

Así, sin la protección solicitada y pese a que la señora Ligia Canto había advertido que matarían a su hija si no la protegían, la tarde del 27 de marzo Emma Gabriela fue asesinada afuera de su casa.

Dos sujetos, tabasqueños, la apuñalaron delante de sus hijos y, a la mañana siguiente, a las 8 horas, la señora Canto recibió el mensaje telefónico: “Tú eres la siguiente”.

Aun así, con todos esos elementos, el asesinato fue calificado no como feminicidio, sino como homicidio calificado, y la señora Ligia Canto sigue sin protección.