#DenunciaCiudadana #EnPortada 10 MIL Demandas! En los primeros 15 día de su mandato, despidió ilegal e injustificadamente a nueve mil 835 empleados

 

Mérida.- Mientras Mauricio Vila se enfrenta a más de 10 mil demandas laborales por despidos injustificados desde el inicio de su administración, la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo muestra una afectación a la hacienda pública por más de 758 millones de pesos en lo que va de la actual administración.

Se estima derivado del resultado de la fiscalización de la cuenta pública, una posible afectación de 18.4 millones de pesos a la hacienda pública en 2018; de 486.7 millones de pesos en 2019 y de 253.6 millones de pesos en 2020.

 De la revisión de las cuentas por pagar con el soporte documental proporcionado por la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo y el reporte de gastos propios proporcionado por la Secretaría de Administración y Finanzas, se detectó pago por 32.9 millones de pesos en el mes de octubre de 2020, por concepto de Pasajes aéreos; por el cual la entidad fiscalizada no proporcionó Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) e informe de comisión. 

De la revisión de las cuentas por pagar con el soporte documental proporcionado por la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo y el reporte de gastos propios proporcionado por la Secretaría de Administración y Finanzas, se detectaron pagos por 250.0 millones de pesos en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020, por concepto de Arrendamiento de equipo y bienes; por los cuales la entidad fiscalizada no proporcionó valoración técnica de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Secretaría de Administración y Finanzas para el arrendamiento de equipos 

De la revisión de las cuentas por pagar con el soporte documental proporcionado por la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo y el reporte de gastos propios proporcionado por la Secretaría de Administración y Finanzas, se detectaron pagos por 109.7 millones de pesos en los meses de septiembre a diciembre de 2020, por concepto de Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados, por los cuales proporcionó entregables de servicios prestados al Aeropuerto de Chichén Itzá del Estado de Yucatán; la entidad fiscalizada no proporcionó evidencia que aclare o justifique realizar gastos no relacionados a la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo, análisis técnico en el que se justifique la contratación y autorización de la Subsecretaría de Administración y Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas, y comprobante de pago de la cuenta por pagar 1335.

 De la revisión de las cuentas por pagar con el soporte documental proporcionado por la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo y el reporte de gastos propios proporcionado por la Secretaría de Administración y Finanzas, se detectaron pagos por 419.8 millones de pesos en los meses de abril, mayo, julio y de septiembre a diciembre de 2020, por concepto de Servicios de consultoría administrativa, científica y técnica; por los cuales la entidad fiscalizada no proporcionó análisis técnico en el que se justifique la contratación, autorización de la Subsecretaría de Administración y Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas.

 De la revisión de las cuentas por pagar con el soporte documental proporcionado por la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo y el reporte de gastos propios proporcionado por la Secretaría de Administración y Finanzas, se detectó pago por 812.0 millones de pesos en el mes de diciembre de 2020, por concepto de Estudios e investigaciones; por el cual la entidad fiscalizada no proporcionó autorización de la Subsecretaría de Administración y Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas y entregable completo.

 De la revisión de las cuentas por pagar con el soporte documental proporcionado por la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo y el reporte de gastos propios proporcionado por la Secretaría de Administración y Finanzas, se detectaron pagos por 111.0 millones de pesos en el mes de diciembre de 2020, por concepto de Transferencias para el sector privado externo, derivado del programa presupuestario “Fomento al Empleo” en específico del Programa de Apoyo al Autoempleo; por los cuales la entidad fiscalizada no proporcionó recibo firmado por la persona que recibe el apoyo (constancia de recepción) y entrevista realizada por el Servicio Nacional de Empleo en la que se verificó que el beneficiario cuenta con experiencia en el desarrollo de la actividad laboral por la cual solicitó el apoyo.

 

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

 

La ASEY analizó el control interno instrumentado por la entidad fiscalizada, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) implementado por el Sistema Nacional de Fiscalización; aplicando un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados.

 Derivado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por componente se tiene lo siguiente:

 Ambiente de Control, nivel Medio: Existe un riesgo moderado de que no se cumplan con los objetivos de la entidad, debido a que se detectaron debilidades y/o carencias de: procedimientos de vigilancia, detección y documentación de violaciones a los valores éticos de la entidad, mecanismos de información a las instancias superiores; existencia de comités o grupo de trabajo de: auditoría interna; documento en que se establezcan las áreas, funciones y responsabilidades en materia de fiscalización, rendición de cuentas y de armonización contable.

 Administración de Riesgos, nivel Alto: Existe un riesgo bajo de que no se cumplan con los objetivos de la entidad, sin embargo, se detectaron debilidades y/o carencias de: Parámetros de cumplimiento de los indicadores, difusión de planes o programas estratégicos y objetivos específicos. 

Actividades de Control, nivel Medio: Existe un riesgo moderado de que no se cumplan con los objetivos de la entidad, debido a que se detectaron debilidades y/o carencias de: Comité de tecnologías de información y comunicaciones, programa de adquisición de equipos y software, licencias y contratos para mantenimiento de sistemas de información y de comunicación, plan de recuperación de desastres para sistemas informáticos. 

La entidad fiscalizada no documentó en todas sus cuentas por pagar las siguientes actividades de control: requisición de bienes, servicios o mantenimiento; orden de compra, servicios o mantenimiento; orden de pago; contratos, convenios o pedidos autorizados; documento de recepción del bien o servicio autorizado por el área usuaria o receptores del bien o servicio; adicionalmente, se observa que no se establecieron entregables o testigos del gasto en todos los contratos celebrados.

Información y Comunicación, nivel Medio: Existe un riesgo moderado de que no se cumplan con los objetivos de la entidad, debido a que se detectaron debilidades y/o carencias de: Evaluación de control interno, establecimiento de actividades de control para riesgos identificados y documento para planes de recuperación de desastres para sistemas informáticos.

Supervisión, nivel Bajo: Existe un riesgo alto de que no se cumplan los objetivos y metas de la entidad, debido a que se detectaron debilidades y/o carencias de: evaluación de objetivos y metas, programa de acciones de problemas detectados y seguimiento de acciones. DESPIDOS

INJUSTIFICADOS

 

Mientras tanto, desde el inicio de la administración de Mauricio Vila, miles de trabajadores fueron despedidos injustificadamente por lo que hasta hoy persisten más de 10 mil demandas laborales que siguen estancadas en Conciliación y Arbitraje por órdenes del mismo gobernador.

Los trabajadores afectados han señalado al abogado Juan Aguilar Herrera, que tiene sus oficinas en el Pasaje Camino Real, como un mercenario de la justicia, pues se vendió a la parte contraria, ya que los casos y procesos de los trabajadores despedidos cuando entró Mauricio Vila Dosal están estancados desde hace 4 años.

A sólo 15 días de haber iniciado la administración de Mauricio Vila, despidió ilegal e injustificadamente a nueve mil 835 empleados y trabajadores de base, con antigüedad de años de las diferentes dependencias de gobierno, entre las que había mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, madres solteras y jefes de familia.

Actualmente, hay 10 mil 300 demandas laborales contra el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, que tiene congeladas desde hace cuatro años, de los miles de empleados que echó a la calle al iniciar su mandato.