¡UNIFORMES DE LUJO!

 

Mérida.- Plagado de irregularidades que generan un fuerte olor a corrupción, se encuentra el contrato que otorgó el fiscal general Juan Manuel León León a la empresa Compañía Mexicana de Protección, S. de R.L. de C.V., para la adquisición de vestuario y uniformes del personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Entre las principales anomalías destacan que la empresa no es productora, sino intermediaria de equipos de seguridad, además, se encuentra entre las peores calificadas para participar en la contratación de licitaciones abiertas, es señalada entre las menos transparentes, además de que es evidente que incurrió en el sobreprecio de las prendas vendidas a la Fiscalía.

Como botón de muestra, las playeras tipo polo de la marca Risk fueron compradas a mil 163 pesos por unidad, pero en la página oficial de la marca de ropa ya mencionada, la misma prenda cuesta 749 pesos.

Bajo el número de contrato C/JUR/034-2022, celebrado el 29 de junio de 2022, el fiscal general compró mil 507 prendas en un millón 455 mil pesos a la empresa Compañía Mexicana de Protección, S. de R.L. de C.V., representada por María Teresa Mota Talonia, pero que es propiedad de Arturo Fernando Canto Rebora y Efraín de Jesús Ponce Lordméndez, según consta en el Registro Público del Comercio.

El procedimiento para la adjudicación del contrato fue a través de invitación a cuando menos tres propuestas (GEY-FGE-FASPEY-1001/2022) y participaron una persona física y dos morales: Eduardo Fabricio Flores Obregón, Outdoor and Tactical Store, S. de R.L. de C.V., y la ganadora, Compañía Mexicana de Protección, S. de R.L. de C.V., sin embargo, no agregaron un cuadro comparativo que incluya las propuestas y costos de las tres razones sociales, ni mucho menos los motivos del fallo a favor de la empresa privilegiada.

Otra de las inconsistencias de la compañía es que en su acta constitutiva asegura que su objeto social es ofrecer el servicio de vigilancia, y la distribución de equipo táctico de empresas especializadas, es decir, que es una intermediaria que factura a su antojo para dejar ganancias a los funcionarios públicos mismas que se calculan en alrededor del 50 por ciento.

Según el objeto social de la empresa, está dedicada a ofrecer servicios de vigilancia y protección de bienes muebles o inmuebles; la protección de personas físicas determinadas, previa la autorización correspondiente; el depósito, protección, custodia y traslado de fondos, títulos valores y demás objetos que, por su valor económico y expectativas que generen, o por su peligrosidad, puedan requerir protección especial.

Además, ofrece la prestación de servicios de vigilancia de fraccionamientos, zonas residenciales, conjuntos habitacionales, condominios, construcciones, edificios, bancos, comercios, empresas, casas de bolsa, centros comerciales, turísticos u hoteles, museos, central de autobuses, restaurantes, bares, discotecas, centros nocturnos, eventos públicos y privados, entre otros, la operación, estudio, administración y la ejecución de instalaciones industriales, comerciales o residenciales, y en especial, las dedicadas a la protección y seguridad.

Sin embargo, por ningún lado del acta constitutiva de la empresa Compañía Mexicana de Protección, S. de R.L. de C.V., se especifica que se dedica a la producción de uniformes por lo que es una muestra más de las irregularidades.

A pesar de todas estas inconsistencias, el contrato fue avalado y firmado por Guillermo Ponce López, director de Administración de la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la fiscalía ha consentido a Compañía Mexicana de Protección con apenas cuatro contratos, que suman cuatro millones 466 mil 610 pesos. Todos fueron por invitación a cuando menos tres personas, pero resulta evidente el favoritismo hacia la empresa de Ponce Lordméndez y Canto Rebora.