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Izamal.- Pese las denuncias mercantiles que hay en contra de accionistas de la empresa Fasilitas del Mayab, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, el Gobierno del Estado así como los ayuntamientos de Cenotillo e Izamal le han aprobado ocho contratos a modo, en tan sólo dos años, por un monto por 9.2 millones de pesos.


Mientras que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas le otorgó dos adjudicaciones directas, por cuatro mil 403 pesos, para la reparación y cambios de cerraduras y por trabajos de un minisplit.


Todo ello, sin contar con los ilícitos convenios pactados con dependencias del gobierno federal así como de Quintana Roo.


Dicha iniciativa privada firmó también contratos a modo con diversos ayuntamientos, tal como ocurrió en 2021, con el alcalde de Izamal, Warnel May Escobar, por un monto por 3.6 millones de pesos, para la supuesta construcción de techos en predios de familias pobres.


El 29 de noviembre de 2021, el edil de la Ciudad de las Tres Culturas y la apoderada legal de dicha compañía suscribieron el contrato de obra pública con base a precios unitarios y tiempo determinado, con número MDI/FISMS-LP-21/Izamal/02, obra relativa a la “Construcción de techos firmes (no material de desecho ni lámina de cartón), ubicados en las comisarías y municipio de Izamal, Yucatán”.


El procedimiento para la asignación fue a través de una licitación pública, pero en ningún momento se dio a conocer el número de licitantes, y mucho menos los resultados de la evaluación de la propuesta ganadora.


Pese la irregularidad, se le asignó un techo financiero por tres millones 86 mil 783 pesos, recurso proveniente del Ramo 33 y a cargo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Faism) del ejercicio 2021.


El municipio otorgó un anticipo por el 30 por ciento del monto del contrato, que corresponde al importe de 926 mil 35 pesos, y plazo de ejecución de la obra objeto fue de 30 días naturales, por lo que el trabajo inició el 1 de diciembre y la labor concluyó el 31 del mismo mes de 2022, sin embargo, no hubo pruebas del fin de la misma.


Fasilitas del Mayab, S. de R.L. de C.V., es una empresa relativamente nueva, la cual surgió el 26 de marzo de 2019, y está ubicada en la calle 44 número 529 entre 33 A y 33 B de la colonia Nuevo Yucatán, y en tan sólo tres años ya ha obtenido más de 15 contrataciones, por lo que la ganancia es millonaria, y lo peor de todo, las obras son de precaria calidad.


Tan sólo en Yucatán, ya son ocho los acuerdos, con un techo financiero por nueve millones 172 mil 179 pesos, y en lo que va de 2022, de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, no hay información alguna.


En 2021, dos dependencias gubernamentales y el ayuntamiento de Izamal le autorizaron siete obras y trabajos, con un presupuesto por ocho millones 880 mil 219 pesos, mientras que en 2020 sólo uno, por parte de la comuna de Cenotillo, por 291 mil 960 pesos.


En un trienio ha obtenido convenios con diversos presidentes municipales de la Península de Yucatán así como con dependencias del gobierno estatal y federal, todo ello, a pesar de las dos denuncias mercantiles que hay en contra de la empresaria Tania Alemnesh Grenald Gómez.


De acuerdo con el expediente 00596/2019, la institución de banca múltiple, Grupo Financiero Santander México, promovió el juicio ordinario mercantil en contra de Grenald Gómez, en lo personal y como representante legal de la persona moral denominada Abastecedora SFJ del Sureste, Sociedad Anónima de Capital Variable.


También está el juicio ordinario mercantil promovido por Alicia Martínez Aguilar, de acuerdo con el expediente 1406/2017, en contra de Ana Paola Espinosa Urrutia, sociedad mercantil denominada “Carnes Selectas Tauro”, SA de CV, Grenald Gómez, director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, el corredor público número nueve en Yucatán, Gerardo José Rodríguez Villamil y Lizbeth de los Ángeles Cruz Salazar.


Hasta el momento, en ambos casos, no se llega a una solución entre ambas partes, pero aun así, el Gobierno del Estado la avaló el respectivo contrato.


Como botón de muestra, el Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán (Idefeey) autorizó un lote de cuatro contrato a modo para efectuar obras en cuatro escuelas de Valladolid, con un presupuesto por 5.3 millones de pesos.


Aunque se trató de una licitación pública nacional, sólo dos empresas participaron en la amañada convocatoria, pero al final se benefició a dicha iniciativa privada.

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