#EnPortada | FBI INVESTIGARÁ A MARTINS

 

Buenos Aires, Argentina.- Las últimas noticias publicadas en Argentina sobre Raúl Luis Martins Coggiola son pocas y la mayoría de ellas no hablan específicamente sobre él. Poco y nada se sabe de la suerte que corrió el exespía argentino-mexicano que está detenido desde hace más de mil días en México, acusado de liderar una red internacional de prostitución y de posible trata de personas con fines de explotación sexual. Martins fue un personaje cuyas relaciones con la farándula y con el poder han dado qué hablar en el país años atrás.

El foco de las últimas informaciones en los periódicos están vinculadas con su familia: Su última pareja conocida, Estela Noemí Percival, y su hijo, Mariano Martins. Ambos estuvieron o están en la mira de la justicia por causas federales vinculadas al proxenetismo y el posible lavado de dinero proveniente de esa actividad ilícita.

A mediados de julio, el auto de Percival habría sido atacado en Cancún por supuestos narcos y ella se habría escapado y refugiado en Argentina, donde permanecería hasta hoy. 

En el caso de Mariano Martins, está procesado y su caso ya cuenta con elevación a juicio. Aunque fue indagado y se conoce que reside en Valencia, España, la justicia no ha podido dar con él en esta etapa del proceso. La causa en la que está involucrado deriva de las investigaciones sobre la banda que encabezaría su padre y los acusadores tienen en la mira una serie de operaciones bancarias e inmobiliarias, que sospechan, habrían tenido como objetivo “blanquear” millones de dólares provenientes de manera ilícita. En su declaración indagatoria, afirmó que su papá “se dedicaba a la trata de personas con fines de explotación laboral” y explicó que no intentó lavar dinero porque las transacciones se dieron antes de que supiera a qué se dedicaba su progenitor y subrayó que los fondos que había usado eran de su abuela, una mujer de dinero. Este argumento no conformó a la justicia.

Los tribunales argentinos esperan que los Martins —padre e hijo— sean repatriados para afrontar las acusaciones.

Lo último que se sabe de Martins Coggiola es que su vuelta al país está en “suspenso” porque sus abogados han presentado diversos recursos para frenar la extradición y que han podido ganar tiempo de esta manera. Detenido desde 2019, el controversial exespía sumó un nuevo revés judicial que tuvo poca repercusión mediática. La Cámara Federal —una instancia de apelación— rechazó un planteo de prescripción llevado adelante por la defensa de Martins Coggiola. Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi argumentaron que no están vencidos los plazos para desarrollar la investigación contra el acusado.

El artículo menciona que Martins, mediante sus abogados, considera que la pena máxima (6 años) por los ilícitos por los que está procesado (explotación de la prostitución y asociación ilícita) ya está cumplida porque fue indagado en 2016.

Hay, sin embargo, un dato clave: Cuando en mayo el fiscal federal Federico Delgado requirió la elevación a juicio incluyó el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, lo que podría elevar una posible sanción a 12 años de encarcelamiento, por lo que aún los tiempos de detención estarían dentro de lo previsto.

Los casos contra Martins tuvieron especial atención durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019). En 2016, Lorena Martins relató que su padre estaba a la cabeza de la red de trata y que, presuntamente, había aportado dinero a la campaña de Cambiemos, el frente opositor que entonces estaba en el poder.

Circuló inclusive una foto del presidente Macri en el que sería uno de sus locales en Cancún en compañía de Gabriel Conde, un colaborador directo de Martins Coggiola. En la coalición macrista desmienten la relación.

“NO CREO QUE LO EXTRADITEN”

Alguien que mantiene vigente la lucha para que el “clan Martins” rinda cuentas ante la justicia es Rachel Holway, una de las activistas contra la trata de personas más conocidas de Argentina. Fundadora de la organización no gubernamental “Alerta Vida”, maneja con precisión los detalles de las causas; los vínculos entre los miembros de la organización y la extensa historia de Martins Coggiola con el poder político.

En entrevista para Grupo Sol, Raquel Holway, advierte que, si es extraditado, el acusado podría requerir la prisión domiciliaria porque tiene más de 70 años. Además, sostiene que los locales siguen funcionando y que la organización sigue operando no solo en México y Argentina, sino que también en España y Estados Unidos. Holway insiste en que se ahonde la pesquisa sobre el resto de los integrantes del círculo del detenido, como sus familiares y socios.

-¿Por qué cree que no se cumple la extradición de Martins?

-Siempre, en todas las causas judiciales, él interpuso muchos recursos para trabar los procesos. No sé si conviene que lo extraditen, porque en México está en una cárcel federal de máxima seguridad y aquí no sabemos qué pasaría con él. Debería seguir así y ser trasladado directo a Estados Unidos, porque su abogado, que ya murió, fue condenado en una causa por narcotráfico y tenía domicilio en Miami.

Por otro lado, Martins tiene más de 70 años y para la ley de nuestro país, aún si es condenado, tendría prisión domiciliaria. Cumplirá 73 años en septiembre.

Martins tiene miedo de ser extraditado, pero no creo que la pase terrible por la justicia sino porque debe estar amenazado, por la misma guerra narco por la que balearon a su mujer, Estela. Alguien de aquí lo debe tener amenazado, ellos son narco-tratantes. Lo que me pregunto es: ¿Cómo es que la justicia argentina no puede pedir que se allane el complejo Maralago en Cancún? Ahí se le terminaría el cuento a todo el clan, viven todos allí. La causa contra Martins no es compleja, es fácil, lo que la hace difícil es la corrupción. Si no fuera así, Gabriel Conde, por ejemplo, no estaría libre. 

-¿Quién es Conde?

-Regenteaba el centro de explotación de menores “Shampoo Club”, en Recoleta, Buenos Aires. Él ahora está en Cancún, desde 1994 tienen prostíbulos allí. En 1998 huyeron de Argentina y parece que tienen toda la impunidad en ese país. Conde tenía denuncias por presunta corrupción de menores. Martins huye después, en 2003, después de que el periodista Rolando Graña publicara una serie de programas exponiendo su accionar delictivo. 

-¿Qué pasó con los prostíbulos de Martins tras su detención?

-Todos están abiertos en Buenos Aires y en Cancún. La red, que tiene patas en Argentina, México (Cancún y Ciudad de México), Estados Unidos (Miami) y España (Valencia), sigue funcionando. 

-¿Considera que el poder protege a los tratantes?

-Sí. Hay más de 3,500 denuncias de trata por año en Argentina y menos de 200 condenas. La ley de Trata tiene 14 años en el país. Desde mi punto de vista, si hay un integrante de una fuerza de seguridad involucrado en alguna red, el delito debería ser investigado como desaparición forzada de personas, como un caso de lesa humanidad. Martins era parte de la SIDE; era agente del organismo de inteligencia del Estado.

-¿Cómo era el vínculo Martins-Macri?

-Ismael García era prensa de Macri cuando era candidato a presidente del club Boca Juniors. Todos los festejos de esa campaña los hacían en los locales de Martins y de Conde. Es una extraña y larga amistad. Inclusive, hay una causa por presunto financiamiento de la campaña de Macri. Es una relación de por lo menos 34 años. La foto que circuló de ellos en Cancún no es casual, como dijo Macri.

-¿Sabe cuándo comenzó Martins en la actividad?

-De acuerdo con la información que me llegó, cerca de la Casa de Gobierno, en Buenos Aires, regenteaba un prostíbulo en los años 70, en la época de la dictadura militar. Son muchos años. Su primera causa penal por proxenetismo es de 1988. En la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado), quien controlaba los prostíbulos era Jaime Stiuso, que está libre, era el gran relacionista público. (Stiuso fue un hombre clave de los servicios de inteligencia de Argentina durante varias décadas).

 -¿Tuvo contacto con las víctimas de los prostíbulos de Martins?

-Sí, en algún momento. Recuerdo una chica que era del interior del país, era muy jovencita. La habían captado mediante las drogas. En todos los casos que escuche, las habían vuelto adictas y con engaños las llevaban a los prostíbulos. Él (por Martins) se jactaba de que “quebraba” mujeres. Había muchas chicas de las provincias de Córdoba, de Buenos Aires, de Tucumán y de Santiago del Estero.

-¿Qué percepción tiene de lo que pasa en México con Martins?

-Pagó sobornos durante muchos años y campañas políticas. Durante los primeros años, en la década del 90, los prostíbulos que abrieron en Cancún tenían los mismos nombres que los de Buenos Aires. La protección que tuvieron en México es llamativa. Conde también tiene la ciudadanía mexicana. Dejan que pase el tiempo. Considero e insisto en que debería investigar el FBI, porque es una red de narcotratantes. La justicia argentina falló. El apoderado y abogado de Martins, Carlos Salvatore, fue condenado en la causa “Carbón Blanco” (en 2015, esa causa tuvo gran trascendencia pública. Se desbarató una organización que enviaba hacia Portugal y España cargamentos de cocaína camuflados en bolsas de carbón vegetal. Tuvo su derivación en un caso por lavado de dinero proveniente de la droga) y no investigaron la rama de la organización de Martins en Estados Unidos.

-¿Tiene expectativas de que Martins sea extraditado y sea juzgado en Argentina?

-No. No creo realmente que la justicia argentina lo haga. No informó a Estados Unidos sobre los vínculos de este clan con la causa “Carbón Blanco”. No creo en esta justicia que parece ciega, me cuesta.

 

HISTORIA DELICTIVA

Raúl Martins Coggiola fue detenido el 3 de octubre de 2019 en Quintana Roo cuando intentaba cruzar a Belice; mediante amparos y subterfugios legales e ilegales ha logrado retrasar su regreso a Argentina y aunque todavía le quedan algunos recursos para intentar frenar su repatriación, cada vez está más cerca su regreso a ese país, pues un juez penal y el canciller mexicano se han pronunciado en favor de su extradición.

En Argentina, una jueza federal lo vinculó a proceso como jefe de una organización criminal dedicada a regentear prostíbulos donde explotaba a cientos de mujeres. Además, el fiscal bonaerense Federico Delgado lo acusa de lavar dinero ilegal, delito que está en proceso de investigación y que le significaría un aumento en su pena.

Pese a que vivió más de 15 años en Cancún y ensanchó su red de prostitución e incluso logró la nacionalidad mexicana, sólo ha recibido fallos adversos en su contra desde su detención, que trató de evitar disfrazándose con afeites y una peluca, y todo lo acerca cada vez más a su extradición.

El 17 de enero de 2020 el juez José Artemio Zúñiga Mendoza resolvió que el pedido de extradición argentino cubría “todas las formalidades y requisitos” exigidos por el Estado mexicano y el tratado de extradición con Argentina.

Más tarde, la Cancillería mexicana se sumó a dicha postura: “(…) Agréguese a los autos del juicio de amparo en que se actúa para que conste como corresponda y surta los efectos legales conducentes el oficio de cuenta firmado por el Director Jurídico Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores”, precisó el juzgador en el escrito con fecha del 14 de febrero de 2020.

El texto es corto y termina: “El secretario de Relaciones Exteriores dictó un acuerdo por el que el Gobierno de México concede al Gobierno de la República Argentina la extradición internacional del quejoso”.

Cuando el proxeneta llegue a Argentina, no sólo deberá responder como jefe de una asociación ilícita dedicada a la trata de personas, que en México le dejaba ganancias por más de 2 millones de dólares. También por ser el cerebro financiero que blanqueó cientos de millones de dólares provenientes de la explotación sexual de cientos de mujeres.

En este rubro, los fiscales argentinos antitrata y antilavado descubrieron la complicidad de al menos 13 personas más que habrían colaborado con el exespía en una decena de locales, al menos desde 2010; aunque está documentado que el extraditable comenzó a explotar mujeres desde los años noventa, hace 30 años.

Los 13 individuos relacionados forman parte de “segundas, terceras y cuartas líneas de la organización criminal liderada por Martins”, señalan los fiscales argentinos, quienes precisan que entre los investigados se encuentran familiares del exespía, encargados de los prostíbulos y hasta expolicías argentinos.

Se sabe que el clan continúa explotando sexualmente a mujeres de diversas nacionalidades en México, de acuerdo con un documento en el que puntualizaron que “información que obra en el expediente indica la existencia de locales en México (Mix Sky Lounge, Kiss Night Club, Barber Spa, The 5 Senses) que estarían vinculados con la organización criminal”.

Martins eligió instalarse en México cuando, a pesar de conservar sus contactos con funcionarios judiciales y policiales de su época en la Secretaría de Inteligencia de Argentina, el fiscal José María Campagnoli comenzó a investigarlo por proxenetismo.

El exespía hizo del autoexilio un nuevo negocio: Él se fue de Argentina, pero dejó a su esposa, Estela Percival, y a su familia política al frente de los prostíbulos en Buenos Aires, mientras que con nuevos socios argentinos y mexicanos abrió locales en Quintana Roo.

La acusación clave para su detención fue presentada por su hija, Lorena Martins, quien lo denunció en 2011 ante los tribunales federales de Buenos Aires cuando se enteró que era un explotador de mujeres, pese a que la amenazó con matarla si se atrevía a denunciarlo.

La investigación se prolongó durante ocho años, hasta que la jueza Servini ordenó la captura de Martins en septiembre del año 2019. Tras su aprehensión, en cumplimiento con la solicitud de detención provisional con fines de extradición del Gobierno de Argentina, Martins Coggiola ha presentado una “nube” de amparos y ha recurrido a toda clase de estratagemas judiciales, pero una a una se le han caído.

Luego de la última demanda de amparo de Martins Coggiola, el juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, Jorge Antonio Medina Gaona, consideró que la petición estaba basada en mentiras y argucias legales, por lo que resolvió negarle dicho recurso.

Según antecedentes del caso, se supo que Martins, acusado de asociación delictuosa, trata de personas y operaciones con recursos de procedencia ilícita, inventó toda una historia detrás de su detención para tratar de evitar, a toda costa, ser repatriado a Argentina.

Sus abogados, mediante la filtración de audios y videos a medios de comunicación en Chetumal, Quintana Roo, intentaron dar una imagen del acusado como víctima, con problemas de vejez y diversos padecimientos. Además de que su defensa asegura que fue detenido un día antes de lo señalado por la Fiscalía General de la República y su aprehensión no fue realizada por agentes de la Interpol, sino por personal del Instituto Nacional de Migración, con lo que se violaron sus derechos.

La defensa de Martins también argumentó otras irregularidades durante la detención, como que a su cliente le habían puesto una peluca, “acción encaminada a tomar videos testimoniales de la detención por parte de la autoridad federal”, a lo que la FGR replicó que el inculpado se disfrazó para tratar de impedir su detención.

Pese a la negativa del juez, dados los antecedentes del caso, la defensa recurrió al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Y por unanimidad, los magistrados declararon fundado el recurso de queja y ordenaron al juez federal que admitiera la demanda de amparo.

El tribunal de alzada consideró que el juicio de garantías sí es procedente, a pesar de que el acto reclamado tuvo lugar dentro del procedimiento de extradición. Los magistrados estimaron que Martins no está combatiendo la legalidad o inconstitucionalidad del procedimiento (extradición), sino que reclama la afectación a su libertad personal, como lo es la imposición de la prisión preventiva oficiosa.

Hace 10 años, en 2011, Lorena Martins, hija del proxeneta, denunció a su padre ante la Procuración de Trata y Explotación de Personas (Protex) en Argentina, acusándolo de liderar una red internacional de prostíbulos.

En la década de los setenta, Martins Coggiola, bajo la falsa identidad de Aristóbulo Manghi y como supuesto profesor de historia en un colegio católico de Buenos Aires, era realmente un graduado de la escuela de Inteligencia de su país y un miembro del Sistema de Inteligencia del Estado de Argentina (SIDE) en su etapa más tenebrosa.

Martins Coggiola, sobre quien pesan al menos media docena de denuncias, tejió a lo largo de más de 30 años toda una red de explotación de mujeres, primero en Argentina y después en Cancún, Quintana Roo.

Su modus operandi era presentarse como un gran empresario, contactar a políticos de primer nivel, a funcionarios de los tres niveles de Gobierno y a jefes policíacos. A todos los contentaba con dinero, droga o mujeres bellas en los table dance de su propiedad.

Los grababa y cuando alguno pretendía no servirle ni ayudarlo más en sus actividades ilícitas, los amenazaba no sólo con delatarlos ante las autoridades cómplices, sino exhibirlos con su familia. De esa manera obligaba a sus “clientes” a que siguieran dándole protección.

Martins Coggiola no es el único miembro de la familia que está en problemas. También su hijo Mariano Martins. El juez de Casación, Gustavo Hornos, ordenó al Tribunal Oral Federal 5 de Argentina someterlo a juicio oral en una causa paralela.

En el expediente también figuran su cuñada Natalia Percival, socia gerente del Hotel Anchorena, y su suegra Virginia Solís, apoderada del seguro de dicho hotel.

Todos ellos están acusados de lavar dinero proveniente de los negocios de explotación sexual de Martins Coggiola, a través de operaciones bancarias e inmobiliarias.

En México, también es investigada su mujer, Estela Percival, acusada de lavado de dinero y de regentear, junto con su cónyuge, la red de prostitución. La mujer es asistida por el abogado Ricardo Hernández Santillán quien también forma parte de la defensa de su marido.