#EnPortada | ¡BASTA YA!, GRITO UNÁNIME

 




Izamal.- Más de 300 ejidatarios, hombres y mujeres, todos unidos en un sólo clamor: ¡Basta ya!, al referirse al despojo de tierras que sufren en sus ejidos por parte de acaparadores protegidos por funcionarios corruptos del Gobierno del Estado.


El repudio fue también en contra de la Procuraduría Agraria (PA), el Registro Agrario Nacional (RAN), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), alcaldes, notarios públicos, comisarios ejidales (no todos), abogados y empresarios corruptos.


Más del 50 por ciento de los asistentes eran personas de la tercera edad, algunos de ellos apoyados con muletas, bastones y hasta en sillas de ruedas, sin embargo, los movía más la ilusión de recuperar aquellas tierras que les arrebataron sin su consentimiento.


El representante de Mauricio Vila Dosal, el subsecretario de Asuntos Agrarios, Roberto Tolosa Peniche, salió huyendo después de que hizo uso del micrófono para dirigirse a los asistentes y según él, transmitirles un saludo de su patrón, el mandatario.


Los ejidatarios escucharon tan falso al funcionario del Estado que alcanzaron a decirle sus verdades y lo abuchearon; el reportero de Sol Yucatán también pudo cuestionarlo sobre el abandono que sufren hombres y mujeres del campo, pues personal a su cargo ha incurrido en hechos de corrupción, tal como sucedió recientemente en el ejido de Baca, donde levantó un acta pero omitió poner un polígono para de esa manera beneficiar a empresarios que han construido una gasolinera en tres hectáreas de tierras ejidales.


Cuando ya estaba a punto de alcanzar la puerta de salida, el ejidatario Luis Armando, de Motul, le exigió a través del micrófono que se detuviera para que lo escuchara, pues por capricho del fiscal del estado, Juan Manuel León, ya lleva seis meses con un grillete en un tobillo, por el simple hecho de defender sus tierras, sin embargo, la dependencia a cargo de Tolosa Peniche no ha hecho absolutamente nada para ayudarlo.


Eso lo hizo enojar más y siguió su paso aceleradamente, sin embargo, Sol Yucatán le solicitó una entrevista pero fue tajante al responder “¡no!”, y salió casi corriendo del lugar, sin despedirse del resto de los que integraban la mesa del presídium.


Y es que el reportero de este casa editorial lo cuestionó del por qué él, como responsable de atender las necesidades de los campesinos, no ha hecho nada para exigirle al fiscal Juan Manuel León que se ponga a trabajar y permita que las denuncias penales en contra de Rafael Acosta Solís, Alejandro Scoffie, José Armando de Jesús Ceballos Chávez, Flor Mendoza y otros abogados, sigan su curso hasta ser consignadas ante el órgano jurisdiccional competente.


También, el que esto escribe, lo cuestionó de por qué ha permitido que empresarios como Gerardo Torres abriera caminos y construyera un cenote que sirve como bebedero de su ganado, sobre una zona de vestigios arqueológicos, a pesar de que existe un documento oficial otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que lo prohíbe. Asimismo, se le preguntó por qué el Gobierno del Estado sigue otorgando permisos para que empresas deforesten los montes y construyan granjas avícolas sobre terrenos ejidales.


De igual forma, se le reclamó el por qué ha permitido abusos de parte de la Policía del Estado a cargo de Felipe Saidén Ojeda, cuyos elementos han golpeado y privado de la libertad a ejidatarios, tal como sucedió con el actual comisario de Izamal, José Elías Canché, o del campesino Isidro Pech, o de Felipe Cetina, Tito Cetina, Carlos Pech, entre otros.


Una vez que el subsecretario huyó del lugar, la convención continuó su curso, a pesar de que el alcalde de Tizimín, Warnel May Escobar, y el Gobierno del Estado, planearon con anticipación llevar a cabo un evento a la misma hora y el mismo día de la convención, con el propósito de que ésta se suspendiera por falta de cuórum, sin embargo, les falló la treta porque, más de 300 ejidatarios estuvieron presentes.


Al final, se llegó al acuerdo de que en el mes de abril del 2023 acudirán miles de campesinos yucatecos y de otras partes del país, que sufren también el robo de tierras en sus comunidades, a la Ciudad de México para pedirle al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, que reforme el artículo 27 constitucional, para que se prohíba la venta de tierras ejidales, tal como lo autorizó el entonces mandatario nacional Carlos Salinas de Gortari.


Al frente de esta exitosa convención estuvo el doctor Gildardo Espinoza Sánchez, acompañado incluso, del cónsul cubano y ejidatarios que arribaron desde la Isla, para exponer la forma en que trabajan.


Los ejidos que estuvieron presentes fueron Kanasín, Chapab, Seyé, Samahil, Texán y Anexas, Izamal, Motul, Ixil, Muxupip, Tunkas, Ticul, Kimbilá, Hunucmá, Conkal, Canacón, comisaría de Yaxcabá, Tinum, Tizimín, Citilcum (comisaría de Izamal), Tepakán, Teya, Xanabá y Baca.

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