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Valladolid.- El cinismo en su máxima expresión fue protagonizado por el exalcalde de Valladolid, Enrique Ayora Sosa, al autorizar en un lapso de dos días un par de contratos a favor del empresario José David Castro Mendoza, por un monto por 3.3 millones de pesos, para obras de rehabilitación de agua potable y de drenaje pluvial.

Lo peor de todo, la labor fue de precaria calidad, por lo que será necesario efectuar otra convocatoria para corregir las irregularidades y, por ende, otro gasto. Desafortunadamente no hay denuncia penal, a pesar de la evidencia.

A lo largo del trienio, diversas fueron las anomalías que presidió al otorgar licitaciones de manera indiscriminada, tal el caso de contratos a modo, así como obras fantasmas, prestanombres.

En esta ocasión, el ilícito lo cometió con Castro Mendoza, quien es una persona física, pues no tiene una empresa consolidada, por lo que su casa, ubicada en la calle 40 número 213 C entre 45 y 47 de la colonia San Juan Bautista, en la Sultana del Oriente, servía de oficina, centro de negocios y bodega.

Pese a ello, aún le entregan diversos convenios, como lo ha publicado Sol Yucatán, tal como ocurrió el 11 y 12 de mayo de 2019, con un techo financiero por tres millones 301 mil 94 pesos.

Para disimular la irregularidad, ambos contratos fueron signados en días diferentes, y para el colmo del cinismo, la diferencia fue de tan sólo un día.

El primero fue suscrito entre el edil y el empresario, el cual fue un contrato de obra pública con base a precios unitarios y tiempo determinado, con número FISM-R33-102-001-2019-LP, relativo a la “Construcción de drenaje pluvial en diversas colonias de la localidad y municipio de Valladolid”.

El procedimiento para la asignación fue a través de una licitación pública, pero en ningún momento se dio a conocer el número de licitantes, y mucho menos los resultados de la evaluación de la propuesta ganadora, entre otros detalles.

Para minimizar el vínculo de corrupción, en el documento se mencionó que el contratista “tiene capacidad jurídica para contratar, reúne las condiciones técnicas y económicas y dispone de la organización y elementos suficientes para obligarse a la ejecución de los trabajos relativos a la obra objeto del contrato”.

Tras la aprobación del proyecto, se le asignó un techo financiero por un millón 578 mil 900 pesos, recurso proveniente del Ramo 33 y a cargo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Faism) del ejercicio 2019.

El plazo de ejecución de la obra objeto fue de 60 días naturales, por lo que el trabajo inició el 15 de mayo y la labor concluyó el 13 de julio de 2019, sin embargo, no hay pruebas del fin de la misma.

El contrato está compuesto de 25 cláusulas, distribuidas en 12 fojas, en el cual no se especificó el nombre de las colonias donde se efectuaron las obras, mucho menos los detalles de los beneficiarios.

Mientras que, en el segundo convenio, el edil dilapidó 1.7 millones de pesos para obras de rehabilitación en Tixhualactún, comisaría vallisoletana, tras privilegiar a su amigo contratista, Castro Mendoza, quien al final dejó un trabajo de precaria calidad.

El 12 de agosto de 2019, Ayora Sosa firmó el contrato de obra pública con base a precios unitarios y tiempo determinado, con número FISM-R33-102-014-2019-LP, cuyo nombre de la obra es “Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de la localidad de Tixhualactún”, en la que se benefició a Castro Mendoza.

Para ello, se le entregó un millón 722 mil 194 pesos, recursos provenientes del Ramo 33 y del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2019, y le otorgó un anticipo por el 30 por ciento del monto, es decir, 516 mil 658.20 pesos.

El plazo de ejecución de los trabajos objeto fue de 90 días naturales, por lo que las obras objeto iniciaron 14 de agosto, para concluir el 11 de noviembre de 2019.

En ambos documentos, los dos implicados estamparon su firma, al igual que el secretario municipal, Ramón Isaí May Tuz, y el director de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vías Terrestres, Iván Agustín Pineda Alcocer.

También en ambos casos fue notable la violación a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como su reglamento en vigor, al igual que la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.