#EnPortada | DELITO EN LA SEGEY

 




Mérida.- En junio de 2018, “casualmente” un mes antes de las elecciones, el entonces titular de la Secretaría de Educación General del Estado de Yucatán (Segey), Delio José Peniche Novelo, firmó un contrato para adquirir material educativo de preescolar por 62.3 millones de pesos a una empresa cuyo giro comercial es la venta e instalación de software.


Como ha documentado Sol Yucatán, esta no sería la primera vez que Delio Peniche, alias “Delito”, autoriza la contratación de servicios a empresas que se dedican a otro giro comercial para un presunto desvío de fondos públicos.


Valga como ejemplo el contrato número SE-2018-01/P. 1, celebrado el 2 de marzo de 2018, a través del cual, la Segey facturó 12.7 millones de pesos por la contratación de servicios de seguridad a una compañía dedicada a ofrecer servicios de limpieza, fumigación y control de plagas.


Sin embargo, dicha licitación se queda corta en comparación con el contrato número SE-2018-04, celebrado el 1 de junio de 2018, donde Peniche Novelo autorizó el pago de 62 millones 335 mil 760 pesos para la “Adquisición de material para el desarrollo educativo en educación preescolar” a la compañía Orgo Tecnologías, S. de R.L. de C.V., una compañía dedicada a la venta e instalación de software.


De acuerdo a la declaración de Jorge Carlos Orozco Baeza, gerente general de la iniciativa privada ganadora, Orgo Tecnologías “tiene por objeto entre otros: la compra, venta, renta a mayoreo o menudeo, importación y exportación de toda clase de equipo de tecnología y accesorios de cómputo y telefonía, muebles para oficina y comunicaciones, papelería, artículos para oficina, equipos tácticos desarrollo de software y hardware de todo tipo”.


Asimismo, según los registros de internet, Orozco Baeza también es propietario de la empresa Netsolutions, en cuya descripción se indica que “están dedicados al planteamiento e implementación de ideas y soluciones para empresas con necesidad de crecimiento en el área de sus recursos informáticos”. Como dato adicional, dicha compañía comparte dirección fiscal con Orgo Tecnologías.


Con estos antecedentes, resulta risible –por decir lo menos– que Delio Pacheco le haya adjudicado 62.3 millones de pesos a Orozco Baeza para la adquisición de artículos educativos de preescolar, cuando su empresa es de tal giro comercial.


Para añadir más inconsistencias a la adjudicación, el plazo del contrato fue hasta el 15 de junio, es decir, la empresa de Orozco Baeza apenas contó con 15 días para proveer los seis mil artículos escolares que solicitó la dependencia.

A propósito de los artículos facturados, entre el material educativo se encuentra: tableros para jugar lotería, figuras de plástico de colores, ábacos de plástico, letras del abecedario de plástico, vehículos en forma de tren, así como un domino de plástico, entre otros, por lo que la inversión de 62.3 millones resulta injustificada.


En este punto, cabe preguntarse: ¿cuál fue la premura de la Segey en licitar, concursar y asignar 62.3 millones de pesos?, ¿la cercanía de las elecciones de 2018 influyó en la decisión de la dependencia para desviar recursos?, ¿Delio Pacheco no realizó una investigación previa de las compañías concursantes antes de emitir el fallo?


De igual forma, es importante señalar que a pesar de tratarse de una licitación pública (SE-2018-04), en el documento jamás se mencionan a las otras compañías concursantes, sus montos y/o propuestas, así como los motivos del fallo a favor de Orgo Tecnologías.


Asimismo, despierta suspicacia que entre las cláusulas se haya incluido una sobre estricta confidencialidad, la cual prohíbe a todos los involucrados en el contrato revelar o divulgar, bajo cualquier concepto, información sobre el proceso de adjudicación.  


Con relación a Orgo Tecnologías, resulta interesante que la iniciativa privada fue constituida el 13 de mayo de 2014, ante el notario público número 19 Fernando Vales Tenreiro, quien fue señalado por el SAT en su lista de 2021 de “Fedatarios Públicos que incurren en alguna causal de cancelación”, por diversos señalamientos de corrupción.


Hay que destacar que los funcionarios encargados de firmar y autorizar este contrato lleno de inconsistencias fueron el exsecretario de Educación, Delio José Peniche Novelo, y el entonces director de Administración y Finanzas de la dependencia, José Luis Suárez Carrillo.

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