#EnPortada | ¡297 MDP PARA SU IMAGEN!

 

Mérida.- A casi cuatro años de haber iniciado la administración del actual gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, todo parece indicar que el panista ha preferido entregar cuartos ‘huevito’ y hacerse de la vista gorda para mantener controlado el tema de los invasores de terrenos y los asentamientos irregulares en Yucatán. Y mientras se empobrece la población, el mandatario estatal ha invertido, solo en los últimos dos años, más de 297 millones de pesos en promover su imagen.

Pero definitivamente el asunto es una bomba de tiempo que amenaza con salirse de control, porque a lo largo de la administración de Vila, el problema de la vivienda no ha hecho más que crecer. Hoy en día existen hasta 150 asentamientos irregulares ubicados en la zona sur, oriente y poniente de Mérida, en los que habitan por lo menos dos mil familias en viviendas con condiciones insalubres debido a una combinación de carencias, entre ellas al uso de agua no apta para consumo humano, prácticas de fecalismo al aire libre, la contaminación de los alimentos en la preparación fuera de la vivienda, una deficiente iluminación, la dificultad de conservación de alimentos perecederos, así como la realización de actividades que llevan a que las personas respiren humo y hollín dentro de la vivienda.

TODO POR LA IMAGEN

Desde el principio de su administración el panista mostró mayor interés en el manejo de su imagen que en el tema de la vivienda digna para los yucatecos. De tal manera que, en los dos últimos años, Vila ha destinado 139 millones 116 mil 439 pesos (Presupuesto de Egresos 2021) y 157 millones 599 mil 924 pesos (Presupuesto de Egresos 2022) para promover su imagen, un importante aumento de 18 millones 483 mil 485 pesos en comparación con 2020, pero todavía más impactante si lo comparamos con el presupuesto destinado en 2019, que fue de 104 millones de pesos.

Al gobernador de Yucatán derrocha al comprar encuestas “patito” que con sumas millonarias le queman inciensos y lo colocan en altares, como el caso del supuesto ranking de desempeño de gobernadores de C&E Research, donde al panista lo colocan por encima de todos los gobernadores del país. Y con estos gastos faraónicos descuida lo más elemental de las necesidades de Yucatán.

En contraste con la opinión recogida con esta encuesta, el exsecretario de Desarrollo Social, Roger Torres Peniche, expuso que en el último censo, Yucatán pasó de 993 mil 200 pobres que representa el 44 por ciento en 2018, a un millón 156 mil 900 en 2020, observando que la cifra ascendió a 49.5 por ciento, es decir, 164 mil yucatecos más pasaron a vivir en situación de pobreza, con rezago educativo, carencias de servicios de salud, sin acceso a seguridad social, sin vivienda, ni servicios básicos y a una alimentación que adolece de ser nutritiva y de calidad, todo esto durante los primeros años de la administración de Vila.

Asimismo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) indicó que en la última década, la pobreza alimentaria creció un 29% en los municipios de la Península, en donde destaca que Yucatán es la entidad con el mayor número de municipios en el que se expandió la pobreza nutricional en los últimos años, que ascendió a 32 municipios de los 106 que integran el estado; al respecto, destaca alarmantemente que Tahdziú es el municipio más pobre, allí más del 90 por ciento de su población vive con carencias sociales, y el poco dinero con el que cuentan no les alcanza para comer.

NECESIDAD Y CORRUPCIÓN

Las razones por las que los asentamientos irregulares se han ido formando no solo en Mérida sino en muchas partes del país tienen que ver con la pobreza y la falta de oportunidades. En el caso de Yucatán, de acuerdo con el informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2019 de la Secretaría de Bienestar, el 15.8 por ciento de la población de dicha entidad presenta carencia por acceso a calidad y espacios de la vivienda, y 35.5 por ciento carencias por acceso a los servicios básicos en la vivienda.

En el sur de Mérida existen cinco asentamientos irregulares principales, que se ubican en las cercanías de colonias como Nueva San José Tecoh, Emiliano Zapata Sur III, Dzununcán, La Guadalupana y El Roble, donde se encuentra el asentamiento denominado Roble Agrícola que se encuentra en disputa por ser propiedad privada.

De acuerdo con datos de la dirección de Desarrollo Social del Ayuntamiento, en 2021 habitaban un promedio de 400 familias en cada uno de los asentamientos. La mayoría de las familias están encabezadas por madres solteras o están formadas por parejas jóvenes que invaden un terreno y construyen una pequeña casa con madera, láminas y cartón, con la esperanza de que algún día, las autoridades regularicen los predios y ellos puedan obtener una propiedad. Sin embargo, a pesar de las promesas de campaña de Vila, hasta ahora esto no ha sucedido, tal y como lo dio a conocer el mismo Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY).

No obstante, las razones que llevaron a algunas personas a formar los primeros asentamientos irregulares en Yucatán, pueden no ser las mismas que hoy en día están haciendo crecer el problema en la entidad.

Desde principios de la campaña de Vila, una de las promesas tenía que ver con regularizar los terrenos a los habitantes de los asentamientos ubicados en lugares pertenecientes al gobierno estatal. Para ello, el Instituto de la Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) se comprometió a regularizar a los habitantes de ciertos predios como es el caso del ubicado en Flamboyanes, Progreso.

En dichos terrenos, propiedad del IVEY, al menos 80 familias que vivían ahí aseguraron que habían firmado un contrato con la dependencia en el cual se comprometían a pagar por sus predios entre 25 mil y 36 mil pesos. Sin embargo, los pobladores también denunciaron que las mismas autoridades del IVEY desalojaban las casas de algunos habitantes que se encontraban fuera por su trabajo y metían a otras familias, lo que estaba causando conflictos en la zona.

FALSOS PARACAIDISTAS

Uno de los asentamientos con más conflicto es el denominado Roble Agrícola, esto porque se trata de terrenos que no le pertenecen al IVEY sino a colonos del ejido Cinco Colonias.

Desde 2020, los ejidatarios presentaron una demanda en contra de los paracaidistas e incluso aseguraban que el titular del Instituto de la Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY), César Escobedo May, se había comprometido a pagar 18 hectáreas que fueron invadidas en la colonia Roble Alborada, y ofreció hacerlo antes de que concluya la actual administración; sin embargo, hasta la fecha, los colonos no han tenido respuesta por parte de las autoridades.

Según los ejidatarios, tanto el mandatario estatal como el presidente municipal de Mérida, Renán Barrera Concha, han estado haciendo uso de paracaidistas para despojarlos de unas 18 hectáreas de tierras.

Además, acusan al mandatario estatal de hacer caso omiso a sus peticiones, pues también denunciaron que los invasores sólo hacen una casa de cartón para venderla a otras personas en un precio de entre 15 y 20 mil pesos, pese a que los ejidatarios de Cinco Colonias cuentan con el título de propiedad del ejido.

Los colonos afirman que se siguen construyendo casas en sus tierras e incluso señalan que el gobierno les ha proporcionado a los invasores algunos servicios básicos como agua y luz. Pero más grave aún es que, de acuerdo con los ejidatarios, las autoridades del IVEY siguen otorgando las supuestas escrituras a los paracaidistas, que son orquestados por funcionarios del Ayuntamiento de Mérida y del propio Gobierno del Estado, que siguen haciendo propaganda política al otorgar terrenos que son propiedad privada a paracaidistas.

Tal parece que los paracaidistas son parte de la estrategia tanto del gobierno municipal como estatal para apoderarse de las tierras de los ejidatarios, pues han seguido un modus operandi que consiste en llevar a personas foráneas para invadir terrenos ejidales.

Después, las familias humildes que habitan en los asentamientos irregulares comienzan a delimitar el área, levantan pequeñas viviendas con palos, cartón y láminas de zinc. Luego de un tiempo, estas edificaciones son derribadas, las autoridades recuperan los terrenos invadidos, para después tumbar las endebles viviendas y quedarse con el terreno ya trabajado, para posteriormente venderlo. A los invasores les dan solo un pequeño pago.

Por otra parte, dichos asentamientos irregulares también están dañando al medio ambiente; por ejemplo, existen también paracaidistas que se han asentado en terrenos de la Ciénega de Chicxulub, lo que ha cambiado drásticamente el ecosistema, y está afectando a la flora y fauna silvestres.

Lo que está sucediendo en esta región, gracias a la pasividad de las autoridades, es que –como los espacios de la orilla de la ciénaga están completamente ocupados– decenas de personas prácticamente se metieron hasta 100 metros “agua adentro”, arrojan escombros y materiales para rellenar y construir encima, lo que ahuyenta a las especies nativas y destruye la flora de la región. 

La necesidad ha llevado a estas familias a construir sus viviendas en una zona sumamente peligrosa, en la que incluso habitan lagartos y todo tipo de alimañas.