#EnPortada | PROTEGE A LA MAFIA AGRARIA

 

Mérida, Yucatán.- El gobernador yucateco, el panista Mauricio Vila Dosal, disfraza la dispersión de millonarios recursos a integrantes de la mafia agraria de la Península de Yucatán.

A través del contrato de servicios SAF/SARH/LP/0002/-00/2022, el mandatario estatal entregó 10 millones 886 mil 333 pesos, a la empresa AiTelecom, S.A. de C.V., propiedad de Orlando Castillo Trelles, vinculado a la compra de tierras con dinero desviado de recursos públicos.

Castillo Trelles podría ser solo uno más de los prestanombres que la mafia agraria tabasqueña que encabezó José Manuel Sáiz Pineda, brazo ejecutor del exgobernador de Tabasco Andrés Granier Melo (2007-2012), que utilizó para el despojo de más de dos mil hectáreas en Kanasín entre 2012 y 2013; más en 2018 su nombre figuró como el principal artífice del saqueo de tierras ejidales en Hunucmá, Yucatán.

Nada de eso importó para que Vila Dosal le adjudicara el contrato millonario a la empresa conformada ante el Registro Público de Comercio de la ciudad de Mérida, Yucatán, el día 15 de diciembre de 2004, según consta en el Folio Mercantil Electrónico 41902, la cual manifiesta contar con el Registro Federal de Contribuyentes AIT0408163C2 y ser propiedad de los hermanos Jorge Orlando de Jesús y Mariana Castillo Trelles, así como de Fernando José Rodríguez Villareal.

Con un objeto social enfocado en la “Compra, venta, renta, asesoría, mantenimiento, servicio, partes, insumos, suministros, circuitos, accesorios, renta de todo tipo de maquinaria, instalación, reparación, contratación de mano de obra, llevar a cabo por cuenta propia o por terceros los servicios inherentes de todo tipo de señales, seguridad, desarrollo tecnológico, mecánico, electrónico, civil, amplio y suficiente”. 

Así como la “Importación, exportación y comercialización, mayoreo y menudeo de toda clase de accesorios, desarrollo, utilización pública y privada de acuerdo con las normas legales vigentes de sistemas de telecomunicaciones, equipos de cómputo, redes, telefonía, voz, datos; y la prestación o contratación de servicios técnicos, consultivos y de asesoría de toda especie”.

El 8 de febrero de 2022, el gobernador del estado la benefició con 10 millones 886 mil 333.62 pesos. Dinero que presuntamente habrá de servir a Orlando castillo Trelles para la futura compra de tierras ejidales bajo encargo de Vila Dosal.

Por lo que el concepto de la entrega millonaria se disfrazó bajo el supuesto concepto de “Prestación del servicio respecto a la adquisición de infraestructura y soluciones informáticas”, adjudicado bajo el supuesto fallo de la Licitación Pública No. SAF-STIC-SOLUCIÓN INFORMÁTICA-01-2021, con vigencia del 8 de febrero al 30 de junio de 2022.

De acuerdo al contrato, el servicio sería distribuido en un total de 56 “lotes”, comprendidos todos ellos en el suministro, instalación y configuración de diversos switchs, radio bases de comunicaciones, cableado estructurado, sistemas de energía, además del mantenimiento de torre de comunicaciones y a la infraestructura existente del equipo de climatización del site de comunicaciones, entre otros. 

Y aunque la primera cláusula del acuerdo, claramente informa que el proveedor se obliga a “aplicar su capacidad y conocimiento para cumplir satisfactoriamente con el citado servicio, responder de la calidad del mismo y de cualquier responsabilidad en la que incurra, así como responder por los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia se cause a la Subsecretaría de Administración y Recursos Humanos (el ente contratista)”, todo pareciera haber sido una farsa, al ser servicios que nadie pudo confirmar se hayan llevado a cabo, o bien fueron claramente pagados a sobreprecios.

El acuerdo otorgado por el ejecutivo estatal, Mauricio Vila Dosal, fue avalado por Rubén de Jesús Arjona Ortiz, subsecretario de Administración y Recursos Humanos, y Rodrigo Solís Pasos, Subsecretario de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, en beneficio de Jorge Orlando de Jesús Castillo Trelles.

Quien además de ser director de la empresa AiTelecom, la cual se promociona como una empresa mexicana orientada al desarrollo de productos e implementación de proyectos en telecomunicaciones; también figura como director de Apco Networks, y es vicepresidente de Telecomunicaciones en la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI) Sureste. 

Además, quizá a consecuencia de su “carrera” como prestanombres de la Mafia Tabasco y promotor directo de un saqueo de tierras en el municipio de Hunucmá, Yucatán en 2018, el empresario favorecido con 10.9 millones de pesos por brindar “soluciones informáticas” al gobierno de Vila Dosal, tiene abierto el expediente de amparo 783/2020 presentado en el Décimo Cuarto Circuito del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Yucatán, con fecha de último acuerdo, 16 de marzo de 2021.

Y es que el 11 de marzo de 2018, salieron a la luz pública los reclamos de un grupo de ejidatarios de Hunucmá, Yucatán, al dar a conocer que la ex directiva ejidal, que encabezó Víctor Canul Gómez, indujo a los ejidatarios a vender a precios irrisorios sus tierras, y en el colmo del saqueo, a muchos de ellos les quitaron parte del dinero que debían cobrar, con la excusa de que no aparecían en el padrón ejidal, según denunciaron socios del grupo ejidal No. 6.

Dichos socios, identificaron a Orlando Castillo Trelles, como el “empresario” que les habría comprado las tierras obligándolos a firmar papeles en blanco, bajo la amenaza de que a quien no lo hiciera así, no se le pagarían los 15 mil pesos por hectárea que les prometió.  

El mismo operador de la mafia agraria que opera en la Península de Yucatán desde hace al menos una década, también habría comprado tierras ejidales que correspondieron a los grupos 5, 8 y 14. 

Más su historia como falso ejidatario se remonta años atrás. En julio de 2013, se nombre se vinculó entre otros muchos presuntos ejidatarios, en la compra irregular de tierras ejidales en Kanasín, Yucatán, adquiridos con recursos desviados por el exgobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, a través de quien fuera su secretario de Administración y Finanzas, José Manuel Saiz Pineda.

Este grupo de criminales de cuello blanco habría lavado cientos de millones de pesos en ese municipio, derivado de un megafraude institucionalizado con la presunta participación de autoridades yucatecas como la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco y Rolando Zapata Bello, así como de empresas fantasma del actual gobernador Mauricio Vila Dosal.

A través de asambleas ilegales, quien fuera el principal operario del saqueo brutal al estado de Tabasco entre 2007-2012, valuado en al menos 17 mil millones de pesos (entre ellos un faltante de 196 millones 918 mil 209 pesos y 60 centavos del sector salud pertenecientes al ejercicio fiscal 2010), José Manuel Saiz Pineda, operó en Yucatán como falso ejidatario junto a sus socios yucatecos Lorenzo de Jesús Medina González, y los hermanos Esteban y Rafael Correa Bolio, para adueñarse de poco más de dos mil hectáreas en Kanasín, las cuales compraron con el dinero robado al pueblo tabasqueño, y como prestanombres del exgobernador tabasqueño.

En este despojo participaron las empresas yucatecas: Bienes Raíces Supreme, S.A. de C.V., propiedad de Esteban Correa Bolio y Lorenzo de Jesús Medina González, accionistas de la Unión de Crédito Integral del Golfo, S. A. de C. V.; Desarrollo RDG, cuyos socios son Rodrigo Díaz Gutiérrez y Rommel Daniel Sánchez Angulo, y Grupo Hogare, S. A. de C.V., de Juan Manuel Ponce Díaz y nuevamente Rommel Daniel Sánchez Angulo.

Mismas que se asociaron para conformar “Patrimonio Kanasín”, donde también opera Pedro Solís Millet, íntimo amigo del gobernador Mauricio Vila Dosal, lo que no es de extrañar por qué el ejecutivo estatal no ha tocado el tema de las mafias agrario-inmobiliarias de Yucatán, en la que están involucrados empresarios y políticos yucatecos, además de los tabasqueños citados y de otras entidades federativas.

“Patrimonio Kanasín”, fue creada ex profeso para comercializar las tierras y lavar el dinero robado por el Grupo Tabasco. 

De hecho, este tema ha sido ampliamente documentado, al ser este saqueo una forma más de lavar dinero proveniente del saqueo a las arcas públicas, que posteriormente es utilizado para proveer de recursos monetarios a candidatos políticos.

Entre los habitantes yucatecos que se prestaron para este saqueo agrario de Yucatán figuran: Rafael José Correa Bolio (quien sólo él se llevó 116 hectáreas), Jeny Alejandra Chan Rosado –prestanombres de Lorenzo Medina González y Esteban Correa Bolio– (213 has), Mercedes de los Ángeles Pérez Albornoz, Gustavo Fidel Niquete Güémez, Augusto Gallegos Julián, Abel Ramón Ordaz Rosado, Carlos Correa Negrete y Eduardo Ancona Cámara. 

Un segundo grupo fue conformado por Mauricio Martínez Zapata, Giovanni Rafael Castaldi Fitzmaurice, Rubén Castellanos Ríos, Sergio Mauricio Menéndez Martínez, Hernán Felipe Hevia Novelo, Jorge Alberto Heredia Trujillo, Francisco Antonio Rivero Laviada, Hortencia Margarita Salazar Domínguez, Guillermo José Ortiz Abraham, José Antonio Abraham Canto, Alberto Delgado Bechara, Abraham Elías Salomón Nechar, Hernán Alberto Conde Barahona, Raúl Alfredo Sánchez Cámara, Miguel Enrique Cámara Cámara, Manuel Jesús Gil Santos, Alberto García Cárdenas y Alejandro Hadad Pinelo. Además de Jorge Armín Escalante y Zapata, Adán Enrique Avilés Sierra, Cristina Andrea Ocampo Espinosa, María Virginia Salas Salazar. 

Por su parte, otro grupo de supuestos parceleros fue conformado por Mario Eduardo Fajardo López, Manuel Jesús Sánchez Fuente, Eduardo Ancona Cámara, José Magdaleno Capetillo Caballero, Jorge Alberto Flores Flores, José Enrique Fernández Martín y el flamante experto en redes tecnológicas a quien Vila Dosal entregó en febrero de 2022 cerca de 10.9 millones de pesos, Jorge Orlando de Jesús Castillo Trelles. 

Los encargados de hacer los pagos eran José Manuel Saiz Pineda, su padre Juan José Sáiz Zarza, Lorenzo de Jesús Medina González, Marvi Javier Carrillo Góngora, Antonio Israel de Guadalupe Osorio Loría y Francisco Humberto Cob Baeza. 

En su momento, tanto la Procuraduría Agraria, como la CORETT y la Sedatu, habrían asegurado que ésta y otras superficies compradas con recursos de procedencia ilícita por los socios de Granier Melo eran susceptibles de ser reintegradas al núcleo ejidal. 

Sin embargo, de las poco más de dos mil hectáreas adquiridas bajo engaños y a razón de 20 mil pesos el metro cuadrado, en Kanasín, alrededor de mil fueron enajenadas en transacciones de compra-venta entre diversos compradores, y las otras mil pasaron a poder de “Patrimonio Kanasín”, empresa creada ex profeso para lavar dinero. 

Por ello, aun después de haber sido encontrados culpables del delito de peculado y desvío de recursos públicos y haber pisado la cárcel por cinco años (Andrés Granier Melo) y seis años (José Saiz Pineda), hoy ambos gozan de libertad y son dueños de inmensas fortunas e inversiones en toda la Península de Yucatán. 

Así pues, tanto le gustó al experto en redes informáticas el negociazo del saqueo de tierra a ejidatarios yucatecos mediante engaños, que años después, a principios de 2018, llegó a Hunucmá, Yucatán, como operador para la compra de tierras de un grupo de ejidatarios a quienes, en el colmo del saqueo, obligó a firmar papeles en blanco, bajo amenaza que de no hacerlo, no cobrarían los 15 mil pesos por hectárea acordados con los ejidatarios.

Actividad fraudulenta al por mayor, desde que la compra representó un valor por metro cuadrado de apenas un peso con 50 centavos, a los que en el futuro una vez fraccionadas las hectáreas en predios residenciales, cada metro cuadrado alcanzaría valores de 500 pesos o más.

Aun así, el gobernador Mauricio Vila Dosal, no tuvo reparo en entregarle un contrato millonario a este sujeto de siniestro pasado, presunto despojador de tierras y socio de triquiñuelas del infame Grupo Tabasco que llegó a Yucatán la década pasada a comprar tierras al por mayor, a cambio de migajas.