#EnPortada | EDITORIAL: LA MAFIA DEL DESPOJO

 

Una red integrada por notarios públicos, funcionarios de todos los niveles y empresarios meridanos realiza nigrománticas “resurrecciones” para comprar ejidos a los muertos, altera actas de reuniones ejidales, lleva a cabo asambleas apócrifas y manipula el Registro Público de Propiedad para concretar despojos de tierras en Yucatán. Sobre este grupo pesan múltiples denuncias, pero todos parecen estar de acuerdo, porque las autoridades no han detenido a ninguno de los involucrados en estos actos de rapiña. 

Eso sí, el gobierno de Mauricio Vila Dosal sabe que se potenciará con el Tren Maya el boom inmobiliario y por ello aceleran el despojo a los más pobres, al arrebatar miles de hectáreas de tierra ejidal a precios ridículos y bajo amenaza, con la venia de todas las dependencias públicas que se han convertido en títeres de la mafia inmobiliaria que opera en el Estado. 

En las acusaciones y denuncias de los ejidatarios, aparecen los nombres de los notarios públicos No. 15, Alejandro José Monsreal Rodríguez; No. 45, Mauricio Alberto de Jesús Tappan y Repetto; No. 35, Ayisa Golib Ferrón, No. 89, Manuel Emilio García Ferrón; No.97, Carlos Tomás Goff Rodríguez; No. 98, Juan Carlos Monforte Méndez;  No. 84, Mario Javier Canto Gómez; No. 5, José Eduardo Navarrete Herrera, entre otros.

También los empresarios Juan Manuel Ponce Díaz, José Antonio Loret de Mola Gómory, Carlos Abraham Mafud, Mario Millet Encalada, Gabriel Millet Peón, David Lago Ancona y Armando Palma Peniche, así como familiares de políticos, como Luis Alberto Sierra Sauri, hijo de la exgobernadora, Dulce María y Miguel Ángel Moreno Cárdenas, hermano del líder priista “Alito” Moreno.

Estos son tan solo algunos de los presuntos miembros de la “mafia del despojo” que opera en Yucatán, bajo la protección de Vila Dosal, pues es imposible que todo esto ocurra sin que él no sepa algo al respecto y sobre todo no se castigue a los responsables. Pero un nombre destaca y es el vínculo de corrupción entre todos estos traficantes de tierras: El abogado Rafael Acosta Solís.

Desde Motul hasta Valladolid, Acosta Solís ha sido acusado de participar en el robo de cientos de miles de hectáreas de tierras ejidales en Yucatán, con el uso de prestanombres, grupos de choque, extorsiones, amenazas y engaños, por lo que los ejidatarios exigen justicia y una exhaustiva investigación sobre los hechos.

Rafael Acosta Solís es el nombre que resuena en las demandas hechas por diferentes municipios de Yucatán, en donde los ejidatarios acusan a este hombre de ser el responsable del robo de tierras en el Estado, comandando un grupo de empresarios, abogados y bandidos.

Incluso, ante la indiferencia de los gobiernos municipales y el estatal ante sus demandas, cada vez son más los ejidatarios que viajan hasta Palacio Nacional para exponer esta alarmante situación al Presidente, como en el caso más reciente del ejido de Ticimul, donde un solo empresario les robó más de 200 hectáreas a los campesinos de dicha comisaria.

También hay que recordar que, en septiembre del año pasado, ejidatarios de Seyé, Texán y Anexas, Hunucmá, Ixil, Yaxkukul, Celestún, San Ignacio, Motul, Baca, Muxupip, Samahil, Izamal y Hocabá, crearon una comisión especial para trasladarse a la Ciudad de México en busca del apoyo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre este problema.

Pero Acosta Solís no es más que un brazo ejecutor, uno de los múltiples operadores que actúan en complicidad con corruptos comisarios ejidales para arrebatarles las tierras que por generaciones le han pertenecido a los afectados. Es aquí donde cabe preguntarse: ¿De quién es la mano que maneja los hilos?   

Los campesinos de Yucatán han sido traicionados por su propio gobernador, a quien solo le importa regresar los favores a los que lo hicieron llegar al lugar donde está, sin importarle cuantos derechos y leyes atropelle en el camino.

Yucatán, “el Estado más seguro del país”, actualmente se encuentra en manos de saqueadores, que no dudan en arrebatarle las tierras al pueblo para aumentar su riqueza, consiguiendo terrenos de forma ilícita para remunerar millones revendiendo las tierras a inmobiliarias, aprovechando la campaña “365 días en Yucatán” y el boom inmobiliario.

A cuatro años del inicio de su administración, hoy más que nunca se evidencia que Vila Dosal no trabaja para los yucatecos, sino que tiene como operador a Acosta Solís, y que todos son parte de la “mafia del despojo” que ha creado una red de complicidades para realizar jugosos negocios inmobiliarios.