#EnPortada | ¡TRAFICANTES DE TIERRAS!

 

Mérida.- Son 17 notarios públicos y cuatro escribanos quienes están en la mira del Gobierno Federal por su presunta relación en la falsificación de firmas en favor de lavadores de dinero y empresarios que han despojado de tierras agrícolas a los campesinos; incluso, uno de ellos, fue citado por el Tribunal Unitario Agrario número 34, (TUA).

Ejidatarios de Celestún han declarado ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA), en contra de traficantes de tierras en el Estado y del notario público Raúl A. Pino Navarrete; e incluso, solicitaron pruebas periciales en materia de grafoscopía y dactiloscopia con la finalidad de que la autoridad se dé cuenta que sus firmas fueron falsificadas.

Pino Navarrete, al igual que los otros 16 notarios y los escribanos, han sido denunciados ante el Tribunal Unitario Agrario por los mismos motivos de falsificación de firmas y alteración de las huellas dactilares, y son señalados por las víctimas como cómplices de los lavadores de dinero que se dedican a despojar de sus tierras a los campesinos, por lo que caerán cabezas, tal como sucedió en Michoacán, en donde sentenciaron a un notario por la misma situación.

La magistrada Lilia Isabel Ochoa Muñoz, cuando fue titular del Tribunal Unitario Agrario número 34 con sede en esta ciudad, en entrevista exclusiva con Sol Yucatán, señaló que llamaría a declarar a los notarios y a su vez notificaría a la Secretaría de Gobernación, toda vez que estos fedatarios podrían perder su licencia para ejercer en esta profesión.

La función de cada uno de los titulares de estos despachos es revisar el origen de los predios, si fue de particular o a través de Asamblea de Ejidatarios para poder prestar un servicio, toda vez que se debe cumplir con todas las formalidades de la Ley Agraria, y que no exista ningún impedimento de los campesinos de cualquier ejido.

Desde el año 2015, los empresarios, traficantes de tierras o lavadores de dinero se han coludido con excomisarios ejidales y presidentes municipales, también lo han hecho con notarios y funcionarios de las diversas dependencias federales, estatales y municipales, lo cual confirmó este medio de comunicación y por señalar a solo uno de los alcaldes está el caso de William Jesús Gorocica Falcón, de Yaxkukul.

En poco más de 23 ejidos como Seyé, Ixil, Baca, Samahil, Texán y Anexas en Hunucmá, Umán, Valladolid, Izamal, Yaxkukul, Acanceh, Chapab, Motul, Muxupip, Celestún, Chemax, Chocholá, Conkal, Halachó, Hocabá, Maxcanú, Cholul, San Ignacio de Progreso, Tamanché de Mérida, San Matías Cosgaya, entre otros, les han robado más de 110 mil hectáreas.

El notario público número 15 con residencia en Mérida, Alejandro José Monsreal Rodríguez, ha realizado 24 escrituras de compra-venta, todas del ejido de Seyé.

Monsreal Rodríguez ignora el origen de los predios e incurre en una falta de profesionalismo y ética, por lo que le corresponde a la Secretaría de Gobernación llevar a cabo las indagatorias para tomar las medidas competentes.

Otro notario que ha cometido la misma falta en Seyé, es la licenciada María del Carmen Baltazar Arceo, quien también está relacionada con el caso de San Matías Cosgaya.

También en la lista negra se encuentra Mauricio Alberto de Jesús Tappan y Repetto, titular de la Notaria 45, quien ha realizado tres contratos con tierras de Seyé, le siguen otros notarios como Ayisa Golib Ferrón con cinco casos de escrituras de compra-venta, de la Notaría 35, las dos ubicadas en Mérida y Manuel Emilio García Ferrón, notario número 89, en Motul quien ha realizado tres escrituras de compra-venta.

La Notaría 97, con sede en Tekax, a cargo de Carlos Tomás Goff Rodríguez, con cuatro escrituras de compra-venta; notario número 98 con residencia en Hunucmá, Juan Carlos Monforte Méndez con dos asuntos; notario público número 84 con sede en Mérida, Mario Javier Canto Gómez, con dos casos; notario número 5 de Mérida, José Eduardo Navarrete Herrera, con dos escrituras de compra-venta.

Los siguientes, tienen solamente un caso de escrituración de compra-venta: Notario número 2, Héctor José Victoria Maldonado; notaria número 22, Judith Josefina Zumárraga Meléndez; notario número 29, Brigido Sánchez Aguilar; notario 68, Hernán Cetina Lizárraga; notario número 80, Luis Fernando Rodríguez Chavarría; la notaría número 83 también a cargo de Roger Alfredo Méndez Lara; así como José Luis Villalobos Bustillos de la notaría número 57 todos con sede en Mérida; notario público 93 en Valladolid, Miguel Jesús Sarabia Pérez.

También están involucrados los siguientes escribanos: La número 1 con sede en Ucú, a cargo de Alberth Yadir de Jesús Córdova López con dos casos de escrituración de compra-venta, sin embargo, en ambos asuntos está coludido el expresidente municipal Pedro Pablo Paredes Pereira, quien recibió como pago por haber firmado la anuencia varios terrenos al igual que su hijo Pedro Porfirio Paredes Carrillo.

La escribanía número 1, ubicada en Cenotillo, a cargo de Jorge Alberto Alamilla Castro, la escribanía número 1 en Dzoncauich, de Evelio Castañeda Oy y la escribanía número 1 con sede en Motul a cargo de Brigido Celis Oll, estos últimos tres con un caso de escrituración de compra-venta.

Las investigaciones periodísticas de Sol Yucatán han permitido detectar que los pseudoempresarios y abogados como Rafael Acosta Solís, Alejandro Escoffié, Armando Ceballos Chávez, Elidé Silveira Hau, Xail González Alpuche y Flor Mendoza, entre otros, han querido “despistar” a las autoridades para no ser investigados por este tipo de delitos, contratando los servicios de los notarios públicos localizados en distintos puntos de la geografía yucateca, aunque esta Casa Editorial los ha podido encontrar fácilmente.

Todos estos abogados trabajan en coordinación con Acosta Solís, bajo las órdenes de pseudoempresarios traficantes de tierras para la compra de terrenos ejidales a precios irrisorios.

Como el caso de Mario Millet que estafó a campesinos de Samahil con la compra de dos mil hectáreas a cuatro pesos el metro cuadrado.

El Gobierno Federal ya tiene conocimiento de quiénes son los fedatarios públicos que se han prestado para falsificar firmas y documentos en favor de los despojadores de tierras e investigará todos los casos.

EN MICHOACÁN, EMPEZARON A CAER NOTARIOS

Luego de que el Gobierno del Estado a través del Diario Oficial diera a conocer presuntos actos de corrupción del notario público número 6 con sede en la ciudad de Uruapan, David Gálvez Hernández, ordenó el cese de sus funciones y clausura de protocolo de su notaría.

También se integran 15 quejas presentadas en la Dirección del Archivo General de Notarías del Gobierno de Estado, las cuales son relativas al modus operandi del notario que consiste, presuntamente, en suplantar personas que se hacen pasar por el legítimo propietario y falsifican las firmas para efectuar las compra ventas, de lo cual se dan cuenta las víctimas cuando ya están inscritas las escrituras en el Registro Público de la Propiedad.

Las quejas y denuncias no han sido resueltas a pesar de que son desde el 2015 hasta el 2020, causando un detrimento patrimonial muy cuantioso a las víctimas.

Existen actos que verdaderamente transgreden la ley y buena fe que un notario público debe de tener, pues en la queja registrada bajo el número 17/2017 y en la carpeta número 1003201734014 iniciada en la Fiscalía Regional de Morelia, ha quedado establecido que cuando fue protocolizada la supuesta compraventa de dos inmuebles, el propietario fue asesinado y el notario público Gálvez Hernández a pesar de estar enterado de los hechos convalidó las supuestas compraventas sin la firma del vendedor, mencionando únicamente que no había acudido, según obra en documentos oficiales en poder de este medio de comunicación.

También este notario cobró impuestos al fallecido y se anexó a la escritura la identificación oficial del vendedor la cual le fue robada al finado según consta en la carpeta de investigación que lleva a cabo la Fiscalía de Homicidios que, por cierto, no ha logrado esclarecer el caso registrado en la capital michoacana a pesar de que hay probables responsables, según revelan los documentos oficiales.

Ante tales hechos constitutivos de delito, la Fiscalía ha tardado más de cinco años en hacer un dictamen, cuando el titular de la institución ha presumido con bombo y platillo tecnología de punta, lo que revela claramente que la justicia pronta y expedita es solo una falacia, y la pregunta que se hacen las víctimas es:

¿Cuándo la Fiscalía va a resolver todos estos hechos constitutivos de delito que están a punto de prescribir por la falta de atención?

Asimismo, este notario ya había sido suspendido un año por actos similares donde se le comprobó que estaba inmiscuido en actos de suplantación de personas y falsificación de firmas. En aquella ocasión le clausuraron su notaría el 12 de diciembre de 2012.