#EnPortada | COLUMNA DE SOL YUCATÁN :UN ESCÁNDALO A GRITOS EN YUCATÁN

 

Las maniobras oscuras para silenciar lo que es un escándalo a gritos en Yucatán, y cada vez más en el país, han llamado la atención de organizaciones internacionales defensoras de la libertad de expresión y de los derechos humanos presentes en México. 

Hablamos de la fiebre del oro, en que se ha convertido el despojo de tierras, la reventa, especulación y lavado de dinero a través de los ejidos yucatecos, pasando por encima de los ejidatarios (inclusive a través de la violencia) que se oponen a dichas maniobras o que simplemente quieren conservar lo que la Revolución Mexicana les entregó: la tierra.

La propaganda que vende a Yucatán como la tierra prometida de la paz, de la armonía, de la justicia, se ve rota cada vez más en la medida de que las noticias sobre los despojos, auténticos robos de tierras, y de propiedades e inmuebles en el Estado, se multiplican. 

Por tal motivo, abogados y pseudoempresarios (o ex funcionarios públicos) han decidido atacar a algunos medios de comunicación por la vía judicial, con la complicidad, inequívoca, de autoridades del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado de Yucatán. El objetivo es silenciar, amordazar a los medios de comunicación yucatecos, utilizando figuras como el “daño moral” o la “difamación” por la vía civil o penal.

Al hostigar judicialmente a algunos medios, se advierte a la mayor parte de los periodistas locales y empresas de información que podrían enfrentar costosos y desgastantes procesos legales que se alargan por años, gracias a la complicidad de magistrados y jueces.

Como señalan Propuesta Cívica, Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de Periodistas, en un comunicado dado a conocer el lunes 30 de mayo, en el pasado mes de noviembre de 2021 se admitió una demanda por daño moral en contra de diversos medios digitales, entre los que se cuenta Infolliteras.com, por supuestas “afectaciones generadas en el patrimonio moral del empresario Rafael Acosta Solís, derivado de la publicación de diversas notas periodísticas donde se hacía referencia a conflictos entre este personaje y ejidatarios de Samahil, Yucatán, los días 4 y 5 de septiembre de 2019”.

Asimismo, señala que “en cuanto a la secuela procesal del juicio civil, se tiene conocimiento que a la fecha solo se ha notificado al medio de comunicación Infolliteras, sin que se tenga conocimiento de que el Poder judicial estatal haya emprendido las gestiones necesarias para realizar las notificaciones de los medios de comunicación y periodistas restantes, para responder a la demanda presentada en su contra y así dar continuidad al juicio civil”.

Por otro lado, añade el comunicado de marras, “se tiene conocimiento de una investigación penal seguida ante la Fiscalía general de Justicia de Yucatán por la probable comisión del delito de difamación, derivado de publicaciones relacionadas con posibles actos de corrupción de la ex sub directora de la Secretaría del Medio Ambiente de Yucatán, Leticia Noemí del Socorro García Maldonado, a través de la cual se han acosado a diversos medios yucatecos, solicitando información sobre la nota periodística e incluso solicitando la eliminación de la nota o aquellas relacionadas con dicho caso por orden de la juez de control del Primer departamento judicial de Yucatán, Blanca Beatriz Bonilla González”.

Las organizaciones citadas afirman que “se recuerda al Poder judicial de Yucatán, que tanto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han señalado que las controversias en materia civil entre periodistas y personas con proyección pública que alegan daño moral en su contra derivado de publicaciones de reportajes, notas o columnas, deben ser analizadas desde los estándares de malicia efectiva, así como al estudio de las publicaciones desde los estándares de veracidad, imparcialidad y neutralidad en la información divulgada.

 Asimismo, se hace un llamado a las autoridades de impartición de justicia a abstenerse de iniciar investigaciones o procesos penales por los delitos de difamación y calumnia, al ser tipos penales contrarios a los estándares de protección a la libertad de expresión dentro de una sociedad democrática, mismos que han sido declarados inconstitucionales e inconvencionales”.

Y añaden: “Recordamos que la Comisión interamericana de derechos humanos ha precisado que la presentación de denuncias penales y/o demandas de responsabilidad civil en contra de periodistas y medios de comunicación genera un efecto inhibitorio para las personas demandadas y sus colaboradores, lo cual perjudica el flujo de información en una sociedad democrática y genera angustia por la posible sanción penal o civil que pudiese generar tales acciones legales.

 Las responsabilidades ulteriores por el ejercicio de la libertad de expresión deben ser proporcionales e impuestas una vez se tenga certeza que existió negligencia o falta de cuidado en la corroboración de información”.

Por último, el comunicado hace un llamado tanto al Poder Judicial de Yucatán como a la Fiscalía General del Estado de Yucatán a “garantizar la máxima diligencia en las secuelas procesales del juicio civil 389/2021, asegurándose que los conflictos entre la libertad de expresión y la protección a la honra y dignidad de personas con proyección pública sea decididos a través de los estándares constitucionales de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación” y a “abstenerse de iniciar y continuar las denuncias que sean presentadas por hechos supuestamente constitutivos de los delitos de difamación y calumnia, toda vez que han sido declarados contrarios a los estándares de protección de la libertad de expresión”.

La guerra contra los medios de comunicación en Yucatán para seguir vendiendo y despojando el Estado, exige silenciar a los medios de comunicación y periodistas, que dan voz a ejidatarios que denuncian atropellos y violencia.