#EnPortada | AUTORIZAN FRAUDES

 

Tizimín.- El cinismo de algunos alcaldes para desviar recursos públicos no tiene límites. Tal es el caso del expresidente municipal de Tizimín, Jorge Alberto Vales Traconis, quien en 2018 prácticamente desfalcó a su municipio por 1.2 millones de pesos para un servicio que, por donde se vea, no tiene pies ni cabeza.

El cómplice del exedil en esta ocasión se trató del empresario José de los Ángeles Salazar G. Cantón, quien solo por elaborar un proyecto de construcción, se embolsó un millón 250 mil pesos. Lo más indignante es que el dinero provino del Ramo 33, un fondo, en teoría, destinado las comunidades más vulnerables.  

De acuerdo con el contrato número FAISM-096-PE-009-2018, celebrado el 5 de marzo de 2018, el ayuntamiento de Tizimín aprobó el fallo a favor de la empresa Constructora Progreso Yucateco, S. de R.L. de C.V., para llevar a cabo la obra denominada “Elaboración de proyectos ejecutivos de obra ejecutada con infraestructura 3%”.

Si bien los primeros focos rojos aparecen desde el ambiguo nombre de la obra, con la justificación ya no quedan dudas de que estamos ante un franco desvío de fondos: “el Municipio requiere los servicios profesionales de un especialista en construcción para la elaboración de proyectos procedentes del Ramo 33 (FAISM 2018) del municipio de Tizimín, Yucatán”.

Es decir, 1.2 millones de pesos, provenientes de un fondo destinado a los sectores más vulnerables, terminaron en los bolsillos de un empresario para que diseñe un proyecto para los sectores más vulnerables.

Cabe señalar que un proyecto ejecutivo arquitectónico es un conjunto de estudios que abarca los estudios preliminares, de factibilidad, proyecto arquitectónico, estructural, obra civil e instalaciones. Dichos estudios se ven reflejados en planos, memorias de cálculo y memorias descriptivas que crean las especificaciones y recomendaciones para el desarrollo y correcta ejecución de la obra.

En otras palabras, es la colección de documentos que describen a detalle la obra a construir, así como los procesos a seguir durante su construcción. Es decir, son las instrucciones detalladas para lograr que la obra se construya tal y como fue concebida por el diseñador y aprobada por el propietario.

Asimismo, estas instrucciones pueden ser gráficas, es decir mediante dibujos mejor conocidos como planos, modelos tridimensionales a escala, ya sean maquetas físicas o digitales creadas por medio de computadoras.

De acuerdo con directorios arquitectónicos, consultados en Internet, en 2022 el precio de estos proyectos ejecutivos se encuentra en un rango de precios que va de los 18 mil pesos a los 100 mil pesos, dependiendo del tipo de construcción, la extensión de terreno, la duración de la obra, etcétera.

Sin ir más lejos, actualmente en México el promedio de precios oscila entre los 25 mil pesos y los 80 mil pesos. Por lo que es un auténtico despropósito la suma pagada al empresario José Salazar G. Cantón. Un millón 250 mil pesos por un estudio arquitectónico es absurdo por dónde se vea.

Por otro lado, la empresa Constructora Progreso Yucateco, S. de R.L. de C.V., carece de página oficial, no cuenta con redes sociales y tampoco figura en los principales directorios empresariales y de construcción. El único dato disponible es que la etérea compañía fue constituida el 18 de marzo de 2015.

De igual forma, el domicilio fiscal de la compañía se encuentra en la calle 24 por 15 y 19 de la colonia Montecarlo, en Mérida, Yucatán. Sin embargo, a través de una consulta en Google Maps se puede constatar que en dicha dirección no existe ningún edificio con la capacidad que la constructora declara tener en el documento.

Por si no fuera suficiente (y para agregarle más ambigüedad a esta licitación), la sexta cláusula del contrato señala: “La empresa se compromete a guardar absoluta confidencialidad con respecto a los servicios que preste con motivo del presente contrato”.

En el mismo tenor, el especialista en construcción, José Salazar G. Cantón, contó con 100 días para realizar el proyecto ejecutivo, iniciando el mismo día de la firma del contrato, el 5 de marzo de 2018, para finalizar el 12 de junio del mismo año, lo que nos habla de un acuerdo previo entre el munícipe y el empresario.

Por otro lado, así como no se especifican los trabajos u obras a realizar o entregar, tampoco hay evidencia documental o fotográfica de la finalización de los trabajos realizados, por lo que no se sabe en qué consistieron exactamente y mucho menos si estuvo justificada la millonaria inversión.

Finalmente, la simulación fue consumada por las firmas del entonces presidente municipal, Jorge Alberto Vales Traconis; la secretaria de la comuna, Gabriela Alejandra Gutiérrez Marfil; el director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Edgar Rolando Coronado Febles; y el subdirector de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Christian Oswaldo Poot Reyes. Así como por el “contratista”, José de los Ángeles Salazar G. Cantón.

Como en otras ediciones hemos documentado, el entonces munícipe, Jorge Vales Traconis, encontró en el área de la construcción la excusa perfecta para desviar dinero destinado a obra pública e infraestructura.

Tan solo en la evaluación del ejercicio fiscal de 2018 del ayuntamiento de Tizimín, la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) estimó una posible afectación de 16 millones 296 mil pesos a la hacienda pública. Sin embargo, a pesar de semejante desfalco, la dependencia no aplicó ninguna multa al carismático exalcalde.