#EnPortada | VIENE MEGAFRAUDE DE VILA

 

Se avecina un megafraude cometido por el gobernador Mauricio Vila Dosal en contra de los burócratas así como de los pensionados y jubilados del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey), al vender los terrenos de Ucú sin fiscalización alguna.

Incluso, con los asesores, el titular del Ejecutivo derrochó el poco recurso con que se cuenta, pero es la mejor estrategia que aprovechará el Congreso del Estado para la aprobación de la respectiva ley, y así solucionar “la pesada carga” que Vila Dosal lleva a cuestas.

El gran negocio se prevé en 2023, pues ya hay empresarios interesados en los terrenos que estarán en venta, a un gran sobreprecio, y sólo una parte del dinero será para saldar la deuda del Isstey.

La gran incógnita es cómo se manejará ese dinero, a quién se le informará. Hay que recordar que durante la época de Ivonne Ortega Pacheco desaparecieron 2 mil 500 millones de pesos que estaban depositados en bancos, correspondientes al pago de las cuotas de los burócratas al ISSTEY.

  

Lo peor de todo, a 10 meses de la denuncia interpuesta ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado en contra de directivos del Isstey, el avance es prácticamente nulo, debido al exceso de burocratismo que predomina en la dependencia.

Por ende, es lamentable la lentitud con que se realizan las investigaciones para el deslinde de responsabilidades, ya que la querella es en contra de personal de confianza del gobernador Mauricio Vila Dosal.

En junio de 2021, los integrantes del Grupo Hormiga interpusieron la denuncia número C2/13/2021, por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, en contra de la actual directora del Isstey, María Isabel Rodríguez Heredia, y el subdirector de pensiones, Moisés Eduardo Pacheco Pinelo.

El objetivo de la denuncia es la pena de prisión a los responsables por el delito de uso de atribuciones ilícitas, sin embargo, la querella está “congelada”.

La pena es individual, dirigida a la persona que se le compruebe que realizo el delito señalado, no importando si dejo de trabajar para el gobierno del Estado, la investigación sigue, y demostrar su participación y responsabilidad en el delito de corrupción, además de la pena corporal tiene la obligación de reparar daños a los denunciantes con todo el patrimonio que tengan a su nombre, en caso de no tener patrimonio a su nombre, solo será procedente la pena de privación de libertad.

Estos procedimientos de investigación pueden durar de dos a cinco años, antes de pasar ante un juez penal, que determinará la responsabilidad, aunque suelen ser más cortos cuando existe un cambio de administración en el gobierno estatal.

Cabe destacar que cuando el proceso se judicializa y pasa ante un juez penal de oralidad, la duración depende de la complejidad de las pruebas recabadas, y oscila de entre uno a dos años de juicio.

Incluso, si existieran más responsables del delito, a las personas enjuiciadas se les puede reducir la sentencia si cooperan como testigos con las autoridades para señalar a los autores que desviaron recursos y otro tipo de delitos más graves.

De manera flagrante, Rodríguez Heredia y Pacheco Pinelo violaron los incisos II y IV del artículo 255 del Código Penal del Estado de Yucatán.

Al que cometa el delito a que se refiere el presente artículo, se le impondrán de seis meses a 12 años de prisión y multa de 30 a 150 días-multa.

Para que proceda la prescripción de la acción, es necesario que no exista una inactividad de la carpeta de investigación, es decir que la Fiscalía y los denunciantes no aporten más pruebas, como por ejemplo, declaraciones de más testigos.

Cabe mencionar que en el caso de la denuncia que se presentó, el último acto que dio impulso al procedimiento fue la audiencia de juicio oral efectuada el 22 de octubre de 2021.

Por lo que han transcurrido cinco meses y no fecha alguna para que comience la etapa final de la denuncia interpuesta.

A la actual administración aún le quedan poco más de dos años, y debido a la actitud de Vila Dosal, el documento seguirá congelado, y será la próxima administración la que se encargue de dar el respectivo trámite legal, siempre y cuando está incorporado al PAN.

Para los integrantes del Grupo Hormiga, Vila Dosal es un “depredador, exhibicionista, un político de quinta que no es capaz de resolver un problema, por lo que el cargo le quedó chico, no sólo por su tamaño (estatura)”.

Incluso, también lo tildaron de mentiroso, ya que en noviembre de 2019, Vila Dosal afirmó que el Isstey estaba “quebrado”, cuando en realidad las finanzas eran robustas y contaban con propiedades que pueden resolver su problema financiero.

El gobernador les recriminó el motivo por el cual le tienen que descontar dinero a los pensionados y jubilados, pues “porqué nosotros tenemos que pagar los platos rotos, cuando los corruptos tienen nombres, y si quiere recuperar el dinero, pues que denuncie y meta a la cárcel a los responsables, específicamente, Ivonne Ortega Pacheco y Rolando Zapata Bello”.

Sin embargo, Vila Dosal “prefiere encubrirlos en vez de denunciarlos, lo que lo convierte en un cómplice, forma parte del triángulo de corrupción”.

El 7 de diciembre de 2018, Vila Dosal expresó que “el Isstey es un organismo que está quebrado y que su vida termina en 2021, hay recursos para mantenerlo sólo hasta ese año”.

Advirtió que de vender los terrenos del Isstey, que asciende a dos mil millones de pesos, únicamente se lograría “alargar su agonía” hasta 2024.

Ante la fuerte presión que ejercían los pensionados y jubilados del Isstey, Vila Dosal pretendió minimizar la problemática, por lo que utilizó a los diputados locales del PAN para que interpusieran una denuncia.

De tal manera, el 4 de noviembre de 2019, la bancada del PAN en el Congreso del Estado presentó una denuncia ante la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) contra seis extitulares del Isstey, así como contra un exsecretario de finanzas.

La hoy ex coordinadora de la bancada panista, Rosa Adriana Díaz Lizama, informó que las denuncias son por presunto abuso de autoridad y uso indebido de recursos públicos, lo que provocaron que el Instituto tenga una deuda de más de dos mil millones de pesos.

Aclaró que esta medida se desprende de la solicitud que se hizo durante una sesión del pleno para hacer lo propio contra funcionarios que habrían incurrido en actos de corrupción, pues aseguró que los diputados del blanquiazul “no serán cómplices de este asunto”.

También, refirió que hay un riesgo inminente de quiebra en el Isstey por lo que consideró de importante informar qué fue lo que ocurrió.

Por su parte, el hoy ex diputado Manuel Díaz Suárez, afirmó que las denuncias incluyen a los extitulares del organismo: Víctor Sánchez Álvarez, Nerio Torres Arcila, Zazil Moguel Manzur, Ulises Carrillo Cabrera, Milagros Castro Alcocer y Gabriela Cáceres Vergara.

También, a los exsecretarios de hacienda Juan Ricalde Ramírez y Alfredo Dájer Abimerhi, junto con Fernando Fernández Vargas, director de Contabilidad de la SAF y quienes resulten responsables.

Los legisladores aseguraron que la ASEY investigará la situación que impera en el Isstey y en caso de hallar anomalías, procederá a interponer las denuncias correspondientes, pero hasta el momento, tampoco hay avance alguno.