#EnPortada | DENUNCIA PENAL POR CORRUPCIÓN CONTRA "HUACHO" Y CÓMPLICES
Los seis principales funcionarios de la delegación estatal de la Secretaría del Bienestar fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR), por diversos delitos cometidos en los últimos tres años, por corrupción, abuso de autoridad, desvío de recursos, discriminación y complicidad, entro otros delitos.
Incluso, la copia de la respectiva querella fue entregada en diversas dependencias federales, con tal de exhibir las irregularidades cometidas a partir de diciembre de 2018.
La lista de los presuntos delincuentes es encabezada por el delegado, Joaquín Jesús Díaz Mena, así como su personal de confianza, Francisco Antonio Argáez Cruz, Edgardo Medina, Abelardo Aarón Carballo Navarrete, Omar Pérez, Any Dianely López Esquivel y Burgos Cano Sisely.
El 10 de noviembre de 2021 se interpuso la respectiva denuncia ante la FGR, en contra de los servidores públicos, con diversos cargos por diversos delitos.
Posteriormente, la copia de la denuncia interpuesta fue distribuida el 2 de diciembre de 2021 por parte del secretario general del Comité Directivo Estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Elonaí Contreras Soto, quien entregó la documentación correspondiente a los titulares de seis dependencias federales.
A poco menos de cuatro meses de la denuncia y entrega del respectivo documento, hasta el momento no hay una versión oficial por parte de la Secretaría del Bienestar, mucho menos de Díaz Mena.
Los delitos son “Discriminación en razón de origen social, condición social, condición económica y opiniones políticas”, “asociación delictuosa”, “delitos por hechos de corrupción”, “abuso de autoridad”, “uso ilícito de atribuciones y facultades”, así como por “recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos que se encontraban y/o se encuentran bajo su mando de manera directa o indirecta”.
La lista de faltas sigue por “concusión”, “intimidación”, “ejercicio abusivo de funciones”, y los que resulten, durante las diligencias, investigaciones e indagatorias que realice la FGR.
El representante de Morena en Yucatán entregó a los titulares de las dependencias una lista de funcionarios públicos y empleados de la delegación que pueden declarar como testigos de las anomalías cometidas por Díaz Mena y su equipo.
El documento fue entregado al secretario del Bienestar, Javier May Rodríguez, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez.
Asimismo, al secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, y el titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo.
De igual forma, los secretarios del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, así como el de Hacienda y Crédito Público (SHCR), Rogelio Ramírez de la O.
LARGA LISTA
En 2021, durante varias conferencias de prensa, fueron numerosas las denuncias presentadas en contra de Díaz Mena, emitidas hasta por los propios dirigentes de Morena, cuyos casos ya fueron expuestos en la Ciudad de México.
El dirigente estatal del partido, Mario Mex Albornoz, denunció la anomalía que prevalece en la Secretaría del Bienestar, pero se negó a proporcionar detalles sobre las irregularidades cometidas por el “súper delegado”.
Actualmente, a Díaz Mena, junto con otros 23 delegados de Programas para el Desarrollo, se le acusa de hacer campaña a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador con el reparto de programas sociales, además de presuntos actos de nepotismo, abuso de autoridad, mal ejercicio de recursos públicos y hasta abuso sexual, delitos que son investigados por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Según el Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Bienestar, las indagatorias en curso derivan de denuncias presentadas en 2019 y 2020, pero en el último año, fueron dos las denuncias correspondientes.
En noviembre de 2020, se dio a conocer que Díaz Mena ya tenía una segunda denuncia en su contra, por diversas irregularidades cometidas a lo largo de dos años.
Con base al expediente SER-PSC-71/2020, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) concluyó que 14 “súper delegados”, entre los que estaba Díaz Mena, violaron el artículo 134 constitucional por hacer campaña a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador con el reparto de programas sociales.
En Yucatán, el Comité Estatal del partido Morena también se vio envuelto en un escándalo sexual luego de que M.S.M.P., una joven servidora, denunciara a su coordinador Luis Felipe Conrado Och, quien también es secretario de Organización de tal militancia, de haberla violado en una casa de Tizimín a donde la llevó mediante engaños.
Ahora, entre las principales acusaciones a Huacho Díaz y a los otros delegados federales están el hacer uso corrupto y con afán de autopromoción de los programas federales a personas mayores, becas escolares, los apoyos a mujeres y a personas discapacitadas.
Por ende, en Yucatán se ha pedido que se investigue al partido Morena pues se le acusa de utilizar las entregas de apoyos para crear redes de coacción del voto y de que gente del partido, a cargo de Mario Mex Albornoz, ofrece y condiciona la entrega de apoyos y becas.
Asimismo, Mario Mex fue acusado por los propios militantes de corrupción y de no entregar cuentas claras de más de 24 millones de pesos que ha recibido durante su gestión.
Incluso, en numerosas ocasiones, Mex Albornoz ha quedado en ridículo en las conferencias de prensa que ha presidido, al pretender defender lo indefendible.
En la primera andanada de acusaciones, López Obrador calificó “esos actos de corrupción” de los delegados y del partido como “politiquería, por utilizar los programas sociales en su provecho personal”.
CASOS IRREFUTABLES
“Huacho” Díaz solapa las irregularidades cometidas por su personal de confianza, por lo que son varias las denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
Ejemplo de ello es el caso de María Guadalupe Palma Escalante, vecina de Umán, quien levantó una querella en contra de Ángel Martín Magaña Albornoz.
La afectada denunció el usó indebidamente de su nombre para registrarla en el programa “Jóvenes Construyendo el futuro”, sin que ella tenga derecho por ser una mujer casada.
Numerosas son las críticas de beneficiarios de los programas federales, por no recibir las tarjetas o el dinero incompleto de las becas de los programas federales de Bienestar, cuya operación, control y vigilancia en Yucatán están a cargo de Díaz Mena.
La FGE abrió la carpeta de investigación No. UNATD-GI/002783/2020 en contra de Magaña Albornoz, por hechos que presuponen actos de corrupción e indebida utilización para beneficio propio de recursos del programa federal “Jóvenes construyendo el futuro”.
La mujer lo acusa de haberla inscrito en dicho programa, sin que le entregara la tarjeta bancaria, pero el dinero sí se cobra, pero ella no lo recibe.
Irónicamente, Magaña Albornoz es un cómico de 23 años de edad, quien fuera rey feo del Carnaval de Umán en 2016 y que en 2012 recibió una beca del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).
Asimismo, aparece como secretario del Trabajo del Sindicato de Actores y Trabajadores del Entretenimiento de Yucatán (Satey), que está agremiado a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), un organismo sindical ligado al partido Morena.
Luego de dar a conocer la anomalía, dicha asociación, en comunicado de prensa, dijo que ya dieron de baja al acusado, por incurrir en tales ilegalidades.
El segundo caso es en contra de la subdelegada en Mérida de Programas Integrales de Desarrollo del gobierno federal, Lyndia Quiroz Zavala, quien está involucrada en tráfico de influencias y un presunto desvío de recursos, para lo cual ha responsabilizado a “servidores de la nación”, específicamente al personal que bajo su autorización firmaron documentos de entrega de dinero a individuos no inscritas en el Programa de Bienestar.
La expresidenta del Comité Municipal del partido Morena en la capital yucateca se pretende deslindar del supuesto fraude cometido, al interponer denuncias penales ante el Ministerio Público Federal, junto el súper – delegado, Joaquín Díaz Mena, contra quien resulte responsable del desvío de recursos.
Por el momento, hay 25 trabajadores del Programa del Bienestar que ya fueron citados como aparentes responsables del fraude cometido, quienes establecieron que el dinero fue entregado a personas que no estaban en la respectiva lista.
A pesar que se les notificó que no se les podía entregar el respectivo apoyo, Quiroz Zavala autorizó el pago y a cada trabajador les pidió que firmara un documento en el cual entregaban el dinero a la persona no enlistada.
Los afectados establecieron que Díaz Mena convocó a todo el personal y advirtió que se cometió un fraude, y posteriormente, varios de ellos fueron citados ante el Ministerio Público Federal en calidad de testigos, pero posteriormente tuvieron que acudir sólo en calidad de indiciados, por el fraude cometido en 2019.
Lo peor de todo, a pesar que Telecomunicaciones de México (Telecomm) y la Secretaría del Bienestar han manifestado que ya no presentará cargos contra los presuntos responsables, Quiroz Zavala quiere que ellos “devuelvan el dinero”.
Primeramente, se les pidió 15 mil pesos a cada uno de ellos, como demostraron que no tenían recursos para pagar tal cantidad, disminuyó a ocho mil, y ahora el monto que se les exige es de tres mil pesos.
Cabe destacar que Quiroz Zavala está acusada de nepotismo, ya que su esposo, José Luis Solís, así como el hermano de ésta, Diego, trabajan para la Secretaría del Bienestar, sólo que en la subdelegación en Valladolid.
Desde 2019, son numerosas las denuncias públicas emitidas por diversos grupos de “servidores de la nación” en Mérida, ya que en la dependencia prevalecen los malos tratos, privilegios para un grupo y hostigamiento a quienes estén identificados, aunque sea simple especulación, por tener un vínculo con otro partido político que no sea Morena.
Asimismo, se le responsabilizó directamente de los malos tratos y del desorden administrativo que prevalece.
Finalmente, cabe destacar que Díaz Mena pretende mejorar su deplorada imagen, y debido a que los comunicadores optan por ignorarlo, constantemente envía boletines de prensa, aprovechando los programas federales, en especial, el envío de las vacunas contra el Covid-19.
Asimismo, frecuentemente usa las redes sociales para presentar los resultados de su labor cotidiana en diversas colonias y fraccionamientos de Mérida, así como en distintos municipios del interior del Estado.
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