DESVÍO DE RECURSOS EN SAF

 

Mérida.- El plan de austeridad fracasó a partir 2019, debido a los actos de corrupción establecidos por la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), con el derroche de recursos para el pago de renta de equipos, artículos y vehículos, entre otros productos y servicios.

Además del acostumbrado diezmo, fue notable el desvío de recursos, así como a determinadas empresas, con las cuales se llegó a acuerdos previos de corrupción.

Ejemplo de ello fue el arrendamiento de equipo y artículos de cómputo, para satisfacer la demanda de diversas dependencias estatales, tal como se constató en el documento en poder del Sol Yucatán.

De acuerdo con el dictamen de la licitación pública número SAF-SA-Arrendamiento de equipo y artículos de cómputo-01-2019, en todo momento se benefició a la empresa Comercializadora Tecnológica Diversus, Sociedad Anónima de Capital Variable, propiedad de Jonny Francisco Cabrera Álvarez.

A pesar de que se habían registrado otras empresas, sólo se presentó esta compañía, lo que deja en claro el favoritismo

Tras la aprobación de su proyecto, se le asignó un techo financiero por tres millones 189 mil 224.61 pesos.

“Se acepta la propuesta presentada por el licitante para la partida única, pasa a etapa de revisión cualitativa”, de acuerdo con el documento del 2 de septiembre de 2019, y tres días después, también aprobó la segunda etapa.

Por ende, fue evidente la violación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de Yucatán.

La empresa rentó monitores, nobreaks, CPUs, equipos de terminal, computadoras portátiles, impresoras, escaners, proyectores, almacenamientos, servidores, y teléfonos digitales, principalmente.

El acta fue firmada por representantes de diversas dependencias gubernamentales, las cuales solicitaron equipo electrónico.

Anomalía similar protagonizó el titular del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay), Felipe Alberto Canul Moguel, promotor de la corrupción, el desvío de recurso, el nepotismo, el amiguismo y al favoritismo.

En tan solo un año, a la empresa Electromax, Sociedad Anónima de Capital Variable, propiedad de Efraín de Jesús Zetina Fleites, el Incay se le adjudicó de manera directa, un total de 64 contratos, de los cuales, Sol Yucatán tiene una copia.

Por ende, la empresa se embolsó un millón 492 mil 503.57 pesos, pues se descubrió que “la empresa está capacitada para hacerla de todo”.

La empresa ofrece la renta de computadoras portátiles e impresoras, así como la venta de tóner y material de papelería, además que da mantenimiento de aire acondicionado, instalación de cámaras, refacciones de computadoras y venta de equipos GPS.

Por ejemplo, según el contrato GE-INCAY-AM-AD-JUR-003.2021, en plena contingencia por la pandemia de Covid-19, cuando se supone que las oficinas de gobierno estaban cerradas, se rentaron 16 multifuncionales marca Xerox Workcentre modelo b405dn, durante el período de enero a diciembre 2020, “para el uso del personal del instituto”.

Otro de los casos polémicos es el costo de las adquisiciones, por ejemplo, el 20 de abril de 2020 se compraron suministros de toners para “su uso durante la supervisión de la obra, específicamente la construcción de paso superior vehicular Avenida 70 kilómetro 1.1 de la carretera Mérida—Tetiz, en Ciudad Caucel.

Por el mismo precio, el 1 de octubre de 2020 se pagó la renta de tres laptops Lenovo thinkpad x1 carbón gen 6 14 full hd intel core i7-8350u 1.70 ghz, 16 gb, 256 gb ssd, Windows 10 Pro 64-bit. El equipo de cómputo se utilizó para la segunda etapa de las calles en el interior del Anillo Periférico de Mérida, según el contrato OS-243901-10-2020.

Sin alguna explicación técnica sobre el incremento de precio por cambio de año, Electromax le rentó siete laptops Lenovo al Incay para el período del 2 de marzo al 30 de julio del 2020, con un costo por 155 mil 717.24 pesos.

Dicha cifra es de casi 10 pesos diarios más en comparación con las rentadas en octubre del mismo año.

El contrato INCAY-COM-SER-AD-003-A-2020 explica que las computadoras personales fueron usadas durante la construcción del paso superior vehicular Avenida 70 – km 1.1 de la carretera Mérida-Tetiz, en Ciudad Caucel.

Sol Yucatán también descubrió la compra de la empresa de Efraín de Jesús, el 20 de abril de 2020, se compraron suministros de toners para su uso en la misma obra carretera de Ciudad Caucel, a la empresa de Zetina Fleites, y en la cual no hubo un contrato, pues solo se entregó ticket de compra, con folio 617, con un costó 26 mil 116.82 pesos.

Sin algún documento que acredite su capacidad técnica, el 29 de mayo del mismo año, el Incay pagó cinco mil 8.57 pesos para una pieza de aire acondicionado minisplit de 12 mil BTUS.

Un mes después, el 24 de junio, Eletromax demostró que no tenían impedimento técnico alguno para tener contratos con el gobierno del Estado.

Para el colmo, sin contrato asignado, otra vez, se compró “no breaks para los IDFS” de dicho instituto. Y en las condiciones, el INCAY le advierte a la empresa “requiero que sean marca CDP: Modelo R-UPR-758”.

Lo anterior, según el ticket en poder de Sol Yucatán, el costo fue de cinco mil 449.68 pesos.

Contratos amañados

 La titular de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), Olga Rosas Moya, se convierte en la maestra de la corrupción , pues a partir de la segunda semana de gestión firmó 30 contratos para beneficiar a militantes del Partido Acción Nacional (PAN), gastando hasta el momento poco más de 10 millones de pesos.

Apenas habían transcurrido los primeros 10 días al frente de la dependencia cuando abrió la cartera de la SAF para que decenas de asesores particulares, entre ellos servidores públicos e integrantes de otros partidos políticos, ofrecieran sus servicios a costa del dinero obtenido de los impuestos.

Incluso, los caprichos de la funcionaria le han costado caro a los yucatecos, pues al pretender ampliar las oficinas derribó las paredes de la expenitenciaría Juárez, por lo que la obra fue clausurada y obligada a pagar la reparación de lo dañado, así como una multa, por un monto superior a los 700 mil pesos, dinero que salió de los impuestos de los yucatecos.

Rosas Moya firmó 30 contratos, todos por adjudicación directa, con un selecto grupo de asesores y consultores, quienes se embolsaron 10 millones 54 mil 740.7 pesos en los poco más de dos años de gestión de la actual administración.

Entre los más descarados actos de corrupción está el registrado con el exalcalde panista Xavier Antonio Abreu Sierra.

El 27 de noviembre de 2018, poco antes de cumplir dos meses en el cargo, Rosas Moya firmó un contrato con Abreu Sierra por 106 mil pesos, en recompensa por participar en actividades proselitistas en favor del PAN.

Cabe recordar que el 9 de marzo de 2020, Abreu Sierra fue separado de su cargo como delegado de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y, como parte de la estrategia del PAN, se incorporó al equipo de trabajo del «superdelegado» Joaquín Díaz Mena, pero fue expulsado por los propios empleados de la dependencia federal.

Ante un evidente conflicto de intereses, Abreu Sierra cobró dicho salario para generar propuestas y recomendaciones en los procesos de planeación, asesoría en la implementación de políticas públicas.

Servicios de consultoría.

Antes de concluir 2018, la SAF consideró que era necesario sumar otros servicios privados de consultoría. Aunque el contrato 001260-55-2018-OS se firmó hasta el 6 de diciembre, la razón social cobró por la consultoría administrativa en general, que comprendió las áreas de financiera, organizacional y recursos humanos.

Específicamente, la labor fue la revisión de cuentas por pagar de la dirección de egresos durante octubre y noviembre de 2018.

Ese mismo día, bajo la justificación de que aún estaban en las primeras semanas de la nueva administración, al Corporativo Administrativo y Operativo del Sur (CAOS), Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, se le asignó 211 mil 125 pesos del presupuesto, que se ocuparon para la asesoría durante el proceso de entrega recepción a la SAF.

CAOS es una empresa que ha crecido y desarrollado en el mercando prestando servicios a personas físicas o morales sobre toda clase de consultorías y asesorías, así como realizar estudios en materia económica, administrativa, financiera, técnica, industrial, contable y legal. Servicios profesionales en las áreas de derecho fiscal, mercantil, laboral, civil, penal, corporativo, migratorio, seguridad social, mediante defensas directas ante todo tipo de autoridades. Servicios de capacitación de personal, realización de actos jurídicos y contratos que se requieran para dicho fin.

De acuerdo con efirma.com, CAOS «no se encuentra afiliada, asociada, ni actúa en representación de la organización listada en este directorio. La información contenida en este directorio proviene de fuentes de acceso público y de datos que comparten de manera voluntaria las organizaciones listadas».

Posteriormente, el 1 de enero de 2019, la dependencia contrató a la empresa Estratégica Corporativa en Finanzas, Sociedad Anónima Promotora de Inversión (SAPI) de CV, para brindar los servicios de asesoría y consultoría.

De manera revuelta, se detalló que los servicios eran respecto a la «transformación y percepción de la administración pública, específicamente desde la perspectiva local-estatal, aunado a la formulación de estudios de investigación social aplicado en general, espacialmente en lo que respecta a esquemas de reforma y reorganización de los procesos administrativos del sector público».

Para dicho servicio, la empresa, con dirección en Bosques Ciruelos número 278, de la exclusiva colonia Bosques de las Lomas, Ciudad de México, cobró 690 mil pesos.

Tal empresa está enfocada a realizar inversiones y proyectos financieros, incluyendo el financiamiento de varios parques de energía solar en el Estado.

Larga lista

El mismo día, Cervera Soto y Asoc. SCP, afianzó un contrato de 974 mil 400 pesos para la asesoría asociada al análisis de los controles internos para detectar las deficiencias y elaborar nuevos mecanismos de control o perfeccionar los que actualmente se tienen, asesoramientos en temas contables legales, administrativos para lograr la eficiencia en el manejo de los recursos y de las operaciones internas de la secretaría.

El 2 de marzo 2019, Asesoría Integral HC del Sureste SCP vendió los servicios referentes a la supervisión y manejo adecuado de fondos fijos de la Subsecretaria de Administración y Recursos Humanos de la SAF del Gobierno de Yucatán, en 542 mil 880 pesos.

Ambos contratos no fueron asignados con número de contrato, pero todos salieron firmados por Rubén de Jesús Arjona Ortiz, Director General de administración de la SAF.

Cabe destacar que efirma.com desconoce toda acción de tal iniciativa privada, pues no tiene vínculos con los asociados