MAS IMPUESTOS DE ÓRDENES DEL GOBERNADOR APROBADAS POR LOS PANUCHOS EN EL CONGRESO.

La oposición en el Congreso del Estado fue avasallada por la mayoría panista y aprobó en el pleno el paquete fiscal 2022 del gobierno de Mauricio Vila Dosal, que contempla una ola de impuestos para el 2022 y el reemplacamiento.

El PAN tiene 14 diputados, Morena 4, PRI 3, Partido Ecologista, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y PRD a un legislador, por lo que su aprobación en el pleno fue puro trámite

La oposición votó en contra por considerarlas perjudiciales para la economía de las familias de Yucatán al incluir más impuestos y  más cobros de derechos por servicios a través de sus dependencias y entidades.

La aplanadora blanquiazul en la Legislatura local ahora no dice nada, ni clama por democracia. Los panistas como cualquier otra mayoría, votan y aplastan sin pensar en los daños directos y colaterales contra muchos de los contribuyentes cautivos que pagarán el diluvio de carga fiscal.

El paquete fiscal enviado por Mauricio Vila Dosal representa un durísimo golpe económico para varios sectores de Yucatán que todavía enfrenta los efectos del coronavirus que enterró a la economía local, pero que a los panistas les vale gorro, porque como necesitan dinero para cumplir sus compromisos políticos, Vila Dosal tiene manos libres para hacer y deshacer gastando y endeudando a Yucatán.

La morenista Jazmín Villanueva Moo se quejó de que no se consideró eliminar el cobro del reemplacamiento vehicular y lamentó que no se cambió ninguna coma a la propuesta “para quedar bien con el autor de la iniciativa”. Además, criticó la mayoría avasalladora del PAN “que no escucha y que sólo obedece”.

Quien también se pronunció en contra de la Ley de Hacienda fue el perredista Eduardo Sobrino Sierra, quien dijo que no se debió contemplar el reemplacamiento para el próximo año, ya que se pretende recabar 372 millones de pesos, es decir, una cifra que no es sustancial para el Gobierno, pero que sí contribuirá en dañar a la economía yucateca.

Sobre este mismo tema, la legisladora del PRI, Karla Franco Blanco, recordó que su bancada propuso posponer el reemplacamiento, pensando en apoyar la ya lastimada economía de los ciudadanos por los efectos de la pandemia, pero no fue tomado en cuenta. 

*REACCIONES*

Con respecto al presupuesto de Egresos, no se le está dando prioridad a la salud mental, pues no queda claro lo que se asignará al Instituto de Salud Mental y a las Villas de Transición Hospitalaria, la cual está en el abandono como un elefante blanco. Además en el Paquete no se consideró recuperar la reducción de los recursos al combate de la violencia contra las mujeres que se aplicó en 2020.

Y sobre las reformas relacionadas en materia de avalúos de bienes inmuebles, el coordinador de la fracción del PRI, Gaspar Quintal Parra, señaló que se encuentran fuera de toda lógica jurídica, sensibilidad y análisis del contexto de recuperación de la pandemia del Covid-19 y de la urgente necesidad de fomentar el desarrollo económico.

Por ejemplo, señaló que hay aspectos que limitan el libre ejercicio de la profesión de valuador, generando especulación, discriminación y estereotipos en este sector. Además, hay riesgo de manipulación y de control que atente contra la libertad de ejercicio de su profesión, ya que serán sometidos a una autoridad estatal, la cual tendrá facultades fiscalizadoras y de decisión respecto a su labor

El paquete fiscal de Yucatán para 2022 tiene nuevos impuestos, incongruencia en las asignaciones presupuestales entre los poderes y entes autónomos, y un sobregiro en las finanzas públicas de 1,500 millones de pesos.

Trascendió que no existe congruencia en las asignaciones presupuestales entre los poderes y entes autónomos, a la gran mayoría de ellos se le asignan presupuestos idénticos al del ejercicio anterior, sin incluir recursos para su aumento salarial.

El caso de excepción es el Instituto Electoral y Participación Ciudadana, donde aumentará su plantilla laboral en un 65%.

El sobregiro en las finanzas públicas se está cubriendo con préstamos a corto plazo, los cuales, subrayan los opositores, no se terminará de pagar en 2022 y se trasladará a 2023, contraviniendo la Ley de Disciplina Financiera. Más deudas para Yucatán al estilo Ivonne Ortega Pacheco.

También los diputados opositores insisten en que existen diversos errores y contradicciones en los anexos del presupuesto.

Por ejemplo, pusieron como referencia cifras de gasto programable distintas y por otro lado reportan deuda a largo plazo por $74 mil millones.

Diputados opositores propusieron efectuar una reasignación de recursos para los poderes y entes autónomos con el fin de asignarles un presupuesto que les permita realizar sus actividades y hacer frente a sus compromisos laborales, así como destinar recursos suficientes para amortizar el próximo año la deuda a corto plazo contratada, pero los panistas ni caso les hicieron.

También solicitan una revisión exhaustiva de los anexos del presupuesto a fin de corregir los errores que contiene, como en el artículo 13 fracción XVIII.

Con respecto al Impuesto a la Emisión de Gases a la Atmósfera y el Impuesto a la Emisión de Contaminantes al Suelo, Subsuelo y Agua, propusieron establecer un fideicomiso integrado por perfiles científicos, técnicos, iniciativa privada y la Secretaría de Administración y Finanzas, para que de manera colegiada se determine y controle el destino de los recursos recaudados. Cosa que se duda que acepten, dada la voracidad blanquiazul que padece Vila Dosal.

Durante la sesión de la Comisión Permanente de Presupuesto de Patrimonio Estatal y Municipal, la diputada Fabiola Loeza Novelo aseguró que las nuevas cargas fiscales atentan contra la economía de las familias que ya cumplen con sus impuestos, y no se amplía la base tributaria con el objetivo de que quienes no cumplen paguen sus obligaciones. 

La iniciativa presentada por el Ejecutivo Estatal comprende nuevas obligaciones como: Impuesto a la Emisión de Gases a la Atmósfera, Impuesto a la Emisión de Contaminantes al Suelo, Subsuelo y Agua; así como la actualización del impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal. 

Así mismo, incluye el cobro de derechos por servicios que presta la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) a escuelas de manejo, a laboratorios clínicos encargados de la aplicación de exámenes toxicológicos para aspirantes a instructores o instructores autorizados de escuelas de manejo, y un nuevo derecho para empresas de seguridad privada. 

También incorpora el pago de derechos por rubros relacionados con los servicios que presta la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, por los servicios que presta la Dirección del Archivo Notarial del Estado, por los Servicios que presta la Dirección del Catastro, por servicios que presta la Secretaria de Educación, por acceso a la información, por los servicios que presta el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, entre otros.

Además, se pretende que el reemplacamiento sea oneroso para los ciudadanos, cobrar derechos al transporte público y a quienes generan ingresos al dar servicio de transporte por medio de plataformas electrónicas, y se está coartando el derecho de ejercer la profesión a los corredores públicos, peritos valuadores y demás profesionistas relacionados, al condicionarles el registro a la aprobación de la evaluación  de la autoridad para poder ejercer sus actividades profesionales de las cuales ya ostentan un título o licencia.

Con respecto al presupuesto de Egresos, no se le está dando prioridad a la salud mental, pues no queda claro lo que se asignará al Instituto de Salud Mental y a las Villas de Transición Hospitalaria, la cual está en el abandono como un elefante blanco. Además en el Paquete no se consideró recuperar la reducción de los recursos al combate de la violencia contra las mujeres que se aplicó en 2020.

Y sobre las reformas relacionadas en materia de avalúos de bienes inmuebles, el coordinador de la fracción del PRI, Gaspar Quintal Parra, señaló que se encuentran fuera de toda lógica jurídica, sensibilidad y análisis del contexto de recuperación de la pandemia del Covid-19 y de la urgente necesidad de fomentar el desarrollo económico.

Por ejemplo, señaló que hay aspectos que limitan el libre ejercicio de la profesión de valuador, generando especulación, discriminación y estereotipos en este sector. Además, hay riesgo de manipulación y de control que atente contra la libertad de ejercicio de su profesión, ya que serán sometidos a una autoridad estatal, la cual tendrá facultades fiscalizadoras y de decisión respecto a su labor.