*AGUINALDOS DE ENSUEÑO*

 

Mérida.- Tan sólo en esta ocasión, el presidente del Poder Judicial del Estado, Ricardo Ávila Heredia, obtuvo poco más de 200 mil pesos de aguinaldo, lo que equivale a cuatro años de trabajo de un empleado a quien le pagan el salario mínimo.

El sueldo anual base de Avila Heredia es de un millón 866 mil pesos, pero sumados a otras prestaciones rebasan los dos millones de pesos.

En total, en éste último mes del año, al magistrado se le pagó 458 mil 704 pesos, del cual 155 mil 503 corresponde a su sueldo base y tres mil 24 por concepto de despensa.

Por las percepciones anuales, tan sólo por aguinaldo fue de 207 mil 337 mil pesos; 51 mil 834 por prima vacacional; 25 mil 917 por “Ajuste calendario”, y por otras prestaciones fue por 15 mil 88 pesos.

En este año, el Salario Mínimo Nacional fue de 141.7 pesos diario, por lo que mensualmente, el trabajador percibe cuatro mil 251 y el aguinaldo fue de 15 días, es decir, dos mil 125.5 pesos.

Por ende, es enorme la diferencia entre un empleado y los privilegiados del Poder Judicial, al igual que en comparación con los diputados locales, y más aún con los legisladores federales, ya sean diputados o senadores.

De acuerdo con el Tabulador de Sueldos y Salarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el aguinaldo de los magistrados fue de 177 mil 913 pesos y su sueldo base mensual es de 133 mil 435 pesos.

Tanto el director de Administración como el titular de la Secretaría General de Acuerdos percibieron un aguinaldo por 106 mil 33 pesos, respectivamente, pues tienen un sueldo base de 79 mil 524 pesos.

El resto del personal, obtuvo un aguinaldo inferior a 65 mil pesos y el más bajo que se otorgó fue de 10 mil 61 pesos, para trabajadores del área de jardinería, intendencia de limpieza y encargado de fotocopiadora.

Cabe destacar que los magistrados como los legisladores fueron los menos afectados por el impacto socioeconómico del Covid-19, pues nunca perdieron su empleo, ni siquiera se preocuparon de ello, y cada quincena recibían su respectivo sueldo, íntegro, pues en 2020 y parte de 2021, numerosas empresas descontaron a sus trabajadores parte de lo que percibían, bajo el pretexto para evitar el cierre del centro laboral.

Incluso, los magistrados son los que gozan de más días de vacaciones, entre otros beneficios que se adjudican.

El pasado miércoles 1, en la sede del Poder Judicial, los trabajadores realizaron una protesta de brazos caídos, ante las numerosas arbitrariedades que ahí prevalecen.

Pese a la “amenaza” de que les descontarían el día, cerca de 30 integrantes del Sindicato Único de Trabajadores Profesionistas, Administrativo y Manual suspendieron labores como parte de la manifestación, en la que demandaron un aumento salarial en 2022.

Irónicamente, los encargados de hacer respetar la Ley pretendieron pisotear la normatividad, al pretender chantajear a los 30 trabajadores inconformes.

A pesar del paro de labores, no suspendió las actividades diarias de las diferentes oficinas del edificio, porque no todos acataron el llamado sindical, aunque sí fueron más tardadas.

Aun así, ese día fue baja la demanda de los servicios, ni diligencias en los juzgados familiar y mercantil que funcionan en el edificio, además que toda persona o litigante que llega pasa sin problemas para realizar sus trámites, por lo que no hubo una gran afectación.

Posteriormente, el miércoles 8 se realizó un segundo paro de brazos caídos, y se registró un incidente en el edificio del Juzgado Civil y Mercantil, ubicado en la calle 35 entre 62 y 64 del Centro Histórico de Mérida.

Los trabajadores el acceso al inmueble, donde también funciona el Fondo Auxiliar de Pensiones, la Defensoría Legal y la Oficialía de Partes, pero los manifestantes pretendieron ingresar a la fuerza, al intentar romper las rejas de seguridad, al grado de doblar la estructura metálica.

Ese día, el secretario general del sindicato, Renán Puc Chi, se reunió con los diputados Jesús Pérez Ballote, Víctor Hugo Lozano Poveda, Carmen González Martín, Harry Rodríguez Botello, Eduardo Sobrino Sierra y Crescencio Gutiérrez González, integrantes de la comisión de Presupuesto del Congreso del Estado.

Al igual sostuvo un encuentro con el presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Judicatura, Ávila Heredia, quien les informó que tiene intenciones de ayudarlos.

Cabe abundar que el presupuesto que fue aprobado al PJE aumentó en tres por ciento, lo que representa 22 millones, del cual, 10 millones de pesos servirán para la instauración de la justicia laboral, principalmente para la creación de juzgados laborales, y el resto, 12 millones, son de libre disposición, por lo que en éste último rubro puede salir para el aumento salarial solicitado.

Hasta el momento, no hay una postura oficial del PJE sobre la problemática y el avance de las negociaciones, además que todavía prevalece el conflicto de la encargada de la jefatura de la Unidad de Incomunicación Social, María Fernanda Matus Martínez, con diversos medios de comunicación.

Debido a sus diversos complejos personales ha tenido diversos conflictos con comunicadores, principalmente, reporteros y fotógrafos, a quienes bloqueó y dejó de enviar boletines de prensa así como invitaciones.

Incluso, cuando hay publicaciones que afecta la imagen del PJ, manda a su personal para averiguar quién la escribió y quien proporcionó la respectiva información.

Durante la administración de Marcos Celis Quintal, era común observarla en todos los eventos que presidía, pero con Ávila Heredia, son pocas las actividades a las cuales acude, bajo el pretexto del Covid-19.

Es decir, el PJE carece de un vocero eficiente, que realmente cumpla con la labor de comunicación social y de interrelación con reporteros, corresponsales, fotógrafos, camarógrafos y jefes de informacion